¿Cuál plebiscito de la seguridad social?

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En momentos en que se está discutiendo un posible plebiscito sobre la seguridad social como única respuesta posible y sensata al fenomenal retroceso de derechos que ha votado en el Parlamento la coalición gobernante –contraviniendo discursos preelectorales de 2019, con todo lo que ello implica en cuanto a la calidad de nuestro sistema de gobierno–, tal vez convengan algunos recordatorios. La decisión principal es política, y para su mejor resolución es necesario contar con los mejores fundamentos jurídicos, ampliando el correcto y escueto informe del constitucionalista José Korzeniak.

¿Qué puede plebiscitarse?

Después de la aprobación, en setiembre de 1995, de la ley “de las AFAP” (acompañada de un importante número de recortes de beneficios más, que aún están vigentes), me tocó estar desde el inicio en las conversaciones para promover la papeleta a partir de la cual juntar las firmas necesarias para hacer posible la consulta popular en las elecciones de 1999. Teníamos a nuestro lado al abogado número uno en materia de jubilaciones y pensiones de Uruguay, el doctor Hugo de los Campos.

Además de su propia experticia, Hugo se basó nada más y nada menos que en el doctor y profesor Horacio Cassinelli Muñoz, de lo más brillante que ha conocido la cátedra universitaria de Derecho Constitucional a lo largo de toda su historia.

Revisando el contenido de aquella papeleta, uno se hace una idea clara: el pueblo puede poner en la Constitución de la República cualquier cosa que le parezca conveniente para sus intereses y los de la nación. Es lo que desde el derecho romano se conoce como actio popularis, es decir la potestad del pueblo de accionar cuando se siente vulnerado: cuando el pueblo manda, manda de verdad, y escribe la Constitución que habrá de regirlo con los contenidos que le resulten más convenientes a sus intereses legítimos. Sin límites.

Recordemos brevemente los tres únicos antecedentes que tenemos en el Uruguay posdictadura, y actuemos en consecuencia. El del llamado “plebiscito de los jubilados” en 1989 (victorioso de manera aplanadora y contundente); el de “la pantera rosa” en 1994 (también victorioso por amplísima mayoría), y el “de las AFAP” en 1999 (lamentablemente derrotado).

1989: la rapidez de la inteligencia siempre es una fortaleza

En el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, jubilados, jubiladas y pensionistas se cansaron de ser utilizados como “variable de ajuste” para los números del sistema. Todos los años se les ajustaba un porcentaje distinto, sin relación racional con el costo de vida y la evolución salarial. Entonces, un pequeño grupo de los afectados (en su mayoría de extracción partidaria propiamente colorada) decidieron decir basta y rápidamente se pusieron de acuerdo en el texto de la papeleta para salir a juntar firmas y alcanzar el éxito: no demasiadas cosas, y muy claras de explicar a la población para obtener su apoyo.

Resolvieron sencillamente agregar al artículo 67 de la Constitución que las pasividades debían ajustarse: a) por la evolución del índice medio de salarios; b) en la misma oportunidad que a los funcionarios de la administración central; c) que debían siempre sustentarse por las contribuciones obreras y patronales; d) que debían contarse como recursos propios del sistema (y no como “déficit”) los demás tributos establecidos por ley; e) que dichos recursos no podían afectarse a fines ajenos; y f) que si no alcanzaban, el Estado debía proporcionar la asistencia financiera que fuera necesaria.

Así de simple y contundente. La victoria fue por paliza: 82% de la ciudadanía acompañó el Sí.

1994: con la senda ya trazada, fue como raspar y comer

En 1992, en el primer gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera se introdujeron en la Rendición de Cuentas unas pocas “reformas” al régimen jubilatorio vigente, que también significaban un retroceso evidente para las trabajadoras y trabajadores. En esa oportunidad, la respuesta inicial surgió de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) en coordinación con los equipos de representación de los trabajadores y trabajadoras y de los jubilados, jubiladas y pensionistas en el Banco de Previsión Social (BPS). La redacción hecha por Hugo fue concreta y trató de agregar la letra V a las Disposiciones Especiales y Transitorias de la Constitución que simplemente declaró “la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales o previsión social (artículo 67) que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas” con retroactividad a la fecha de octubre de 1992 (que fue cuando el Parlamento había “reformado” las jubilaciones y pensiones). Ante una ley regresiva para las grandes mayorías, una rápida resolución del texto y una clara explicación, el resultado no se hizo esperar y el Sí de la papeleta rosada ganó con más de 72% de los votos.

1995-1999: el largo e intrincado camino a la derrota

A menos de un mes de aprobada la Ley de las AFAP, es decir, en octubre de 1995, con la ayuda de Hugo y asesores, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATDD) y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) nos pusimos de acuerdo en el texto de la papeleta, con solamente diez puntos que eliminaban a las AFAP y otros aspectos, creando un período de transición para que el Parlamento futuro votara una ley ampliamente discutida, con cometidos establecidos precisamente en la Constitución.

Lamentablemente, en esa oportunidad el camino recorrido por el llamado “campo popular” fue distinto... y tal vez necesariamente por eso el resultado fue también tan penosamente negativo para los intereses ciudadanos y del país.

Hagamos un poco de memoria. El PIT-CNT, correctamente, promovió un amplio espacio de discusión con otros sectores sociales, el Frente Amplio, Claveles Rojos, el Partido Demócrata Cristiano y otros (el Encuentro Progresista no existía).

Pero ese espacio se transformó en un lugar en el que, lejos de avanzar rápida y concretamente, se demoraron las cosas exasperantemente: con reuniones todos los lunes en Acción Sindical Uruguaya, nos encontramos con que un lunes sí y otro también aparecían distintas propuestas para incluir en la papeleta, que pasaban a discusión de los distintos actores, se rechazaban al lunes siguiente, pero aparecía algo nuevo y se volvía al proceso referido... hasta pasar más de diez meses.

Al cabo de ese tiempo se terminó aprobando exactamente el mismo texto que ATSS y Onajpu habíamos aprobado. Toda esta demora terminó significando que cuando nos pusimos a juntar las firmas ya había más de 150.000 trabajadores y trabajadoras en las AFAP, los promotores pululaban ofreciendo termos, llaveros y otros “obsequios” para quienes se afiliaran a ellas, etcétera (además de otras dificultades que en nada ayudaría recordar ahora).

Resultado: no se alcanzaron las firmas, no hubo plebiscito, y las trabajadoras, trabajadores, jubilados, jubiladas y pensionistas y el país retrocedimos de una manera innegable.

2023: ¿aprender o reventar?

Si bien los pasos que el movimiento sindical y social viene dando son correctos, surge un primer riesgo de repetir la experiencia del 99: ¿se trabajará rápidamente y en un pie de igualdad con toda la Intersocial y los sectores político-partidarios, o se hará un nuevo “seguidismo” de estos últimos, corriendo el riesgo de hipotecar el resultado que se desea?

En mi modesta opinión, es hora de hacer centro en el corazón del sistema y sus principales problemas: 1) tirar abajo las administradoras de ahorro previsional y las aseguradoras privadas, eliminándolas y prohibiéndolas; 2) poner transitoriamente en su lugar una administradora estatal de capitalización colectiva (no República AFAP) que no pueda seguir cobrando comisiones, con lo cual las trabajadoras y trabajadores afiliados ganarán inmediatamente mes a mes y al momento de jubilarse; 3) establecer un plazo sensato para hacer una reforma verdadera con base en principios verdaderamente solidarios y justos constitucionalmente escritos, compartidos y con pleno diálogo social; 4) tirar abajo los tres aspectos rechazados por una muy buena parte de nuestro pueblo: edad de retiro, salario básico jubilatorio y tasa de reemplazo (es decir, los años de edad para jubilarse, los de trabajo que se toman en cuenta para el cálculo del promedio y el porcentaje de este, que es lo que se termina cobrando “en la mano”); 5) incorporar otro artículo que establezca que toda nueva reforma requiera mayorías especiales para su aprobación; 6) incorporar un fuerte componente de género y política de cuidados dándole entonces un rango constitucional; 7) establecer en el artículo 67 actual que los futuros ajustes de pasividades se harán tomando en cuenta el mejor de los índices entre el de evolución salarial y el de aumento de los precios al consumo¹ privilegiando a las pasividades mínimas; 8) fijar una norma que apunte a una importante participación del capital en el financiamiento de la seguridad social con especial atención a los cambios en el llamado “mundo del trabajo”; 9) eliminar el llamado “diezmo” que se les cobra a quienes se han jubilado y lo harán por la llamada ley de “cincuentones”; y 10) aprovechar para reducir el número de directores políticos del Banco de Previsión Social de cuatro a dos.²

Incluyo en estas sugerencias aspectos de la propuesta de ATSS y algunos más sobre los que no se habla, pero que en mi modesta opinión aseguran el apoyo de la mayor cantidad de compatriotas.

Estoy convencido de que si se desea, en un plazo no superior a dos meses, es posible tener la papeleta pronta. Verá el PIT-CNT si el inicio de la recolección de firmas se da en el marco del nuevo Congreso del Pueblo que se proyecta.

Aprovechar las fortalezas que tenemos

Transitar un camino más largo en la definición de la papeleta, tropezar con dubitaciones acerca de la independencia de clase, es apostar, se quiera o no, a una derrota. Y, tan importante como lo anterior, es desaprovechar el fabuloso plus que hoy tenemos al estar los tres llamados directores sociales en contra de la reforma y proclives potencialmente a un plebiscito. Quienes asesoran a José Pereyra de los empresarios, Ariel Ferrari de los “pasivos” y Ramón Ruiz de los trabajadores y trabajadoras tienen más que suficientes argumentos y capacidades técnicas –junto a una amplia gama de economistas y organizaciones de mujeres– como para articular la papeleta necesaria para llegar al buen puerto que la inmensa mayoría de nuestro pueblo espera.

Si nada podemos esperar sino de nosotros mismos: ¿a quién o a qué estamos esperando para resolver esta etapa rápida y exitosamente, y así ponernos cuanto antes a explicar a nuestro pueblo para que nos acompañe con sus firmas ahora, y obteniendo luego por amplia mayoría un ansiado Sí en las elecciones del año que viene?

Lo dicho por el personaje Sempronio a la Celestina en la obra literaria es un muy buen faro que abreva en el refranero popular que suele ser muchas veces sabio: “Contentémonos con lo razonable, no lo perdamos todo por querer más de la razón, que quien mucho abarca poco suele apretar…”. Al fin de cuentas, no será para nada poco lo que abarquemos y apretemos realmente.³

Adolfo Bertoni fue presidente de la ATSS.