Felicitamos el trabajo de tanta gente afrodescendiente y afrosensible que ha militado dentro y fuera de los ámbitos universitarios para lograr una expresión política pública y contundente de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de la República (Udelar), tomando el compromiso de declararse “antirracista”.
Una declaración institucional es potente, sin dudas, y también implica responsabilidades.
Hay que llenar de realizaciones ese postulado.
No puede estar vacío de contenido porque empezará a tener deudas. Tendrá que haber presupuesto, recursos humanos, voluntad de autoridades, dignidad, ética, y todo lo necesario para avanzar más allá de lo escrito y refrendado. No se hizo esto para quedarse en el importantísimo enunciado.
Costó mucho llegar al estado de deconstrucción progresiva de nichos de exclusión y de construcción colectiva de lo plural e inclusivo, asumiendo la necesidad social de convivencia para el desarrollo.
La benemérita academia fue hasta hace poco, tal vez siga siendo si lo permitimos, cuartel de intelectuales elitistas sustentadores de supremacías raciales naturalizadas, y no precisamente cultores de la diversidad del pensamiento a menos que fuese entre reconocidas “castas” universitarias, ocupantes incuestionados e incuestionables del trono del “conocimiento y las letras” en el que les instalaron las familias oligarcas fundantes y sus ideologías conservadoras, especie de refugio consolidado contra los efectos democratizantes de las democracias republicanas modernas.
La educación es reflejo de la sociedad, y difícilmente logremos romper hegemonías y jerarquías culturales, más allá de bonitas escrituras, si no hay transformaciones profundas hacia la justicia comunitaria en el acceso, permanencia y graduación en todos los niveles educativos de nuestra población afrodescendiente, especialmente en centros de enseñanza media y de tercer nivel.
La universidad, históricamente, en las sociedades patricias, era donde se formaban exclusivamente quienes luego accedían a poderes de gobierno y realizaban las políticas públicas y la legislación, reproduciendo una lógica estructural racista y de injusticia social, retroalimentada desde el racismo estructural y sistémico, justificado desde la superioridad en la educación. Eso está en proceso de cambio y esta nueva declaración lo refrenda.
Más allá incluso de garantizar derechos en igualdad de condiciones dando un paso declarativo contra el racismo enquistado en las instituciones, una Udelar antirracista deberá ser capaz de garantizar el libre acceso y la permanencia del estudiantado afro, vulnerado históricamente también en sus posibilidades educativas. Estas nuevas políticas institucionales de igualdad y no discriminación tendrán seguramente la capacidad de replantearse sus propias herramientas curriculares en torno a una mirada contemplativa de los derechos humanos de la multiculturalidad, especialmente la diversidad de raíces afro que, junto a los pueblos indígenas, es componente básico centenariamente castigado de nuestra macro identidad uruguaya.
Una Udelar antirracista deberá ser capaz de garantizar el libre acceso y la permanencia del estudiantado afro, vulnerado históricamente también en sus posibilidades educativas.
Las reparaciones, aunque sean simbólicas, conllevan el reconocimiento del crimen de lesa humanidad que supone la trata transatlántica, imprescriptible, intemporal y jurídicamente reclamable.
Correspondería entonces, como existe en Costa Rica y lo estudian algunos países latinoamericanos y caribeños, que las máximas instituciones de educación pública revisen su historia en profundidad para detectar y encontrar los orígenes y gérmenes reproductivos de las inequidades raciales y que desde allí surjan, en conjunto con la población portadora de la cultura, los estudios necesarios y sus respectivas enseñanzas, para desterrar el flagelo de la discriminación de adentro mismo de las aulas magnas y de muchos libros mensajeros de estereotipos.
Así lo expresaba para nuestro país desde principios del tercer milenio el antropólogo Daniel Vidart, quien reclamaba una Cátedra Africanista o de Estudios Afrouruguayos en la Udelar. Un aprendizaje continuo y en todas las dimensiones del saber y la costumbre, expresamente dedicado a la recuperación de la memoria histórica de la trata transatlántica y la diáspora esclavista, siempre de la mano y conocimientos de la comunidad afrodescendiente uruguaya, de cuyos saberes no podrá desprenderse la máxima institución educacional a riesgo de deslegitimarse, ya que no nos valida la academia, nos valida la vivencia y la ancestralidad.
A los descendientes de los colonizadores o a sus socios no les interesa la descolonización ideológica, porque deberían empezar por devolver lo que se robaron, o indemnizar a las víctimas y a sus perjudicados.
Obviamente, el daño espiritual, cultural, emocional, psicológico e intelectual no tiene arreglo.
Sin embargo, un estudio serio de la historia de las historias/mentiras, una revisión consciente y pública, no a escondidas, empezaría al menos a llamar las cosas por su nombre, y contribuiría a los cambios de paradigma, por ejemplo, visualizando que el capitalismo salvaje no se formó casualmente, sino que tuvo origen en las fortunas amasadas por la mano de obra africana explotada y salvajemente esclavizada por el imperialismo europeo colonialista del siglo XV en las llamadas Américas, eterno en sus criminales consecuencias.
Susana Andrade es procuradora, activista social y exdiputada. Es presidenta de la Institución Federada Afroumbandista del Uruguay e integra el Grupo Atabaque por un país sin exclusiones.