Desde hace varias semanas, el conflicto del liceo IAVA acapara la atención de la prensa, de la clase política, de las autoridades y de la población en general. Y aunque en esta serie de acontecimientos aún restan varios capítulos por escribirse, nos gustaría reflexionar sobre un aspecto en particular: la cuestión del ejercicio de la autoridad. Ese ha sido el principal elemento resaltado por las autoridades educativas como determinante para iniciar un sumario con separación del cargo (y además con retención de parte de su salario) a Leonardo Ruidíaz, director del liceo.
Un desacato
Las razones por las que se produjo la intervención tuvieron que ver con que el director del centro no había cumplido una orden de las autoridades. Más precisamente, al no haber tenido en su poder las llaves del salón gremial (que implicaba quitarles a los estudiantes ese espacio), no se pudo realizar allí una nueva entrada a la institución, que incluiría eventualmente la construcción de una rampa de acceso para quien tuvieran dificultades para ingresar por la entrada principal. Sin embargo, los docentes de la institución declararon que no había un plan de obra, ni tampoco autorización de la Comisión de Patrimonio. Además, si de accesibilidad se trata, el edificio cuenta con un ascensor, que hace años está roto.
Al mismo tiempo, múltiples periodistas y operadores oficialistas de las redes sociales comenzaron a reclamar al unísono la necesidad de restaurar el ejercicio de autoridad (no faltaron quienes también insistieron en que se aplique directamente a través de la violencia represiva). Se afirmó también que el director, además de no ejercer la autoridad, habría cometido dos supuestas faltas: no obedecer una orden de sus jerarcas y continuar dejando ese espacio en manos de los estudiantes. Tampoco faltaron las voces que aseguraron que el salón gremial estaba dañando el edificio y que el director no tuviera la llave del lugar constituía una falta gravísima de control sobre espacios del edificio.
Estos reclamos entienden que el director debió acatar las órdenes de manera irrestricta, como si de eso se tratara la autoridad y el ejercicio del poder, sin tomar en cuenta un elemento fundamental: que se trata de un centro de educación de adolescentes. Como establece María T González (2003), la función de un director de un centro educativo es muy amplia y compleja e incluye entre sus componentes fundamentales que las personas, además de aprender, se sientan a gusto en él y también tratar de evitar conflictos. Claramente la obediencia absoluta de una orden no se ajusta ni a la función, ni a la tarea pedagógica ni tampoco a la gestión de un centro de enseñanza. Para ciertos nostálgicos de otras épocas, lo que debería primar en los ámbitos educativos sería una especie de lógica cuartelera, en la que las órdenes no se interpelan sino que simplemente se acatan. Incluso pudo verse en algún programa televisivo de debates cómo se equiparaba la gestión de un centro de estudios con lo que sería un establecimiento agropecuario. Desde una total ignorancia (consciente o inconsciente) por generar espacios e instancias de integración de la voz de los estudiantes, buscan hacer primar en centros educativos sus lógicas propias de los abusos de una estancia o de una carrera empresarial en la que la eficiencia productiva debe estar por sobre la capacidad crítica de los subordinados.
Para muchos, el cuartel, la estancia o la empresa representan la quintaesencia de la vida social; el modelo perfecto de organización social al que deben aspirar las instituciones. Dichas comparaciones sólo pueden ser la expectativa de quienes jamás en su vida cumplieron una función pedagógica. Muchos de ellos tampoco se sentaron nunca en un banco de un centro de enseñanza público. Y esto, lejos de ser un dato patoteril, enfatiza en que cuando una persona ha transcurrido su vida estudiantil dentro de centros de enseñanza-empresa o en sitios militarizados, y eso no puede no dejar sus huellas en caminos venideros. Recordemos por ejemplo que el líder político de la derecha más a la derecha de nuestro país, un general retirado devenido senador, popularizó su afirmación de que con su llegada a la política y a la cosa pública se terminó el recreo, entendiendo que bajo los gobiernos de izquierda vivíamos subsumidos en la falta total de autoridad y dominados por la vida delincuencial.
Y es que acusar a las izquierdas de ser inoperantes en el manejo y el ejercicio de la autoridad es uno de los temas predilectos de las derechas de ayer y de hoy, reclamando así liderazgos autoritarios y el ejercicio de un poder absoluto y total (ver: Broquetas, Caetano, 2022). El sueño conservador universal se resume entonces en ese ideal de hombres trabajando, mujeres haciéndose cargo del hogar y los jóvenes estudiando de forma ordenada y sumisa.
Este episodio reflota viejos fantasmas discursivos, ya que los liceos son entendidos por las derechas como un terreno de disputas culturales. No faltan los comentarios en redes sociales o portales señalando cómo el “comunismo” opera para lavar el cerebro de los jóvenes orientales. Sí, increíblemente algunas de esas reminiscencias afloraron en estos días. Parece que el “oso rojo” está más activo que nunca.
Un grupo de jóvenes se insurrecta
El pasado 20 de abril, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al conflicto, adoptando una visión no ajustada a los hechos, claramente adultocéntrica y moralizadora: “Mi pregunta es; ¿Alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón? ¿Alguien está dispuesto a que en su casa lo pintarrajeen, lo rompan, lo dejen sucio? Bueno, hay que cuidar lo que es de todos, como si fuera propio. Me parece que eso es de sentido común. No nos debe hacer orgullosos tener un edificio público de esa manera. Yo fui joven hace más tiempo del que me gustaría y era bastante rebeldón y es entendible. Ser adolescente y no tener rebeldía es como haber pasado por esa edad sin hacerlo. Pero la rebeldía siempre tiene un freno, un control, que es cuando dañas el bien común. La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida. Ahora, ¿qué necesidad de romper, de ensuciar? Ninguna, entonces eso no lo comparto”.
En todos los tiempos y en todos los lugares existen los serviles de turno que creen que someterse a la autoridad es siempre una necesidad y que debe ser visto e incorporado como el comportamiento normal.
Más allá de las figuras penales, que son el resultado de años de obsesión de la cultura occidental por los castigos, se impuso y naturalizó la idea de que los problemas sociales se arreglan castigando y penalizando a la gente. Sin ir más lejos, en los últimos incidentes de violencia entre estudiantes ocurridos en el liceo Zorrilla, la solución inmediata y principal de las autoridades fue poner un patrullero en la puerta. En el caso del director del IAVA, donde la medida parece arbitraria y desmedida (salvo que quisiera ser ejemplar y aleccionadora) logró el efecto opuesto; una sublevación estudiantil como no se había visto en los últimos años.
Muchas veces la insurrección se vuelve una necesidad. Algunos logros civilizatorios importantes que podemos calificar como admirables fueron obtenidos a partir de que individuos aislados o colectivos organizados fueran capaces de rebelarse ante el poder arbitrario. A la vez, tenemos ejemplos de lo contrario, de cómo muchos hechos aberrantes no hubieran sucedido si hubiera tenido lugar una insurrección. Por lo pronto, no creemos que rebelarse contra el poder abusivo o contra algunos ejercicios tontos del mismo sea algo que merezca condena. Por suerte aún existen jóvenes que mantienen el espíritu de resistencia frente a lo que ellos entienden que está bien o está mal. Parecen adolescencias más sanas si las comparamos con otras.
Por otro lado, no es el presidente de la República el que debe establecer sobre qué pueden o no rebelarse los jóvenes y de qué modo, hablando como un padre que fue rebeldón pero aprendió la lección. Además, el mensaje es a todas luces contradictorio, ya que el Partido Nacional festeja como fechas partidarias acontecimientos que claramente fueron insurrecciones frente a los gobiernos constitucionales de turno. También aprovechan dichas fechas para pasear por la ciudad sus banderas albicelestes que incluyen la cara de su héroe máximo, que hasta donde nosotros sabemos no fue ni un poeta ni un filósofo, sino un hombre que seguramente no hubiera admitido la fórmula de que “hay que rebelarse pero con control, con la justa medida”. Era un sublevado, en el Brasil de su tiempo y en nuestro país. Y además, nuestro héroe patrio, cuya imagen adorna cada centro de enseñanza, también fue un verdadero insurrecto.
Sin embargo, en todos los tiempos y en todos los lugares existen los serviles de turno que creen que someterse a la autoridad es siempre una necesidad y que debe ser visto e incorporado como el comportamiento normal (sea la del militar con su superior aceptando la orden que se le dé sin importar cuál sea o la del patrón con su peón), que esconde en sus formas el trasfondo en términos de servilismo amo-esclavo o de empleador-empleado. Penosa visión de la sociedad e ignorancia total de elementos mínimos de pedagogía. De todas maneras, eso no impide que expresen sus deseos para la organización de la vida social. Después de todo, quizás solamente sea una forma de mostrar el miedo que siempre genera el cuestionamiento del poder, porque a fin de cuentas la desobediencia general puede mostrar lo frágil que es.
“La LUC lo permite”
Cabe señalar un hecho de capital importancia en esta discusión y es la nueva ordenanza que supone la ley de urgente consideración (LUC) para con la educación. Así, el nuevo concepto de autoridad evidencia las consecuencias de tener una “dirección general” en secundaria y no un consejo capaz de discutir estos hechos. “La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos”, decía el Partido Nacional en su programa de gobierno, en un clarísimo mensaje. Tanto es así que a través del artículo 145 de la LUC (que se refiere a las funciones del Ministerio de Educación y Cultura), establecieron que la elaboración de políticas educativas deje por fuera a los consejeros electos e imponga la sola voluntad del Poder Ejecutivo. Tampoco es menor que hayan eliminado el requisito de contar con al menos diez años de experiencia en la educación pública para ocupar cargos directivos. La incorporación de actores del ámbito privado traza de forma tajante el nuevo rumbo que ha adoptado en materia educativa este gobierno, desbalanceado en sus influencias y sumando otra medallita en su caudal de retrocesos democráticos. En ese sentido, vale la pena tener presentes las resoluciones de la Asamblea Técnico Docente del año 2014: “Para que el desarrollo de la educación pública no dependa de los vaivenes de las políticas de los gobiernos de turno, es necesario un sistema educativo público con autonomía y cogobernado”.
Concluyendo, creemos que la protesta de los estudiantes, a pesar de que recibió la reprimenda del propio presidente, fue a todas luces ejemplar. Se trató de una manifestación pacífica en la que un grupo de jóvenes con todo derecho reclamó algo que consideraban justo: no perder su salón gremial y que volviera a su cargo el director de la institución. “Este no es el método”, dijo el presidente, pero, sin embargo, ambos puntos de la proclama gremial se mantienen a base de lucha. El primero, salvaguardando lo que históricamente fue una conquista del espacio institucional. El segundo, persistir en lograr que las autoridades den marcha atrás con su resolución que al igual que la gota que derrama el vaso, desbordó el conflicto educativo en uno de los centros con mayor visibilidad a nivel nacional. Además, cuestionar las protestas es un objetivo en sí mismo, buscando desestimar toda forma de resistencia a las políticas ejecutadas. Es decir, se tratará de que la respuesta de las autoridades sea ejemplar. Así, cabe reivindicar que a los liceos no solamente se va a estudiar, sino que también se va a aprender a ser ciudadanos, a respetar a los otros y sus diferencias y a conocer nuestros derechos. En el mejor de los casos, también se aprende a defenderlos.
Nicolás Mederos es profesor de Filosofía y escritor. Fabricio Vomero es licenciado en Psicología, magíster y doctor en Antropología.
Referencias
- Broquetas, M. Caetano, G. (Coordinadores).(2022). Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Tomo 1. De la contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial. Tomo 2. Guerra fría, reacción y dictadura. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo.
- González, María Teresa. (2003). Organización y gestión de centros escolares: dimensiones y procesos. Pearson Educación. Madrid.