Efectos de la reforma de la seguridad social (II): más años para acceder a derechos

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En la primera columna de este ciclo que se está publicando en la diaria¹ decíamos: “La mayoría de la gente, con la reforma, va a cobrar menos. Y eso es para los que lleguen a tener una jubilación o pensión”.

Hoy vamos a tratar de dar más razones y resumir estudios en relación con el aumento de años para jubilarse que propone la reforma del gobierno. En general, y salvo situaciones especiales, son hasta cinco años más para la jubilación común (por ahora) y hasta 15 años más para la pensión de viuda de por vida, entre otros cambios.

El aumento de años para jubilarse afectará a más de un millón de personas: 790.000 menores de 45 años, 170.000 entre 45 y 49, y a todas/os quienes ingresen a trabajar o cambien de caja luego de seis meses de aprobada la reforma.

Es cierto que, felizmente, Uruguay es un país con población envejecida (se estima una expectativa de vida de 80 años para hombres y 85 para mujeres hacia 2050). Eso es por lo hecho en nuestra historia y luchas, y también por lo que hicimos en 15 años de gobierno del Frente Amplio. Es cierto también que la natalidad cae: pasó de casi 50.000 nacimientos a 35.000 en 20 años). Pero también hay que considerar los cambios en el trabajo y los nuevos empleos, la revolución en las tecnologías, la soledad, las nuevas formas y arreglos familiares y núcleos, el aumento de mujeres que trabajan en forma remunerada pero aún con desigualdad de derechos y oportunidades pese a los avances logrados; y los desafíos que todo esto plantea a la financiación de la seguridad social. Pero hace sólo cinco años no imaginábamos la pandemia de covid-19, que trajo consigo el aumento en el uso del teletrabajo, la telemedicina y otros impactos; la guerra en Ucrania (entre otras); las nuevas migraciones; lo que puede pasar con esta crisis de bancos de Estados Unidos y Europa, etcétera. Hechos que nos enseñan que es difícil hacer proyecciones a muy largo plazo, como se acostumbraba antes. Los cambios son muy acelerados, fuertes y mundiales.

Nos oponemos al aumento de edad al barrer para jubilaciones y pensiones. Hemos hecho reformas con diálogo y estudio en general y específicas, en las cajas notarial, bancaria, militar y policial, que encararon esa realidad. Por ello proponemos y somos partidarios de un enfoque multidimensional del envejecimiento, con diversas políticas articuladas y diálogos amplios y efectivos, como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Las realidades de los trabajadores mayores se caracterizan por su heterogeneidad. El estado de salud e invalidez, capacidades y el ambiente laboral varían sustantivamente de persona a persona, y a su vez se enlazan con condiciones socioeconómicas y el sector específico en que se relacionan las personas mayores. Una dimensión importante de esta heterogeneidad son las diferencias significativas en la expectativa de vida. [...] Mientras que aumentar la edad de retiro es visto como una solución a la sostenibilidad financiera, la edad de retiro efectiva en la mayoría de los países de altos ingresos continúa por debajo de la edad de retiro legal. [...] Esto sugiere que se requiere un conjunto de políticas más amplias para aumentar la edad de retiro efectiva, más allá de un simple cambio a los parámetros de los sistemas de jubilaciones y pensiones [...] en coordinación con políticas de empleo y productividad [...] fomentando así la transición hacia la formalización laboral [...] ya que la inserción laboral entre personas mayores tiende a ser en trabajos por cuenta propia o informales”.²

Esto se proyecta en tiempos en que en el mundo y en el país se verifican diferencias perjudiciales y en aumento para mujeres, personas con discapacidad, personas mayores y vulneradas, menos calificadas y con multiempleo.

Diversas investigaciones realizadas en Suecia, Alemania, Francia, Austria y España³ muestran algunos resultados importantes a tener en cuenta cuando se propone el simple aumento de edades para jubilaciones y pensiones:

1. Reducir la edad de retiro tuvo para los grupos poblacionales analizados efectos positivos en la salud, reduciéndose la mortalidad (por ejemplo, en Suecia y Alemania).

2. El aumento de la edad jubilatoria tuvo consecuencias tales como el aumento de la probabilidad de que las personas se acojan a pensiones de invalidez, pensiones parciales y muertes prematuras sin acceso a prestaciones; con aumento de riesgo de morir entre los 60 y los 69 años para casi todos las personas y peor en los casos de trabajos poco calificados y física y psicosocialmente exigentes (por ejemplo, España).

3. Los estudios disponibles indican que por cada 100 trabajadores que postergan su retiro por cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones, menos de 50 continúan trabajando; el resto corresponde principalmente a trabajadores que pasan a estar en situación de desempleo, aunque también se observan situaciones de enfermedad, invalidez o inactividad (por ejemplo, en Francia y Austria).

Podemos analizar también la relación entre esperanza de vida, género y pobreza. No todas las personas tienen la oportunidad y el derecho de vivir más y en mejores condiciones.

La reforma del gobierno propone iguales exigencias para acceder a eventuales derechos a personas que son diferentes por diversas circunstancias.

Por ejemplo, la reforma propone que la esperanza de vida se ajuste en forma mecánica (artículos 76 a 79). La primera medición es en 2036 y se aplicará desde 2041, y “en ningún caso la adecuación determinará mínimos inferiores a los previstos” (65 años). O sea, nuevo aumento de edad para jubilarse (incluso para quienes hoy están suponiendo que lo harían a los 65).

Es cierto que hasta ahora, en la gran mayoría de los países del mundo, la esperanza de vida crecía. Pero esto ha cambiado. La Organización de las Naciones Unidas informa que en 30 años de estudios, es la primera vez que se produce un descenso de la esperanza de vida en 90% de los países del mundo, un retroceso de cinco años no sólo en la expectativa, sino también en la calidad de vida y educación, a causa principalmente de la pandemia de covid-19 y varias crisis globales. Ante ello, Achim Steiner, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma: “Morimos antes, estamos menos educados y nuestros ingresos van en caída”.⁴

Un informe académico de Reino Unido consigna que en 31 de 37 países desarrollados cayó la esperanza de vida por la pandemia, y lo hizo cinco veces más que con la influenza de 2015. Rusia y Estados Unidos fueron los países más afectados (unos dos años menos), también Chile; en todos los casos, la caída es mayor en hombres que en mujeres.

Por otra parte, un estudio de una universidad de Estados Unidos concluyó que desde 2015 cayó la expectativa de vida de los jóvenes y adultos de edad media de ese país, a causa de sobredosis, adicciones, suicidios y enfermedades. La expectativa de vida había aumentado diez años desde 1959.⁵

Otros estudios internacionales analizan la influencia de la situación socioeconómica en la esperanza de vida. En Santiago de Chile, entre dos personas nacidas, criadas, desarrolladas al mismo tiempo en diferentes barrios, pobres y no pobres, la diferencia de esperanza de vida en mujeres es 18 años y en hombres, nueve años. En otro estudio, la diferencia da 11 años en mujeres, también muy alta.⁶

En Uruguay se sabe que aun a los 70 años 30% de las personas no llegan a tener causal jubilatoria y que a los 65 años casi la mitad tampoco lo logra; la situación es peor para mujeres y sectores de bajos ingresos y vulnerabilidad. Y ello varía según sectores de actividad. El promedio a los 60 años de edad es de 26 años de trabajo reconocidos, pero para empleados/as públicos es de 37 y en la construcción, la mitad, sólo 18 años (20 en trabajo doméstico, y en los sectores mayoritarios de actividad, industria y comercio y rural, son 25). Para algunas personas es posiblemente más relevante la rebaja en lo que van a cobrar cuando se jubilen, y para otras, el aumento de años para jubilarse.⁷

Otro aspecto relevante en el caso de Uruguay es la diferencia entre el tiempo efectivamente cotizado o reconocido en relación con lo que se pudo haber trabajado. Eso se llama densidad de cotización. La densidad de cotización promedio es 66%, o sea, 26 años efectivos en torno a 40 de actividad (u ocho meses en 12). Pero además, con seis puntos menos en mujeres que en hombres y 36 puntos de diferencia entre pobres y no pobres (48/84%). Esto significa que con un tiempo aproximado de 40 años en actividad, los pobres tienen menos de 20 años reconocidos para la jubilación.⁸

Pensemos en una persona que se queda sin trabajo a los 50 y poco, o a los 60 y pico, y tiene que esperar a los 65 o más años para la jubilación. Y eso si ya tiene por lo menos 25 de trabajo reconocidos; si no, es peor...

Sobre las pensiones de viudez y sobrevivencia

Estas pensiones se pueden generar para algunos familiares por el fallecimiento, ausencia o desaparición de una persona. En esto la reforma es de aplicación inmediata. Si el fallecimiento de un trabajador/a o jubilado/a actual ocurre luego de aprobada la reforma, ya habrá mayores requisitos y menores derechos. La reforma afecta, por lo tanto, también a familiares de actuales trabajadores/as y jubilados/as (personas viudas, concubinas y divorciadas, hijos/as, padres con discapacidad) (artículos 56 a 58).

En general, por ejemplo, para la pensión de viuda vitalicia o de por vida se aumenta hasta 15 años más la exigencia en materia de edad mínima (de los 35 actuales –con hijos– a 50 años luego de una transición). También aumentan los años para tener derecho en el caso de los menores de 49 años, mientras se les reduce el tiempo del derecho (sin perjuicio de la bonificación de año por hijo a viudas). Entre 41 y 49, será sólo por tres años y sólo por un año para menores de 40. Actualmente, las menores de 30 tienen pensión por dos años y las menores de 40 por cinco, aunque con 35 cumplidos con hijos, como ya se dijo, hoy les queda vitalicia.⁹

Pensemos en una persona viuda cuarentona que queda con la casa e hijos a cargo, que tiene que seguir trabajando y capacitándose para tratar de mejorar sus posibilidades y se queda sin pensión...

Además, la reforma tiene nuevas exigencias: se debe demostrar dependencia e interdependencia económica del fallecido/a, que debe tener, a su vez, por lo menos dos años reconocidos de trabajo y seis meses previos inmediatos en el caso de los menores de 25 años. Para pensión de padres, el causante debe haber computado tres años de servicios, salvo que el fallecimiento sea a causa o en ocasión del trabajo.

Sobre algunas normas específicas

La reforma tiene otras normas específicas que interesa analizar, vinculadas a lo anterior. Tomaremos dos de ellas: la exigencia de 13 jornales promedio para computar un mes (artículo 247) y la situación de personas trabajadoras en la construcción y el sector rural (artículos 37 y 38).

En el caso de trabajadores/as zafrales, temporales y a la orden, se les va a exigir para computarles cada mes para la jubilación que en todo el período entre el ingreso y el cese hayan trabajado 13 jornales por mes, o un promedio de 13, o tener en ese período un promedio mensual mínimo de 2,5 BPC (14.150 pesos). Este tipo de trabajadores/as son decenas de miles en Uruguay, muchas de ellas, pobres, mujeres, vulneradas. Pensemos, por ejemplo, en los/as zafrales rurales, que trabajan en changas de cosechas y otras similares. Esta norma generará una dificultad mayor para llegar a una jubilación.

Asimismo, el gobierno ha difundido reiteradamente que para trabajadores/as de la construcción y rurales se mantienen los 60 años de edad y 30 años de trabajo para la jubilación común. Pero hay otras importantes exigencias de la reforma para acceder a ese derecho y que se deben cumplir todas juntas: a) estar comprendido en los puestos de trabajo “en los que se requiera un alto grado de esfuerzo físico” y que definirán en el futuro el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Banco de Previsión Social (BPS), dentro de las excesivas facultades que se otorgan al gobierno de turno; b) tener 20 años de trabajo en esos puestos de trabajo; y c) cumplir cinco años en la construcción o rural entre los últimos diez años computables para la jubilación.

¿Cómo afectará esta reforma a peones y peonas rurales? ¿Cómo afectará a productores/as rurales de bota de goma y pata en el barro?

En la construcción la mayoría de los trabajadores no son permanentes. En el período 2021-2022, los permanentes eran entre 37% y 45% del total. En mayo pasado, sólo había 23.438 permanentes en un total de 62.015.¹⁰ También vimos que a los 60 años tienen la mitad de años registrados que un trabajador/a público y ocho años menos que el promedio, pero también otros informes del BPS muestran que acceden más a jubilaciones por incapacidad que el promedio (18% respecto de 11% en general) y que como no llegan a la jubilación común, hay más jubilaciones por edad avanzada (25% en la construcción y 18% en general). Hay otros sectores que presentan problemáticas similares, como las trabajadoras domésticas.