OSE: desidia, poco apego y negocios privados

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En estos días, a través de entrevistas de prensa al presidente de OSE Raúl Montero¹ y por comunicados de prensa de la propia OSE nos enteramos de que hay al menos tres situaciones de preocupación respecto del suministro de agua potable a la población. Son, por orden de gravedad:

1) El suministro en la Costa de Oro, es decir, en la zona abarcada entre los peajes Pando y Solís, si definimos la zona tomando la Interbalnearia como referencia.

2) La capital de Lavalleja, Minas.

3) El área metropolitana, que comprende casi 60% de la población del país y que abarca a Montevideo y zonas cercanas del departamento de Canelones.

Luego, OSE emitió un comunicado oficial en que detalla localidades adicionales a estas, también con restricciones, que abarcan ciudades de los departamentos de Colonia y Florida, además de otras ciudades de Canelones no mencionadas en la nota de prensa.

A nuestro juicio, si bien la naturaleza golpea nuestro territorio con un fenómeno global como es el cambio climático, existen muchas formas de gestionar la situación. La que ha elegido este gobierno, tanto en lo que tiene que ver con la situación que atraviesan los productores rurales, como ahora con el suministro del agua potable a las poblaciones, responde al título de esta nota.

Una aclaración necesaria y con carácter general para todo lo que se dirá después es que la sequía no es un evento que nos sorprenda intempestivamente. Por el contrario, existen informes emitidos por organizaciones tales como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration del gobierno de Estados Unidos) y, en nuestro país, del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) e institutos de la Universidad de la República (Udelar) que permiten prever con meses de anticipación el comportamiento esperado del régimen de lluvias futuro.

Por otra parte, OSE cuenta en general con agua represada, que le permite administrar el caudal que aporta cualquier río que esté proveyendo a una ciudad a lo largo del año. Básicamente, lo que queremos decir aquí es que el momento de empezar a plantear restricciones de uso no es en febrero, cuando quedan “15 días de reserva” sino al principio del verano, por ejemplo, cuando tanta gente llena sus piscinas. Hay que pensar que hasta esas piscinas de plástico que se compran en cualquier lado insumen en su llenado en 24 horas el equivalente al consumo de un mes entero de una familia tipo (entre 10.000 y 15.000 litros de agua potable, a veces más).

También advertir que, para apagar los frecuentes incendios de bosques en la Costa de Oro, Bomberos utiliza agua de OSE. Claro, esto también ocurre en verano. ¿Hay alternativas? Sí, por supuesto. OSE llegó a plantearle a Bomberos, hace más de 10 años, colocar a su costo sistemas de bombeo directamente desde arroyos como el Solís para que pudieran llenar sus camiones directamente con agua del arroyo en caso de precisarla. La iniciativa no prosperó, a pesar de que era de evidente interés común para ambas instituciones, no sabemos por qué.

Si analizamos la situación caso a caso, podemos aportar más detalles que dan cuenta de la mala administración que nos trae a la situación actual.

Comenzando con la situación en la Costa de Oro, debemos decir que la zona se abastece de tres sistemas que toman agua superficial: usina de la laguna del Cisne en Salinas, usina de Costa Azul sobre el arroyo Sarandí, y, más recientemente, en este período de gobierno y tratando de llegar con el suministro de OSE a los balnearios más al este de Canelones, OSE colocó una unidad potabilizadora (UPA) en un terreno vecino a una arenera privada en Balneario Argentino, que contaba con una reserva de agua.

También hay múltiples perforaciones que extraen agua subterránea y aportan al aprovisionamiento de la zona. Finalmente, la Costa de Oro también recibe agua potable del Sistema Metropolitano, o sea de la usina de Aguas Corrientes, que extrae agua del río Santa Lucía.

Es una zona que ya tradicionalmente tenía un consumo muy alto en meses de verano, que disminuía drásticamente en meses de invierno. El consumo de las zonas balnearias puede multiplicar hasta por tres el consumo de verano sobre el del invierno, a veces más. Esto es muy costoso para OSE, porque implica invertir y mantener una infraestructura que la mayor parte del año estará subutilizada. Hay una tendencia histórica de largo plazo que ha ido convirtiendo los balnearios de Canelones en zona de residencia permanente. Ocurrió primero con la Ciudad de la Costa, y se sigue extendiendo cada vez más pasando el peaje Pando. Sobre esta tendencia histórica se verificó en época de pandemia que muchas personas pasaron a hacer trabajo a distancia y quienes poseían una vivienda en zona balnearia decidieron quedarse allí la mayor parte del tiempo. Aun superada la pandemia, se puede sostener que ha permanecido un número no definido de población que pasa gran parte de la semana en la Costa de Oro.

Es un fenómeno con una evolución que recoge una tendencia histórica de largo plazo, más un emergente de corto plazo de los últimos tres años.

Todo lo anterior debería haber hecho avanzar la puesta en funcionamiento de una nueva fuente, razonablemente acudir al arroyo Solís Chico, donde la OSE ya había formalizado una reserva de agua para la construcción de una represa hace casi diez años, al mismo tiempo que para la represa del arroyo Casupá (que actuaría como reserva para la región metropolitana).

¿Qué hicieron las actuales autoridades desde 2020? Tomaron acciones, sí: gastaron un montón de dinero y prácticamente no lograron nada. Es importante señalar que las acciones que vamos a mencionar fueron tomadas por las autoridades políticas de OSE, de la gerencia general para arriba, directorio y sus asesores. En toda esta historia los técnicos de OSE sólo pueden mirar desde el costado una serie de decisiones para las cuales no se los escucha. Por un lado, como ya mencionamos, se colocó una UPA en la cantera de una arenera privada en Balneario Argentino, al norte de la Interbalnearia.

Pero luego se construyó “algo” que podría definirse como un intento de trasvase desde el arroyo Solís Chico hasta la laguna del Cisne, como ya mencionamos más arriba. Desde un primer momento esto encendió alarmas desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental: ¿es buena idea mezclar el agua del ecosistema de un arroyo, que recibe aporte de agua salada desde el Río de la Plata, con el de una laguna, bastante pequeña, de agua dulce? El punto de toma sobre el Solís Chico se hizo al sur de la ruta 8 y no al norte, tal como se había planificado diez años antes.

Decimos que fue un intento de trasvase porque, en realidad, lo que se hizo fue colocar un caño a lo largo de tres kilómetros, que vierte el agua sobre el parteaguas de la cuenca que termina en la laguna del Cisne, de modo que el agua escurriera por el terreno y fuera a sumarse a una cañada que es afluente de la laguna del Cisne.

No se necesita saber mucho de ingeniería hidráulica para sospechar que una “solución” tan heterodoxa corría riesgo de no servir para nada, y así fue. Porque si ese trasvase, tan singular, se ponía a funcionar en meses de lluvia, el agua que hubiera aportado a la laguna habría desbordado por el vertedero de esta, porque no tiene gran capacidad de reserva.

Por el contrario, si se ponía a funcionar ahora, en verano, con los campos ya totalmente afectados por la sequía, esa agua se habría quedado mayoritariamente recuperando la humedad de los terrenos beneficiados.

Tampoco se construyó una retención sobre el arroyo Solís Chico de modo de asegurar que no llegara agua salada del Río de la Plata en el punto seleccionado para poner la toma; esto último es una variable particularmente sensible si pensamos esta “solución” actuando en meses de verano, que es cuando el arroyo tendrá menos caudal y, por ende, sufrirá mayor intrusión salina.

O sea, se inventó una solución de emergencia, sin los estudios técnicos necesarios, sin considerar los pasos que se venían dando desde hacía años, según los cuales se había elegido otro punto de toma, más al norte que el finalmente construido.

Siendo benevolentes, y tratando de pensar cómo todo esto podría no haber sido dinero tirado, eran necesarias algunas medidas adicionales. En primer lugar, construir una barrera (retención) que impidiera el ingreso del agua salada del Río de la Plata hasta el punto que se eligió para hacer la toma. En segundo lugar, llevar la toma desde el arroyo 15 kilómetros adicionales a los tres ya construidos, ingresando el agua del arroyo directamente a la usina potabilizadora instalada sobre la laguna del Cisne. De esa forma, al menos, no habría afectación ambiental, porque no se hubiera mezclado el agua del arroyo con la de la laguna, y utilizando el agua del arroyo durante los meses de invierno se habría preservado la laguna como reserva para los meses de verano.

Implicaba una inversión adicional, claro, pero peor es haber invertido en una “línea de trasvase” de tres kilómetros que no se puede utilizar, y perjudicar a la gente con faltas de suministro.

Dos datos adicionales que pensamos también juegan en todo el manejo que hacen las autoridades políticas de esta situación:

1) Desde 2020 hasta el presente han pasado tres jefes técnicos regionales diferentes en la Costa de Oro. No se puede decir que las autoridades se preocupen por estabilizar el funcionamiento de un área que está claramente complicada.

2) En abril de 2021 ingresó a OSE una iniciativa privada al amparo de la Ley 17.555 (una más de las más de 20 que han llegado a OSE) para construir una planta desalinizadora que tome agua del Río de la Plata. La iniciativa es de la transnacional francesa Veolia, cuyos antecedentes son al menos controvertidos.²

Respecto de la situación en Minas, otra vez, más allá de los factores naturales que están provocando la sequía, puede afirmarse que OSE se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad debido a los leoninos recortes de personal. El sindicato de OSE (FFOSE), así como el director por el Frente Amplio (Edgardo Ortuño) vienen advirtiendo que OSE ha sobrecumplido la restricción emanada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de eliminar dos de cada tres vacantes de recursos humanos generadas.

Además de los faltantes de personal operativo, que se sustituyen por empresas tercerizadas, o por nadie directamente, en un sinfín de cuadrillas, usinas, plantas de tratamiento de aguas residuales, atención a clientes, etcétera, este directorio de OSE tiene en la actualidad tres departamentos sin ingeniero o ingeniera que dirija su área técnica; se trata de Soriano, Tacuarembó y Lavalleja (actualmente en crisis). En poco tiempo se va a sumar San José.

¿Es razonable dejar sin encargado técnico a cualquier departamento, en un año de sequía, más aún si venimos con déficit hídrico de dos años anteriores? Lavalleja se quedó sin jefe en junio de 2022. Obviamente, cualquier administración medianamente seria debería haber buscado el reemplazo unos meses antes y haber dejado a ambos técnicos haciendo una transición planificada. Hoy actúa como jefa una funcionaria no técnica, que seguramente estará actuando bajo supervisión de algún gerente de región que debe repartir su tiempo entre varios departamentos. ¿Usted aceptaría que alguien que no fuera médico le atendiera o le operara? ¿No, verdad? OSE opera departamentos enteros sin un jefe técnico destinado a ello. Hablame de poco apego.

Para finalizar, respecto de la región metropolitana, para la que se ha anunciado con bombos y platillos una inversión de 250 millones de dólares para potabilizar agua desde el Río de la Plata, se dice que queda agua para 30 días (o 60, depende de qué día se lea la prensa). El último gobierno del Frente Amplio había dejado todos los recaudos técnicos y la financiación autorizada con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para construir la represa de Casupá en la cuenca alta del río Santa Lucía, en el departamento de Florida.

La represa de Casupá significa una reserva útil de 90 millones de metros cúbicos (nominalmente son 120 millones). Este volumen podría soportar dos años enteros de sequía severa considerando el consumo del día récord, el más alto del año. Todo esto por 80 millones de dólares, o sea, un tercio de lo que quieren gastar en el proyecto Neptuno, una propuesta privatizadora que presentaron cuatro empresas y que este gobierno apoya contra viento y marea de cualquier crítica. No importa que la academia indique que la zona donde se piensa tomar agua está siendo crecientemente contaminada con algas precursoras de cianobacterias. Tampoco importa que las mediciones de salinidad que se realizaron hasta la fecha hayan arrojado hasta 88 días seguidos por encima de lo aceptable. Ni que OSE deberá pagar, sí o sí, 40 millones de dólares por año, durante casi 20 años, a estas cuatro empresas, de tal modo que se estará consumiendo el presupuesto entero de inversión en agua potable para todo el país, considerando el actual presupuesto de OSE.

Cuando las autoridades de OSE han sido cuestionadas sobre el impacto que tendrá el proyecto Neptuno en la tarifa para todo el país, sólo aportan evasivas.

Si el gobierno actual hubiera tenido el buen tino de concretar la represa de Casupá, solución que venía ya manejándose desde antes de los gobiernos del Frente Amplio, a estas alturas contaríamos con una excelente reserva en cantidad y calidad para regular el flujo del río Santa Lucía, lo que beneficiaría a una población que excede a la de región metropolitana.

Por otro lado, cuando recientemente el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, hizo una denuncia ante el Ministerio de Ambiente por afectaciones al río Santa Lucia, las autoridades le restaron importancia, aclarando que las fotos que aportó el intendente correspondían en realidad al arroyo Vejigas, afluente del Santa Lucía. La respuesta ya tuvo su buena dosis de desapego,³ pero es peor si sabemos que Tala (Canelones) también figura en la lista de las poblaciones afectadas por restricciones y, justamente, se abastece del arroyo Vejigas.

El colmo de la desidia, de la falta de apego y de trabajar sólo para hacerles el caldo gordo a los privados sobrevuela OSE, viendo cómo se repartirán la presa, debilitada, sin personal, con todos los gastos recortados, y encima enterrando plata en soluciones falsas, como la pergeñada por la gerencia general con el trasvase de la Costa de Oro.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.