El viernes pasado, el presidente Luis Lacalle Pou dejó sin efecto medidas contra el tabaquismo adoptadas por su antecesor Tabaré Vázquez, en cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud y también yendo más allá de este.
El actual gobierno nacional ha desandado caminos recorridos por los tres del Frente Amplio, y en muchos casos es claro que esto no se debe a la proclamada voluntad de corregir errores e ineficiencias, sino a un enfoque ideológico distinto, y en particular a la voluntad de aumentar el lucro en el sector privado. La cuestión es que lo bueno para los empresarios a menudo es malo para sus empleados, para los consumidores, para el ambiente, para la prevención de la evasión fiscal y el lavado de activos o –como en este caso– para la salud pública.
La intención declarada del decreto de Lacalle Pou es que las tabacaleras puedan “competir más efectivamente” con la venta ilegal, pero la gente no compra cigarrillos de contrabando o falsificados porque vengan en envases blandos o más atractivos. Lo hace porque son más baratos, sobre todo cuando –como ha sucedido desde 2020– la capacidad de compra de salarios y jubilaciones disminuye.
No hace falta tener un doctorado en Economía para ver esto, y hay que tener presente, además, que el consumo de tabaco es mayor en personas de nivel socioeconómico bajo, que son las más afectadas por la caída del salario real.
La carga fiscal sobre los productos de las tabacaleras es alta en muchos países para desalentar su consumo, de acuerdo con lo que establece el CMCT, y esto vuelve más atractivo contrabandear cigarrillos. Hay una gran diferencia entre el costo de producirlos y el precio de venta legal, de modo que los contrabandistas pueden ofrecerlos más baratos y aun así ganar mucho dinero (dicho sea de paso, algo semejante sucede con los combustibles, encarecidos en gran medida por los impuestos).
Quienes redactaron el CMCT eran conscientes de que encarecer los productos de las tabacaleras mediante medidas tributarias iba a tener esa consecuencia. Por eso el convenio considera indispensable “la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación”, e incluye varias disposiciones en esta materia. Por supuesto, a nadie se le ocurrió que hubiera que ayudar a las empresas a competir mejor con los contrabandistas.
En definitiva, la rehabilitación del envase blando y con variantes estéticas no va a determinar que quienes fuman y tienen poco dinero regresen al mercado formal. Las tabacaleras deseaban estos cambios para mejorar sus ventas a personas que pueden pagar el precio legal. O sea, para que aumente el número de fumadores y para que quienes ya lo son compren más cigarrillos.
Ayer una periodista consultó sobre el decreto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la lamentable reacción de este fue decirle que la habían mandado. Con el mismo criterio, se podría pensar que el cambio de las normas fue un mandado.