Chile se preparaba este 7 de mayo para enfrentar una nueva jornada electoral. Esta vez, tras el rechazo rotundo de la propuesta constitucional en setiembre del año pasado, se elegirían 50 consejeros y consejeras constitucionales que redactarían el proyecto de nueva Constitución en base a lo que ya venía elaborando desde hace cerca de dos meses y medio una comisión de expertos en la materia.
Las elecciones, radicalmente distintas a las llevadas a cabo en el primer proceso, se realizarían por medio de circunscripciones senatoriales, sólo con la posibilidad de un cupo indígena, con voto obligatorio e inscripción automática.
A un mes de la elección, las encuestadoras daban cuenta de la realidad social frente al nuevo proceso. La encuestadora Pulso Ciudadano revelaba que el 47,9% de los chilenos se encontraba poco o nada interesado en el proceso constitucional, el 22,3% lo estaba medianamente y el 29% estaba muy interesado. A días de llevarse a cabo los comicios, el 62% de la población estaba nada o muy poco informada del proceso.
El llamado de la oposición fue claro: evaluar la gestión del gobierno liderado por Gabriel Boric. Por parte del oficialismo, en cambio, la invitación se dirigía a profundizar la democracia participando y asistiendo a votar. Los resultados fueron para nada favorables a la centroderecha, el centro político y el gobierno. La ultraderecha liderada por José Antonio Kast logró convertirse en la primera fuerza política nacional alcanzando 22 consejeros constitucionales y el 35% de las preferencias a nivel nacional.
La conformación del nuevo órgano encomendado constará entonces de 33 miembros entre la centro y la ultra derecha y 17 miembros del oficialismo más un escaño indígena. Esta composición le entrega al extremo conservadurismo la posibilidad de vetar las normativas a su arbitrio; dicho de otra forma, mantendrán el control total del trabajo constitucional.
Así, en el escenario actual existe nula posibilidad para ingresar en el texto cambios sustantivos como lo fueron en algún momento la consagración del Estado social democrático de derecho y el reconocimiento de garantías relacionadas con derechos económicos sociales y culturales, como el reconocimiento de la salud, educación y seguridad social como derecho e inclusive los derechos sexuales y reproductivos.
Hacer frente hoy al avance de la ultraderecha, ya cómodamente haciendo uso del poder, implica hacer esfuerzos para evitar tropiezos y sostener lo poco que desde el retorno a la democracia en Chile se ha conseguido.
Las reflexiones versan ahora sobre las responsabilidades políticas, las estrategias adoptadas por los partidos políticos de cara a las elecciones, la separación de la centro izquierda en dos listas de candidaturas a nivel nacional y errores forzados del ejecutivo durante un año de mandato que pavimentaron la posibilidad de hacer uso político de los principales temores de la ciudadanía.
El gobierno, pese a haber mejorado sustancialmente, y con cifras que respaldan su trabajo respecto a las principales crisis que enfrentaba el país al asumir –la crisis migratoria, de seguridad y económica producto de la pandemia–, no ha logrado comunicar a la ciudadanía de forma eficiente sus principales logros. Mientras la extrema derecha ha tenido históricamente como base de su identidad el usufructo de estas crisis, posicionándose de forma clara y desde los extremos ante estas temáticas.
La extrema derecha se ha hecho dueña del miedo y ha, de forma sumamente inteligente, hecho un uso político de él.
La posibilidad de hacer cumplir el programa de gobierno hoy se pone cuesta arriba. El duro golpe que significó para el gobierno de Gabriel Boric la aplastante derrota del rechazo a la anterior propuesta constitucional ha mermado la posibilidad de generar políticas públicas contundentes que respondan a las demandas y anhelos de la ciudadanía, sumado a la larga crisis de legitimidad que acumulan los partidos políticos, que ha hecho que cualquiera que gane hoy deba responder por los errores que vienen del pasado.
Hacer frente hoy al avance de la ultraderecha, ya cómodamente haciendo uso del poder, implica hacer esfuerzos para evitar tropiezos y sostener lo poco que desde el retorno a la democracia en Chile se ha conseguido. Más aún cuando esta avanzada del fascismo y por contrapartida el retroceso en los derechos se presenta en el año en que se conmemoran 50 años del inicio de la dictadura militar.
En el escenario político de la centroizquierda ya no se admiten errores como los que se han generado y que nos tendrán eligiendo en unos meses más entre el retroceso sustantivo de derechos y aquella Constitución que desde hace mucho tiempo hemos anhelado cambiar.
Ignacia Gutiérrez Aguilar es estudiante de Derecho de la Universidad de Chile.