Es un dato de la realidad que los tupamaros se alzaron en armas contra un gobierno que, si bien tenía legitimidad democrática, a partir del fallecimiento del presidente Óscar Gestido y la asunción del vicepresidente Jorge Pacheco Areco inició un camino de uso de la violencia poco compatible con el ejercicio de la convivencia democrática. Fueron parte de un proceso de retroalimentación de violencias, aunque de características y dimensiones diferentes.
También es un dato de la realidad que el gobierno democrático de Salvador Allende fue derrocado sanguinariamente por la derecha mediante el golpe militar perpetrado por el genocida Augusto Pinochet e impulsado por el gobierno de Estados Unidos, en el que tuvo especial participación el entonces consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger.
Y también es un dato de la realidad que la derecha uruguaya (apadrinada también por el gobierno de Estados Unidos) ejecutó un violento golpe de Estado liderado por militares que conformaron un partido político ilegal e inconstitucional, dirigido por la Junta de Oficiales Militares, que además, como parte de ese proceso, expulsó a todos los oficiales democráticos que permanecieron fieles a la Constitución y las leyes. Un partido político que también supo ser una “asociación para delinquir”, una banda terrorista y subversiva, un grupo criminal atentatorio de la Constitución en reiteración real, una verdadera mafia que asesinaba, torturaba, violaba y desaparecía a muchas de sus víctimas. Y robaba.
La violencia como recurso político era muy usada en aquellas épocas.
En febrero de 1973 el partido militar uruguayo realizó sus primeras manifestaciones públicas mediante una rebelión para impedir la asunción del ministro de Defensa Nacional legalmente designado por el débil (democráticamente hablando) presidente uruguayo Juan María Bordaberry. Emitieron varios comunicados públicos, entre los que se destacaron el 4 y el 7, garabateando un supuesto programa político que en realidad era un engañapichanga de contrainteligencia. Bordaberry finalmente negoció y claudicó a cambio de mantenerse en su carguito, lo que al incipiente partido militar le resultó funcional porque minimizaba su exposición pública. Los oficiales y soldados que defendiendo la Constitución se opusieron y enfrentaron a esa rebelión fueron pasados a retiro, expulsados o enviados a prisión en un corto plazo. El almirante Juan José Zorrilla fue uno de los más conocidos por su destacada y arriesgada acción de atrincheramiento en la Ciudad Vieja.
En esa conformación de un partido político militar jugaron un papel fundamental algunas logias, organizaciones políticas ilegales que operaban clandestinamente dentro de las Fuerzas Armadas. Algunas de ellas aún hoy operan.
Durante 12 largos años el partido político militar gobernó dictatorialmente el país en alianza con un importante sector de la derecha política, con base en el ejercicio de la violencia que les permitía el poder de las armas. Las mismas armas que la democracia les había confiado para que defendieran la soberanía mediante lo establecido en la Constitución. La misma Constitución que ellos violaron grosera y descaradamente. Ese partido político tuvo una dirección política en la Junta de Oficiales Generales, que a su vez definía quiénes serían sus miembros; una verdadera oligarquía militar que concentraba el poder y el ejercicio de la violencia en pocas manos autoelegidas.
Recién a partir de su derrota electoral en el plebiscito de 1980, mediante el que intentaron preservar su inconstitucional poder y fracasaron, comenzó el proceso que llevaría al regreso de la vigencia de la vieja Constitución, los partidos políticos y la democracia en Uruguay. Un proceso que no fue fácil ni lineal, pues en las elecciones de 1984 aún había una enorme cantidad de personas y partidos proscriptos, así como presos políticos. Ni que hablar que la libertad de expresión estaba fuertemente limitada para gran parte de los ciudadanos.
En el proceso de reconstrucción democrática pos-1985, el supuestamente disuelto partido militar volvió a rebelarse a través del comandante en jefe del Ejército, el general Hugo Medina, contra las órdenes judiciales que intentaron avanzar un poco en la investigación sobre los asesinatos, torturas y desapariciones cometidas por los militares durante el gobierno militar; forzando la aprobación de una ley que impidiera su juzgamiento, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Ley que finalmente se mantuvo vigente a través de un referéndum en el que la censura y el chantaje de la rebelión militar jugaron un papel clave. Medina fue premiado con un ascenso a ministro de Defensa Nacional y los militares reafirmaron su “autonomía” frente a los civiles.
El “partido militar”, agiornado y vuelto a la clandestinidad, se expresaba a través de la voz de sus comandantes, lo que se evidenció en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, en el que el poder político democrático una vez más “se fue al mazo”.
Después de la destitución de Manini Ríos en marzo de 2019, el viejo y “clandestino” partido militar opta por transformarse en un partido público, paramilitar en el sentido amplio del término.
Recién con la asunción de Azucena Berrutti y José Bayardi en 2005 el poder civil democrático inició el camino de recuperación del mando, plasmado en numerosas acciones, entre las que se destacaron, sin duda, la aplicación efectiva del artículo 4º de la ley de caducidad con el ingreso de la Justicia a los cuarteles, las excavaciones y la aparición de algunos cadáveres de los desaparecidos, la recuperación de algunos archivos, así como la aprobación de la Ley Marco de la Defensa Nacional. Sin embargo, en los años siguientes se entró en un estancamiento de ese proceso, que recién recuperó el impulso hacia fines del segundo gobierno de Tabaré Vázquez con la reforma parcial del abusivo sistema de retiros militares y la aprobación de una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (que insólitamente aún se regulaba por la vieja Ley 14.157, aprobada en la dictadura en 1974, en varios de sus aspectos sustanciales). Algunas otras acciones, en cambio, como el mantenimiento del rebelde comandante en jefe del Ejército, el entonces general Guido Manini Ríos, o la asignación de atribuciones a los militares en la frontera, son más discutibles.
Finalmente, después de la destitución de Manini Ríos en marzo de 2019, el viejo y “clandestino” partido militar opta por transformarse en un partido público, paramilitar en el sentido amplio del término, dirigido por militares retirados de la vieja guardia pero actuando en el marco legal de la democracia. Los resultados electorales le permitieron además convertirse en un partido bisagra, decisivo en el voto parlamentario entre los dos grandes bloques (una vieja aspiración que nunca logró plasmar el Partido Independiente). Y si bien la participación democrática de ese partido en el marco legal es una buena noticia, la distribución territorial del voto de Cabildo Abierto, sumada a su correlación con varios otros indicadores, permitió ver que la politización ideológica de las Fuerzas Armadas se mantuvo. La depuración que hicieron durante la dictadura de todos los militares verdaderamente democráticos y el poder que conservaron durante los años de democracia les permitió mantener su ascendencia. Lo cual es una mala noticia, democráticamente hablando. Y militarmente, también.
El actual presidente, Luis Lacalle Pou, si bien mantuvo como ministro a un civil y como director de secretaría a otro civil de su confianza, debió ceder la subsecretaría de Defensa a un militar retirado impuesto por Manini, como parte de la aceptación del poder definitorio que Cabildo Abierto tiene en el Parlamento. Un juego de contrapesos.
El ejercicio del mando superior es un componente sustancial de la transformación imprescindible que el sistema democrático debe hacer en las Fuerzas Armadas uruguayas para terminar con la politización interna y garantizar que nunca más habrá golpes de Estado militares ni dictaduras de ningún tipo. Ojalá el sistema político uruguayo entienda que eso debería ser una política de Estado impulsada por todos los partidos verdaderamente democráticos.
La fortaleza de la democracia uruguaya en el futuro depende de la construcción de unas Fuerzas Armadas profesionales, no partidizadas, profundamente integradas a la sociedad en el sentido vareliano y consustanciadas con los valores democráticos que la sociedad uruguaya tiene.
Gustavo Scaron fue presidente de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio. Este artículo es el cuarto y último de una serie de columnas del autor sobre las Fuerzas Armadas.