Por estos días, vuelve a ocupar los primeros planos de las noticias la discusión en la Comisión de Diputados de la reforma jubilatoria, pomposamente llamada “de seguridad social”.
Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social? Hablamos de la calidad de vida de la gente, de la vida del pueblo uruguayo. La seguridad social fue diseñada, conquistada, para ser la protección de todos los uruguayos en sus momentos de zozobra, de contingencia, de vulnerabilidades.
Dentro del concepto y normas que abarcan la seguridad social están las múltiples prestaciones que brinda en exclusividad el Banco de Previsión Social (BPS), que abarcan el subsidio por desempleo, subsidio por enfermedad, asignaciones familiares, lentes, prótesis, órtesis, viviendas para pasivos, atención de la discapacidad de los hijos de los trabajadores durante toda su vida y una lista que continúa sobre las ayudas que brinda el BPS para proteger a los uruguayos en diversas circunstancias adversas, constituyéndose en un auténtico “escudo de los débiles ”, al decir de José Batlle y Ordóñez respecto del papel del Estado.
Cuando se argumenta desde el gobierno y los defensores de este proyecto de ley de reforma jubilatoria respecto del equilibrio financiero, sobre la necesidad de superar el “déficit” del BPS, sobre que los uruguayos vivimos más (¿vivimos más?, ¿cuánto, quiénes, de qué manera?), y se apela para resolver esos temas a meterse con la vida de la gente, estamos frente a un atropello imperdonable.
Cuando se habla de subir la edad de retiro en cinco años, no se habla de un número frío, inocente, simple. Se está diciendo con todas las letras que les van a restar cinco años de vida a todos los trabajadores, o sea cinco años menos de descanso merecido, de disfrute, de goce de los últimos años de su vida, de la posibilidad de desarrollar aspectos postergados, de disfrutar, ¡por fin!, del goce de sus afectos, de sus sueños, a una edad en la que la incidencia de la muerte por cáncer y accidentes cardiovasculares aumenta en esa franja etaria significativamente.
Esos cinco años no representan los mismos cinco años que a los 20, 30, 40, 50; estamos hablando de la última etapa de la vida de una persona que llega a ella con patologías propias de la edad y del tipo de trabajo realizado, con el desgaste natural de la existencia y con mayores riesgos en la salud.
Pero además, hagamos números, como hacen los “expertos”.
Pongamos como ejemplo una jubilación mínima (absolutamente insuficiente pero muy extendida entre los jubilados) de 17.200 pesos. Al posponer cinco años la jubilación de un trabajador que se hubiera jubilado a los 60 años con un mínimo de 30 años de trabajo, y multiplicar la jubilación que no recibirá durante cinco años, eso da la cifra de 1.032.000 pesos. Sin contar con que además en esos cinco años aportará su montepío de 15%, destinado al BPS y a una AFAP obligatoriamente, sin tener opción. Ese trabajador no sólo está financiando su propia jubilación con ese ahorro que le hace al sistema, sino que además aportará su dinero, durante cinco años más, al sistema financiero, representado por las AFAP.
Eso es lo que está detrás de esta reforma jubilatoria: que los trabajadores financien su propia magra jubilación en cuotas mensuales.
Esa situación se daría en personas que lograron reunir por lo menos 30 años de trabajo y llegaron a los 60 años de edad. Ni siquiera se tiene en cuenta la enorme cantidad de trabajadores –una situación que se agrava si se trata de mujeres– que no podrán completar 30 años en su historia laboral, con períodos en negro y otras dificultades del mundo del trabajo actual, que no han sido tenidos en cuenta y que engrosarán las filas para solicitar una pensión de vejez a los 71 años, en lugar de los 65 de hoy, si es que llegan a esa edad, estando tan vulneradas sus condiciones de vida.
Eso es lo que está detrás de esta reforma: que los trabajadores financien su propia magra jubilación en cuotas mensuales. Que sigan alimentando el sistema financiero, ya que la ideología que subyace detrás de esta arremetida es la concepción del ser humano como un generador de plusvalía, de ganancia, de rentas. Cuando ese ser humano envejece y necesita tener la vida digna que siempre mereció, las leyes que rigen el mercado consideran que ese trabajador viejo, gastado, no le sirve más al sistema, pasa a ser un “gasto” inaceptable y, por lo tanto, la solución es que trabaje hasta morir.
Sí, como se lee, hasta morir, porque aumentar cinco años más de trabajo en esa etapa de la vida humana es dejarlo sin tiempo, sin vida, dejarlo a las puertas de la muerte y que de esa manera no sea un gasto más que tengamos que sostener como sociedad. Así de crudo, así de real.
Toda esta situación, sin analizar otras posibilidades reales que existen para equilibrar los ingresos de la seguridad social. Porque hasta ahora sólo se tomaron en cuenta los “egresos”, lo que se gasta en los pasivos, con argumentos sesgados y que no reflejan la realidad.
Si se ocupara todo el sistema político de generar políticas de empleo, de salario digno, de resolver el problema de la desocupación, sobre todo juvenil, de resolver el salario de más de 500.000 uruguayos que cobran 25.000 pesos por jornadas cada vez más extensas de trabajo, estarían incidiendo fuertemente en los recursos del BPS, generando más y mejores aportes al organismo.
Podrían además revisarse todas las exoneraciones vigentes, sobre todo a grandes empresas, a grandes capitales que, a pesar de haber multiplicado sus ganancias, de haber tenido récord de exportaciones, no se los tiene en cuenta para contribuir más a la seguridad social, como lo mandata la Constitución.
Por eso rechazamos e invitamos a resistir esta reforma antipopular y antihumana. Por eso vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, nuestra convicción y nuestras propuestas para proponer un plebiscito de reforma constitucional para que los derechos esenciales de los trabajadores, de los que sostienen el país y su riqueza, estén garantizados en la Constitución y ningún gobierno de turno pueda echar mano del fabuloso botín que representa el ahorro previsional de los trabajadores.
Por eso esta reforma es cuestión de vida o muerte.
María Rodríguez es integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.