Entre el 17 y el 18 de julio tuvo lugar la III Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Pasaron ocho años desde que se realizó la II Cumbre entre ambas regiones.
Muchas expectativas estuvieron puestas en lo que podía ocurrir. Estaba la posibilidad de alcanzar un consenso respecto a la guerra de Ucrania, que no se cumplió porque la declaración final refleja las discrepancias de los estados al respecto y no fue contundente en ninguno de los sentidos.
La UE también se lució con su ofrecimiento de 45.000 millones de euros en inversiones de infraestructura (transporte, minerales, Fondo Amazonía, redes 5G, hidrógeno verde) a implementarse a través del Programa Global Gateway, conocido como el instrumento rival del plan de la Franja y la Ruta de China. Más allá de la retórica de cooperación y diálogo político que repite la UE, la intención es salir más fuertemente al cruce del avance de la inversión y presencia de China en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe sigue siendo un espacio geográfico estratégico en un mapa de operaciones para la UE.
Para nuestra región y en el Cono Sur, el principal foco de atención estuvo en la posibilidad de avanzar, o ¿cerrar?, ¿reabrir?, ¿renegociar?, el tratado de libre comercio (TLC) entre la UE y el Mercosur, que lleva más de 20 años en negociación y al que ningún gobierno ha podido ponerle el lazo.
La asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en enero de este año sacudió un poco las relaciones internacionales de la región, con una proactividad en el escenario internacional y en temas centrales inexistente durante el período Bolsonaro. En particular, y esta era una de las expectativas, Lula marcó la cancha desde el inicio respecto al TLC, planteando la necesidad de reabrir las negociaciones, ya que en las condiciones en las que fue firmado no beneficia los intereses de su país, en particular por la preocupación por reindustrializarlo.
Recapitulando
En julio de 2019 se anunció con mucho entusiasmo la finalización de las negociaciones entre ambas regiones. Sin embargo, las resistencias de parte de algunos países europeos que levantaron la bandera ambiental por la oposición de sectores productivos nacionales que podrían verse afectados por el TLC no permitió que se concretara efectivamente el cierre de las negociaciones.
En octubre de 2021, el Parlamento Europeo ratificó la no aprobación del acuerdo en las condiciones en las que había sido firmado en 2019, a raíz de la política de desprotección ambiental generalizada del gobierno de Bolsonaro en Brasil, que se presentaba como claramente contrario a los compromisos internacionales en materia ambiental.
Desde ese entonces se observa una creciente reticencia a concluir este TLC, aunque no todos plantean el mismo tipo de preocupación.
Si bien la relación histórica entre la UE y la región, en particular el Mercosur, es una retórica constante y optimista sobre las negociaciones entre las regiones, son cada vez más evidentes los rasgos neocoloniales del acuerdo y de la postura de la UE. Esto debería hacernos dudar de si no estaremos aceptando una relación de cooperación sobrevalorada en comparación con el aporte real para el desarrollo de nuestra región.
Desde 2005 en adelante, pero con cada vez más notoriedad después de la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania, la política exterior de la UE se ha enfocado en su política comercial y en asegurar el control de recursos estratégicos para su desarrollo y bienestar. Este actor global, con un diferencial ventajoso respecto a las metodologías que utiliza tradicionalmente Estados Unidos para sus negociaciones comerciales y económicas, ha venido escalando en el tipo de política comercial que ofrece a sus socios, supeditando cada vez más los clásicos componentes de cooperación y diálogo político que la caracterizaban a sus intereses comerciales y económicos. Según la UE, su política comercial se usa también “como vehículo para fomentar los principios y valores europeos, desde la democracia y los derechos humanos hasta la defensa del medio ambiente y los derechos sociales”.1
Sin embargo, los contenidos del TLC con el Mercosur conocidos hasta ahora, al igual que las experiencias de otros países de la región en la negociación de TLC similares con la UE, muestran algo muy distinto de su política comercial.
Derecho al desarrollo versus neocolonialismo
El gobierno de Lula no sólo está modificando el tono de las negociaciones con la UE, está creando nuevas condiciones de incidencia para la región. En estas nuevas condiciones cobra mayor relevancia la tensión medular preexistente en el vínculo comercial entre ambas regiones. Una tensión que expresa los obstáculos y condiciones para el desarrollo e industrialización de nuestra región. A partir del nuevo tono que Lula está imponiendo a las negociaciones, emerge de forma mucho más explícita el carácter neocolonial de la política comercial de la UE.
Uruguay también debería sentirse interpelado por esta tensión. El acuerdo firmado en 2019 marca claramente escenarios de riesgo e impactos multidimensionales para las políticas públicas, los derechos humanos y la justicia ambiental. Por un lado, la UE ha pasado de proteger su producción nacional frente a importaciones más competitivas (como las que provienen de la región) a exportar estos productos. Esto explica las presiones de la UE a la apertura de mercado del Mercosur a sus productos lácteos. El sector lácteo en Uruguay es altamente productivo, emplea mano de obra y aporta productos diversos manufacturados. El mercado regional, encabezado por Brasil, sigue siendo el principal destino de las exportaciones lácteas de Uruguay. ¿Qué impacto tendrá el ingreso de productos lácteos subsidiados en el mercado regional? ¿Qué estrategias ha desarrollado el gobierno para proteger su industria láctea? ¿Cómo se traducen estos impactos en materia de empleo? ¿Qué nos dice el gobierno sobre esto? Silencio.
La fuerza negociadora que está poniendo en juego Brasil en este nuevo escenario y los argumentos con los que se justifica esta necesidad de reabrir las negociaciones nos debería llamar a la reflexión en Uruguay.
Por otro lado, en 2014 la UE rechazó la inclusión de una cláusula de industria naciente propuesta por el Mercosur que tenía como objetivo proteger el crecimiento y desarrollo de sectores industriales considerados estratégicos. La UE rechazó esta propuesta aludiendo que la mejora en los indicadores económicos de la región de los últimos años no justificaba una cláusula de estas características. Además del rechazo, la UE presionó para una apertura para sus bienes industriales. Es decir que ni aumentaremos considerablemente la exportación de carne (la cuota ofrecida por la UE en 2019 pasó a 99.000 toneladas para todo el bloque, 5% de lo que el bloque exportó a la UE en 2017), que constituye según los defensores del acuerdo uno de los argumentos positivos, ni tampoco tendremos condiciones para proteger sectores estratégicos o para reimpulsar un proceso de industrialización.
Como dijo Lula en una conferencia de prensa mantenida durante la cumbre UE-Celac, “Francia está muy interesada en proteger sus productos agrícolas, su pequeña y mediana agricultura. Y de la misma forma que Francia tiene esa primacía de defender con uñas y dientes su patrimonio productivo, nosotros tenemos interés de defender el nuestro. La riqueza de la negociación es que alguien tiene que ceder”. ¿Qué está dispuesta a ceder la UE?
En total, y según información trascendida en medios de prensa, Brasil está estableciendo la exclusión de Compras Gubernamentales (de bienes y servicios del programa de alimentación escolar y de seguridad alimentaria, compras relacionadas al sector salud, compras relacionadas a acceso a mercados para tecnologías de emisiones cero), se reserva un margen de preferencia para pequeñas y medianas empresas, protege el sector de construcción nacional. Una preocupación detrás de esta exclusión de compras gubernamentales es garantizar el acceso a medicamentos para el Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil y promover la producción nacional de medicamentos e insumos. Se trata de una preocupación histórica de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), en particular de los de Lula.
En los textos presentados en 2019 Uruguay abre las compras gubernamentales de Presidencia, ministerios (salvo excepciones de determinadas compras en el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional), del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Corte Electoral, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Además, nuestro país se compromete en los próximos dos años de entrada en vigencia del acuerdo a realizar consultas internas con los gobiernos departamentales, buscando ampliar la cobertura del acuerdo al nivel subnacional con compromisos de todas las entidades bajo los gobiernos departamentales y que el alcance de la cobertura que se considera satisfactoria ascienda a 65% del PBI. Las exclusiones que hace Uruguay en este capítulo tienen que ver con adquisiciones de petróleo y derivados, energía, adquisiciones de ganado, contratación de servicios financieros, contratación de delegación de servicios, contrataciones en el marco del Programa de Compras Públicas para el Desarrollo y las leyes de agricultura familiar y pesca artesanal. También incorpora y mantiene el requisito de mano de obra nacional en los contratos de obra pública.
La fuerza negociadora que está poniendo en juego Brasil en este nuevo escenario y los argumentos con los que se justifica esta necesidad de reabrir las negociaciones nos debería llamar a la reflexión en Uruguay. Al menos debería existir un reflejo de revisión de los compromisos asumidos a la luz de un nuevo contexto socioeconómico y geopolítico del país, la región y el mundo. Sobre todo y para aquellos actores políticos y sociales que promueven un proyecto de transformación social en clave de justicia, nos debería hacer pensar sobre qué políticas será posible aplicar a futuro y cómo estos compromisos pueden operar como obstáculos.
El vestido verde de la UE
En 2019 el principal obstáculo para la entrada en vigencia del TLC fue la “preocupación” respecto a la desprotección ambiental generalizada por la política criminal del gobierno del expresidente Bolsonaro en Brasil. La respuesta que tuvo la UE para instrumentalizar su preocupación y las tensiones internas fue imponerle al Mercosur un Protocolo Ambiental unilateral que, entre otras cosas, amenaza con someter controversias respecto a qué tan bien cuidamos del ambiente en la región a arbitrajes internacionales similares a los que utilizan las empresas para demandar a los países. El mismo tipo de mecanismo de arbitraje utilizado por Philip Morris contra Uruguay. De las conversaciones de los últimos meses y de trascendidos de prensa, se sabía que la UE esperaba que el Mercosur hiciera una contrapropuesta a este protocolo adicional.
En la cumbre UE-Celac Lula dejó muy en claro que “la defensa de valores ambientales no puede ser excusa para el proteccionismo” y que es “imposible imaginar que entre socios históricos como nosotros alguien haga una carta como amenaza. Nosotros tenemos una carta de respuesta y creemos que la UE va a acordar en nuestra respuesta”. Si la preocupación europea por la protección ambiental fuese genuina, se revisarían profundamente todos los términos del TLC, se responsabilizaría por el comportamiento violatorio de los derechos humanos de sus empresas en la región y se apelaría al escenario multilateral como forma de resolver los problemas ambientales que denuncia.
Nuestra región tiene una oportunidad histórica para controlar daños y para potenciar la capacidad negociadora como bloque. Sí, el Mercosur tiene que sincerarse, y eso pasa por reconocer que no puede entregar la potestad regulatoria de sus estados a cambio de un acuerdo que está lejos de contribuir al derecho al desarrollo de la región y que mucho menos garantiza la justicia ambiental. Un protocolo ambiental es sólo un parche inútil para un acuerdo fracturado.
Natalia Carrau es integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay.