La fisura política entre Cabildo Abierto (CA) y el resto de la “coalición multicolor” formada en 2019 es un hecho, con independencia del modo en que se procesen cuestiones de forma. Las áreas de afinidad ideológica se mantienen, y está dentro de lo posible que todos vuelvan a alinearse, en votaciones parlamentarias o en las próximas elecciones, pero ayer los cabildantes cruzaron una frontera sin retorno.
El presidente Luis Lacalle Pou le comunicó al senador Guido Manini Ríos que pedía la renuncia de la ministra Irene Moreira, pero Manini desafió públicamente la autoridad del primer mandatario, afirmando que había cometido una equivocación y que esperaba que se rectificara. De inmediato, Lacalle Pou le informó a Moreira que el pedido de renuncia seguía en pie, pero ella se tomó su tiempo para anunciar que pasará a integrar el Senado, tras una gestión ministerial deslucida.
Por si hiciera falta recordarlo, el artículo 174 de la Constitución dice que “los ministros cesarán en sus cargos por resolución del presidente de la República”. Lo habitual es que renuncien cuando el presidente les pide que lo hagan, sin obligarlo a una resolución formal para destituirlos, pero no cabe la menor duda sobre el fondo del asunto.
Esto vale para cualquier gobierno nacional, y muy especialmente para uno articulado sobre la base de que las decisiones de Lacalle Pou no sólo se acatan sin chistar, sino que tampoco son discutidas previamente con los demás líderes del oficialismo, que carece de un organismo de conducción (o por lo menos de coordinación).
El desencadenante de la fisura pudo ser otro más conveniente para la imagen de CA, vinculado, por ejemplo, a la exposición de discrepancias sobre algún proyecto impopular, pero fue una decisión impresentable de Moreira, quien puso a una militante de su partido en igualdad de condiciones que las personas sorteadas para que el Ministerio de Vivienda les adjudicara apartamentos, en alquiler con opción a compra. Para peor, la ministra y Manini quisieron justificar lo hecho invocando presuntas normas que en realidad no existen.
La arbitrariedad, con fuerte apariencia delictiva, fue menos grave que varias irregularidades, decisiones y leyes aprobadas en este período de gobierno, pero causó una oleada de indignación popular, y hoy en día esto es un factor político de primer orden.
Se puede suponer que si Manini no le hubiera impuesto a Lacalle Pou cambios de último momento del proyecto de reforma jubilatoria, en una puesta en escena para diferenciarse del resto del oficialismo, este y el presidente habrían intentado proteger a Moreira, como lo hicieron antes con otros jerarcas no menos comprometidos, pero hace tiempo que el líder cabildante pone sus propios intereses por encima de los del gobierno que integra, y ya no puede esperar solidaridad de sus socios.
Es temprano para evaluar qué consecuencias tendrá todo esto para el país. No es bueno que el gobierno se debilite ni que la atención de la ciudadanía se centre en inconductas personales, pero puede ser conveniente que algunas iniciativas oficialistas no lleguen a concretarse.