A Gustavo Penadés se le van a imputar delitos de explotación sexual de adolescentes cometidos durante cerca de 20 años. Juan Sartori está enfrentado a la Junta de Transparencia y Ética Pública por no cumplir con normas legales sobre declaración de bienes e ingresos. Carlos Albisu tuvo que renunciar a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM) por haber hecho ingresar sin concurso a decenas de correligionarios.
El común denominador problemático no es la filiación nacionalista, ya que ninguna fuerza política está libre de que sus integrantes hagan cosas como las mencionadas o peores, sino que el Partido Nacional (PN) cuenta con una Comisión de Ética cuyas acciones brillaron por su ausencia en estos tres casos.
Es importante considerar por qué ha ocurrido esto, para avanzar hacia aprendizajes de todo el sistema partidario.
Durante más de dos meses, desde que comenzaron las denuncias contra Penadés, en su partido primó la posición de no pasar su caso a la Comisión de Ética hasta contar con pronunciamientos judiciales. Cuando era claro que el Senado iba a aprobar su desafuero, el dirigente renunció al PN y quedó fuera del alcance de los procedimientos partidarios (aunque no habría estado de más alguna declaración).
Sobre la situación de Sartori se han pronunciado algunos dirigentes nacionalistas, para darle la razón o criticar su actitud contumaz, pero nadie ha dicho que el incumplimiento de normas creadas para velar por la ética en la función pública deba ser considerado por la Comisión de Ética partidaria. No se puede descartar que la capacidad de aporte económico de Sartori esté pesando en una coyuntura preelectoral.
En el caso de Albisu, dirigente del sector que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, este dictaminó por sí y ante sí que no hubo ilegalidades ni corrupción, sino “exageración”, “error” y “abuso quizá indiscriminado de un mecanismo de ingreso”, dando por resuelto el problema con la renuncia a la CTM. Parece que esto tuviera el valor de una declaración de cosa juzgada para el PN, incluso en el terreno de la ética, independiente de que se hayan cometido delitos.
En los tres casos, todo indica que se han impuesto consideraciones sobre lo conveniente para reducir daños políticos. Fue lo que pasó en marzo de 2016, cuando el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) expresó “solidaridad y apoyo” a Raúl Sendic, “ante el injusto y agraviante acecho” contra él.
Afortunadamente para el FA, este cuenta con un tribunal que, sin pretensiones sobre lo ético, juzga conductas políticas, y produjo un severo informe sobre el caso que determinó dos reuniones muy distintas del mismo Plenario. En la de setiembre de 2017, Sendic renunció a la vicepresidencia de la República; en la de diciembre de 2018, fue inhabilitado para postularse a cargos electivos por el FA en las siguientes elecciones.
La existencia de normas internas claras, y de organismos encargados de evaluar su cumplimiento sin subordinarse a intereses de corto plazo, ha sido un camino eficaz para defender el prestigio de los partidos y de la política.