Una política central de salud pública no puede hacerse sin un cuerpo teórico donde se desarrollen los ejes de un plan, sin objetivos claros ni acciones concretas, coordinadas y estructuradas, que puedan medirse en indicadores y cuyos resultados cambien una perspectiva de salud de la población. Nada de esto aparece en el “plan de salud mental” del gobierno, que no es más que presupuesto fragmentado, dividido, sin objetivos explícitos ni transparentes, ni coordinación entre actores y sectores del Estado, que no sigue un marco teórico que fue votado por unanimidad en la ley de salud mental hace pocos años ni los objetivos y marco del plan concertado previamente por el Ministerio de Salud Pública (MSP) con actores profesionales, sociales, académicos y científicos, para desarrollarse durante el período 2020-2027.
Parecía una noticia auspiciosa y se ha transformado en un mecanismo hipócrita, ¿un botín electoral con un tema harto complejo y sensible? Un anuncio del presidente que parecía una buena noticia, con el correr de las semanas y conocimiento de los detalles, se ha transformado en un mensaje de corte populista, de gasto en un área de altísima sensibilidad y preocupación social, pero que tiene como mayor destino un saco roto en el sentido de cuidado de la salud mental de la población, y un gasto en organizaciones de dudosa relación con la causa directa, quizás sí con otros menesteres políticos y electorales.
Muchos años de discusión después del plan de salud mental de 1986, y luego de intentos de cambiar la perspectiva de un tema que nos interpela como sociedad, los partidos políticos, las organizaciones científicas y la academia, las organizaciones sociales y gremiales se conjugaron y consensuaron un marco teórico claro incluido en una ley que puso en negro sobre blanco un cambio de paradigma, con perspectiva de derechos humanos, atención cercana, comunitaria, no segmentada, con cierre paulatino de estructuras exclusivamente psiquiátricas en pos de integración, priorizando prevención, rehabilitación y abordaje comunitario, social, sanitario y transdisciplinar. El marco fue unánime pero sin impulsos presupuestales para llevarlo adelante. Corresponde la mención a la responsabilidad y autocrítica en este sentido de administraciones anteriores, y también de esta.
A fines de mayo de 2023, luego de tres años de recorte presupuestal en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de desestructuración de parte del proyecto Ciudadela, de cierre de casas asistidas por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de ignorar el plan de salud mental 2020-2027, el presidente realiza el anuncio de un aproximado de 20 millones de dólares para atención en salud mental. Este anuncio sobre un monto presupuestal no se acompañó ni acompaña de un plan, y tampoco se basa en el plan previo. Hoy, a más de cuatro meses, no hay objetivos, plan ni una visión integral en el marco de la ley.
Luego de la merma sistemática estos años en inversión en salud mental, esta rendición de cuentas vota en Diputados 920 millones de pesos para salud mental. Un gasto que se divide en ocho actores diferentes, sin un plan que coordine ni dialogue, sin objetivos comunes ni estrategias o sinergia en acciones, será entonces un esfuerzo poco eficiente y poco útil. Pero no solamente se trata de un reparto fragmentado de presupuesto, sino que no parecen apuntar al real problema. Autoridades de Salud Pública en comisión del Senado mencionaron nuevas “casas asistidas” tercerizadas no públicas, gasto público destinado a actores o comunidades privadas, “en su mayoría religiosas”, para “ayudar al MSP” aunque “no pensamos que brinden tratamiento sino acompañamiento… cama, calor y cariño, esa es la intención”. Estas afirmaciones generan incertidumbre y un rumbo desacertado del gasto, que debería hacerse como mencionamos, de forma estructurada y coordinada, con objetivos y plan. Este gasto de servicios sin soporte profesional a cargo (de psicólogos, psiquiatras u otro profesional), que no son en un marco de tratamiento ni rehabilitación sino sólo de compañía, no aseguran la adecuada continuidad asistencial que ameritan los procesos para obtener resultados medibles y una política seria. Si la política es de “vouchers” o “vales de tratamientos” para comunidades, casas u organizaciones “amigas”, se corre el riesgo de un gasto ineficaz para la salud mental y eficiente para el beneficio exclusivo de dichas instituciones.
Otro ejemplo de falta de línea estratégica y plan lo ha demostrado ASSE, promoviendo spots fuera de un contexto y proyecto determinado. No tiene ASSE plan de abordaje multiprofesional, visión colectiva y comunitaria del encare en la materia, no planifica cómo brindar la continuidad asistencial ni los cuidados articulados con el Mides (actor que asumirá más de 20% de este presupuesto). La falta de articulación y los esfuerzos aislados, a través de contrataciones de organizaciones, son un botín que nada tiene que ver con la atención a la salud mental de la población.
El encare de la atención tanto sanitaria como social y de cuidados de la salud mental no debe ser un botín electoral sino una política de Estado.
Otro factor que influye en el acceso a continuidad asistencial, según el MSP, son los copagos sanitarios, para lo que pretenden disminuir montos, pero ¿no sería más eficaz y razonable plantear continuidad asistencial a través de acceso universal a psicología, por ejemplo? Un eslabón del que poco se ha hablado, así como no se ha hablado de la necesidad de disponer de equipos multidisciplinarios con trabajadores sociales, enfermería profesional, médicos de referencia y de familia, incluso facilitadores o agentes comunitarios, con los psiquiatras como un actor más pero no centrado exclusivamente en la psiquiatrización de la temática. El gobierno ya falló en destinar millones de pesos segmentados y fragmentados, sin coordinación de varios sectores del Estado para atención a la niñez y adolescencia; no se puede permitir fallar también en salud mental, y mucho menos transformar esta inversión en un botín electoral, simbólico y material.
Es necesario y positivo que el Poder Ejecutivo destine recursos para salud mental. El próximo gobierno, del color político que sea, también lo deberá tener como eje central en su mensaje presupuestal. Es realmente preocupante la improvisación y ausencia de planificación, de coordinación intersectorial, de inversión en un marco conceptual como el que da la ley y el plan anteriormente mencionado; más preocupante la política de distribuir el dinero en organizaciones que no abordan el problema como se amerita desde la comunidad, la continuidad asistencial y los cuidados. La ausencia desde el MSP de una estrategia unificada y coordinada en todos los actores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que no sólo mejore el acceso a medicamentos sino a equipos interdisciplinarios, y que articule con cuidados y casas asistidas en línea con continuidad asistencial y rehabilitación, con la red nacional de drogas, también son ausencias preocupantes. Lo mismo es válido para ASSE en todo el país.
Al tiempo que se potencia a comunidades privadas, no se pone el foco en equipos interdisciplinarios de comunidad y cuidados. No se ha desarrollado una estrategia de prevención ni de detección temprana de adicciones o de conducta suicida, y sus determinantes sociales y comunitarios. No hay plan, y hay altísimo riesgo de anuncios con fines electorales, como un botín simbólico, sin poder medir resultados ni transparencia. Es necesario y urgente un plan articulado y transversal en el que dialoguen la salud, los cuidados, la comunidad, que toda la inversión se haga con objetivos concretos, con una misma mirada, con indicadores medibles, buscando y controlando resultados específicos, con equipos interdisciplinarios profesionales, centrados en la comunidad y las personas.
El encare de la atención tanto sanitaria como social y de cuidados de la salud mental no debe ser un botín electoral sino una política de Estado.
Federico Preve Cocco es médico neurólogo, e integrante de Magnolia, Convocatoria, Frente Amplio.