El dirigente nacionalista Carlos Albisu se vio obligado a renunciar esta semana a la presidencia de la delegación uruguaya a la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, tras el escándalo causado por la contratación directa y con altas remuneraciones de unas 30 personas, muchas de ellas militantes del Partido Nacional (PN).
El tema salió a la luz a raíz de un refuerzo presupuestal a la CTM decretado por el presidente Luis Lacalle Pou. Luego el Frente Amplio decidió interpelar al canciller, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Cabildo Abierto acompañó la propuesta de llamado a sala y adelantó que iba a escuchar las exposiciones para tomar posición.
Albisu renunció, pero dijo que lo hacía para defender al gobierno nacional contra el uso “oportunista” de alguna equivocación suya, motivada por “las ganas de hacer” pero siempre “dentro de la ley”. También reivindicó que desde la CTM había apoyado a diversas iniciativas locales, pero para evaluar esto hay que tener en cuenta que ya compitió por la intendencia de Salto en 2020 y tiene la intención declarada de volver a hacerlo.
Desde el oficialismo se reiteraron al principio procedimientos de manual. Hubo intentos de trasladar responsabilidad a los gobiernos frenteamplistas y Lacalle Pou afirmó que confiaba en Albisu, que valoraba mucho su gestión y que no había que “cobrar al grito”, aunque no podía descartar “una exageración” en las contrataciones directas de la CTM.
Ahora es previsible que se busque minimizar este episodio como un “caso aislado”, que no compromete al PN ni al Poder Ejecutivo y que ya se corrigió. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores.
La CTM es un destino apetecido. No requiere conocimientos específicos (Albisu, por ejemplo, es otorrinolaringólogo), porque el personal técnico orienta las decisiones vinculadas directamente con la represa. Como se trata de un organismo binacional compartido con Argentina, tiene normas y una escala de remuneraciones propias, y su gestión no está sujeta a contralores que son obligatorios para las instituciones estatales uruguayas. Para compensar esto, es necesario y prudente que el Ejecutivo esté muy atento.
Asimismo, en la escala del departamento de Salto las contrataciones de Albisu no eran ningún secreto, y el renunciante integra el sector de Lacalle Pou, Aire Fresco. Cuesta creer que nadie en los altos niveles del oficialismo supiera lo que ocurría antes de que comenzara el escándalo. Más bien parece que si pasaba, pasaba, y que ahora se quemó un fusible para reducir daños en vísperas de la interpelación. El apoyo cabildante no era seguro y varios diputados nacionalistas estaban poco dispuestos a “inmolarse” defendiendo lo indefendible.
Hay responsabilidades institucionales que no desaparecen con la renuncia de Albisu, hay otros integrantes de la delegación uruguaya que no podían ignorar lo que pasó pero permanecen en sus cargos, y las contrataciones deberían ser revisadas. También sería deseable que el Ejecutivo asumiera sus errores, pero de esto no quedan muchas esperanzas.