La llamada “era progresista” en América Latina hizo surgir (y reforzó en algunos casos) a movimientos sociales que llegaron a gravitar profundamente en procesos de cambio en sus países. Desde las irrupciones indigenistas en Ecuador y Bolivia y algo en Perú, pasando por las corrientes estudiantiles y otros sectores sociales en Chile, hasta las fuertes demandas feministas y de otros movimientos, las organizaciones sociales de distinto tipo pidieron cancha para participar en los escenarios políticos de sus países. Esos movimientos llegaron a cuestionar, y hasta a disputar, la primacía de partidos, o alianzas de partidos, que tradicionalmente hegemonizaron la representatividad del “pueblo” o de la ciudadanía.
Tal fenómeno puede tener mucha profundidad, pero corto alcance. Tomo un ejemplo, el de Chile. En este país, hace un par de años, la acción de estudiantes indignados por la inequidad de sus sistemas de enseñanza irrumpió con una fuerza inusitada. Por momentos, adquirió visos de rebelión, que parecía ir más allá de una circunstancial expresión de ira sectorial. La chispa produjo más fuegos hasta llegar, en un lapso relativamente corto, a un cuestionamiento del régimen de democracia representativa y a la demanda de un cambio constitucional que pusiera patas arriba al sistema imperante. Los sectores radicales pasaron a integrar (por menguada votación popular) una Asamblea Constituyente que festejó, con bombos y platillos, la presencia de sectores radicales que formaban una densa mayoría en las decisiones.
Se comían los niños crudos. En una de las comisiones hasta se propuso la socialización de los medios de producción, la división de la tierra y no recuerdo cuántas propuestas más que, honestamente, sonaban ilusorias y hasta delirantes para el momento. Pero la reforma no tuvo andamiento: no había prendido en la mayoría del pueblo. “Por querer todo, nos quedamos sin nada”, se oyó decir a algún protagonista, algo más autocrítico que otros, que se despacharon con diatribas contra ese pueblo que no les siguió el ritmo. Es que no se trata, como decía León Felipe, de llegar solo y primero, sino con todos y a tiempo.
O sea que lo de Chile nos sirve por dos ejemplos: primero, el de saber que hay en la sociedad movimientos que quieren cambiar las cosas, y segundo, el de cómo y qué no hay que hacer para cambiar las cosas.
En Uruguay, la presencia en nuestro escenario político de la central sindical PIT-CNT tiene una explicación lógica en un país donde los sindicatos y gremios toman decisiones generalmente relacionadas con medidas de gobierno que afectan a sus intereses. En un país con un Estado voluminoso, que emplea a miles de trabajadores y ofrece servicios en todas las áreas a la población, las decisiones políticas siempre serán sometidas al escrutinio de sectores afectados, directa o indirectamente. Participar en los asuntos de gobierno no es novedoso en la historia del movimiento sindical y de otras organizaciones sociales. Hay ejemplos que todos recordamos, que tuvieron resultados variados, negativos unos, positivos otros.
Ahora bien: ¿está mal esto? No. Nadie niega el derecho a las organizaciones sociales de participar en las decisiones políticas gubernamentales que afecten a sus afiliados. Esa participación está estimulada por la propia Constitución, que administra mecanismos con los que se deposita la potestad de gobernar en el cuerpo electoral. Es lo que denominamos “mecanismos de democracia directa”, y este es un caso. No hay, pues, ningún tipo de reproche jurídico, ni moral, ni ético, ni tampoco reclamos por asumir papeles que no corresponden, en estos casos de propuestas puntuales de participación en medidas de gobierno. Cuando el pueblo gobierna, el representante desaparece de la escena. Vox populi, vox Dei.
Si esto es aceptable, y está justificada toda acción que se emprenda en tal sentido, entonces pasa a ser un asunto político, y como tal lo queremos encarar.
La lucha política es la principal y sintetiza a las demás
La síntesis es (o debería ser) la lucha política, llevada adelante por los partidos políticos que compiten con programas y candidatos en el escenario de elecciones nacionales y departamentales. La lucha sindical y de las organizaciones sociales está acotada por los límites de sus propias propuestas y de sus mecanismos de demanda, que dependerán en su realización de la disposición de quienes ostentan el gobierno. Pueden presionar, pero no pueden ir más allá si no contienen los medios para cambiar. Tampoco son categorías diferenciales ni dimensiones paralelas, son niveles cuyo accionar depende de los mecanismos utilizados para lograr los objetivos.
En países donde hay partidos de izquierda que están atentos a las demandas sociales (porque es esa su propia razón de ser), los programas de gobierno deben confeccionarse de acuerdo a tales demandas. Y no pueden ser sustituidos por movimientos de grupos o sectores, por gremios o sindicatos. El propio movimiento sindical uruguayo ya discutió y superó la etapa del “anarcosindicalismo”. El juego de las políticas de gobierno es, en definitiva, el juego de poderes en las democracias republicanas. No es una alianza entre unos y otros, sino que tienen puntos circunstanciales en los que coinciden. Tampoco los sindicatos y gremios son “aliados” de los partidos políticos, porque no tienen los mismos propósitos ni tienen mecanismos comunes de lucha, por más que un plebiscito pueda serlo circunstancialmente. Hasta las propuestas de sociedades futuras siempre dependerán para su realización de acciones de gobierno, que son acciones de orden político. Simplemente porque los cambios, revolucionarios o reformistas o progresistas (y aun los retrógrados) son una cuestión de poder. Y el gobierno fue, es y seguirá siendo la porción más dinamizadora de los cambios sociales.
El FA no debe pronunciarse
La pregunta cabe: ¿por qué debe pronunciarse el Frente Amplio (FA), sus organismos, su Mesa Política, su Plenario Nacional, sobre el plebiscito? El FA no está obligado y no tiene por qué. El FA tiene su propia dinámica para competir por el gobierno nacional, y ha elaborado las bases de su programa, del que emergerá su plan de gobierno. En ninguna de sus páginas se plantea transformar el sistema de previsión social mediante un mecanismo de reforma constitucional. Los cambios se harán por medio de la propia ley, según allí se establece, por ser el mecanismo más idóneo. Pronunciarse por sí o por no, y aun dejando en libertad de acción, traería a la interna una discusión larguísima e improcedente, porque no hay acuerdo y no puede haber síntesis. Porque los tiempos del FA son de programa de gobierno y su discusión. Tampoco pediremos que el PIT-CNT se expida sobre el programa del FA. Si quiere hacerlo que lo haga, pero sería improcedente.
El FA ha elaborado las bases de su programa, del que emergerá su plan de gobierno. En ninguna de sus páginas se plantea transformar el sistema de previsión social mediante un mecanismo de reforma constitucional.
Los sindicatos y demás organizaciones sociales tienen bases sociales que seguramente aprobarán las propuestas programáticas del FA para que este pueda llegar al gobierno otra vez, pero no como organismos. Por ser un partido de izquierda, el FA está obligado a reflejar las tensiones y confeccionar su programa de acuerdo a las demandas, si quiere realmente representar a las y los trabajadores y clases sociales más postergadas. Pero es otro tema.
Desde luego, cada sector integrante del FA puede, si quiere, pronunciarse sobre el punto en concreto, que es muy controversial, no reúne consensos y pasa a ser un tema de índole política en la interna. Si la fuerza política de todos se pronunciara por sí o por no, quienes están a favor de los planteos del PIT-CNT no aceptarán de buena gana que una mayoría (que será ínfima) les imponga no firmar y no ensobrar en sus listas la papeleta de la reforma constitucional. Y viceversa. Aunque a veces tenemos la sensación de que el FA tiene mucha facilidad para meterse en corral de ramas y no saber cómo salir.
De todos modos, el tema de la previsión social será un tema de campaña, y ahí discutirán quienes quieran con los argumentos que mejor expongan. Sólo que, en la campaña electoral, ese tema no será el único y, me atrevo a decir, tampoco será el más importante para que el FA convenza a la gente para volver a gobernar.
Carlos Pérez es militante de izquierda, adherente de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.