El ministro de Defensa, Javier García, expresó días atrás que hay una habitación del Ministerio que contiene archivos relacionados con el pasado reciente, archivos cuyo contenido dice el ministro que desconoce y que le preocupa que no hayan sido abordados. Afirma que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) no ha demostrado interés pues “hace cuatro o cinco años que la INDDHH y sobre todo el delegado del Frente Amplio de la INDDHH no ha mostrado acción”. Dice que parte de este archivo se encuentra digitalizado por la Secretaría Nacional (sic) de Derechos Humanos para el Pasado Reciente pero que, a partir de un acta labrada entre el Ministerio del Interior y la INDDHH, el 27 de febrero de 2020, se definió que el ente a cargo fuera la INDDHH.
Finalmente, vincula esta manifestada preocupación con su interés en que se liberen los archivos del pasado reciente, para lo cual presentó un proyecto de ley, meses atrás, pero lamentó que haya sectores políticos que no acompañan tal iniciativa atribuyéndoles falta de disposición y afirmando que “les quema el tema de los archivos”.
La Ley 19.822, aprobada en setiembre de 2019, acomete a la INDDHH a la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado. Para ello, se le otorgan facultades especiales y se establece las formas de vincularse con los distintos organismos que sean necesarios en el desarrollo de la competencia atribuida. Pero, además, la ley reguló la situación de los archivos relacionados al período dictatorial dándole a la INDDHH la calidad de repositorio de todos los archivos existentes en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, así como de otros relacionados con la materia que se digitalicen. En relación a la digitalización, indica que deberá continuar realizándose por el Poder Ejecutivo, quien podrá mantener o realizar nuevos convenios con la Universidad de la República. De manera que, en relación a los archivos, la INDDHH debía recibir todos los que utilizaba el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, sean estos digitalizados o en formato papel y, en relación a otros archivos que no estuvieren bajo tal órbita, se le remitirá copia digitalizada de los mismos, tarea que debía realizar el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Esta calidad de repositorio asignada a la INDDHH requería, por ende, de la colaboración de la citada Secretaría a efectos de realizar una transferencia ordenada de todos los archivos hacia la institución. También reclamaba que la misma Secretaría, que desarrollaba la tarea de digitalización, en el marco de un convenio celebrado años atrás con la Udelar, continuara desarrollando tal función en relación a otros archivos aún no digitalizados o en proceso de digitalización.
Ambos aspectos que conformaban la función de repositorio distan mucho de haberse concretado por dificultades no atribuibles a la INDDHH. Por un lado, fue largamente dilatado en el tiempo la entrega de los archivos digitalizados en poder de la Secretaría, lo que finalmente, en parte, se concretó. Los archivos en papel no fueron entregados a la INDDHH como era deber de la Secretaría según lo dispuesto por la ley. En relación a la digitalización, al asumir la competencia dada por la Ley 19.822, la INDDHH constató que la digitalización ya no se estaba realizando ni se informó cuándo se retomaría tal tarea. Con el cambio de gobierno, la dirección de la Secretaría fue asignada a la Sra. Matilde Rodríguez. Desde que asumió el cargo, quienes dirigimos la competencia dada a la INDDHH mantuvimos varias reuniones con la directora a fin de concretar la transferencia de los archivos, así como para conocer de qué forma se retomaría la digitalización interrumpida. Incluso, conociendo que el convenio con la Udelar había vencido pocos meses antes, hicimos contactos con el rectorado para favorecer reuniones entre la Secretaría y Udelar con la finalidad de firmar un nuevo convenio. A pesar de contar con la disponibilidad constante de la Universidad, no hubo por parte de la Secretaría ningún avance en la concreción del necesario convenio.
Ésa debería ser la preocupación del ministro, persuadir a quienes saben a que aporten la información para llegar a ubicar los restos y acercarnos a la verdad de lo sucedido.
Ante esta inacción, la INDDHH exploró otros caminos posibles a fin de conocer el contenido de archivos que estaban disponibles y que podían ser de interés en la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas. Es así que el equipo de investigadores, contratados por la INDDHH para esta nueva competencia, trabajó en el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Con autorización del entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga, los investigadores pudieron finalmente conocer el contenido de parte de estos archivos, en especial el relativo a la Operación Morgan, bajo la estricta condición que no podía retirarse material alguno ni registrarse fotográficamente la documentación, limitándose la investigación a conocer el contenido y tomar nota de lo que fuere de interés.
El archivo que se encuentra en el Ministerio de Defensa y que parece que preocupa especialmente al actual ministro tiene una parte digitalizada y restan, para completar esta tarea, varias cajas de documentación en papel. Fue el anterior ministro de Defensa, José Bayardi, quien dio cuenta de este archivo a la INDDHH y que proporcionó las llaves del lugar donde se encontraba guardado, además de un detallado informe del contenido de tales cajas. De este archivo también la INDDHH le informó a la directora de la Secretaría el interés en su digitalización. Tampoco se realizaron acciones para que tal tarea se concretara.
Demás está decir que otros archivos también pueden resultar de interés, algunos que se conoce dónde se ubican, dentro de reparticiones del Ministerio de Defensa, y otros que no se tiene una ubicación precisa pero que es indudable que existen. La INDDHH manifestó en reiteradas ocasiones que debe realizarse una búsqueda proactiva de archivos producidos por los órganos integrantes de las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado, se lo expresó tanto al actual ministro de Defensa como a la vicepresidenta de la República, y públicamente en las ocasiones en que el tema de archivos concitaba el interés de los medios de prensa. Una búsqueda proactiva quiere decir que debe existir un equipo técnico idóneo y externo al Ministerio de Defensa que tenga facultades para ingresar a los lugares donde pueden existir tales fondos documentales para conocerlos, digitalizarlos y ponerlos a disposición de la INDDHH a fin de investigar su contenido y facilitar el acceso público bajo los protocolos preestablecidos. Pero no ha habido respuesta institucional a este pedido. En su lugar, se pretende, por parte del ministro de Defensa, atribuir a la INDDHH falta de interés en el acceso a los archivos e incumplimiento de la tarea de digitalización. Creo que ha quedado claro el interés que ha demostrado la INDDHH en relación a los fondos documentales.
Sin duda no era ni es tarea de la INDDHH la digitalización, y el ministro lo sabe. La ley es clara en indicar quién debe desarrollarla y debe cumplirse con lo legalmente dispuesto. Es ilegal que por medio de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la INDDHH se modifique lo que manda la ley, pero además ese acuerdo nunca existió. El ministro pretende mostrar preocupación por archivos de los que él conoce su contenido, ya que cuenta con la misma información detallada del contenido de las cajas existentes en el Ministerio de Defensa, en una supuesta preocupación por el conocimiento de la verdad, pero sus acciones –o mejor dicho, sus omisiones– no van en el mismo sentido. Sabemos todos que el conocimiento del destino de las personas detenidas y desaparecidas está en poder de cierto grupo de militares que participaron en la desaparición. Ésa debería ser la preocupación del ministro, persuadir a quienes saben a que aporten la información para llegar a ubicar los restos y acercarnos a la verdad de lo sucedido, pero parece que su encendida defensa de los derechos de los militares no le permite exigirle la imprescindible contribución a la búsqueda, y pretende darle valor sustancial a algunos archivos omitiendo la búsqueda de los más importantes y dedicándose a cuestionar la actuación de la INDDHH que, en un camino de obstáculos, intenta desarrollar una tarea que debe ser asumida por todo el Estado.
Mariana Mota es abogada y fue integrante del consejo directivo de la INDDHH.