Al final de la Segunda Guerra Mundial surgió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un organismo correspondiente a la nueva correlación de fuerzas que emanó de la contienda. Han pasado casi ocho décadas; la vigencia de la ONU está en duda porque la realidad del mundo es muy distinta y su pesada estructura cambia lentamente. No obstante, la Secretaría General, actualmente a cargo de Antonio Gutérres, es una institución influyente en el concierto internacional.
El Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente del Secretario General de las Naciones Unidas, compuesto por 21 miembros (incluida la uruguaya Denise Vaillant), y con la secretaría conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se reunió en Nueva York en setiembre de 2023 y emitió 59 recomendaciones que es bueno comentar.
Las recomendaciones se refieren a “permitir la transformación de la profesión docente”. Los integrantes del grupo señalan que “los docentes son el elemento central de las transformaciones educativas”, por lo que debe garantizarse “un entorno propicio y apoyo social integral para que desarrollen su labor”, así como que “los espacios de aprendizaje sean seguros e inclusivos”. Por otra parte, solicitan a los gobiernos asegurar el “trabajo decente” para el personal docente, “incluida la libertad sindical y la negociación colectiva, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad académica”.
Además, plantean que el aprendizaje debe basarse en “principios de cooperación y solidaridad, no en la exclusión y en la competencia individualista”, y “no ceñirse de manera rígida a evaluaciones […] que cumplen criterios estrictos”. Igualmente, el grupo plantea que las políticas deberán enfocar planes globales que se elaboren en “diálogo social con las organizaciones representativas de los y las docentes y en consulta con otras partes interesadas”. Más adelante plantea políticas de igualdad de género entre docentes y llama a “atraer a docentes de sexo masculino a la educación de primera infancia y primaria”, así como establecer una adecuada “proporción de docentes calificados con relación a la proporción de estudiantes” y una “distribución equitativa” de esos profesionales “en todas las regiones”, asegurando su presencia en todos los sectores de la sociedad, “especialmente los marginados y más vulnerables”.
Si comparamos estas recomendaciones con la realidad educativa en la ANEP, vemos incongruencias importantes. Los entornos de desarrollo de la labor distan de ser propicios; diariamente tenemos noticias de la falta de seguridad en los centros educativos y de las serias dificultades para llevar adelante una efectiva inclusión. Por otra parte, la situación de persecución a docentes sindicalizados ha llegado incluso a que la OIT haga una serie de recomendaciones al Estado uruguayo para solucionar los graves problemas que afectan la libertad sindical en el ámbito de la ANEP. La Transformación Educativa que está en marcha ha prescindido absolutamente de la opinión de las organizaciones representativas de los y las docentes y ha atacado la libertad académica, incluidos criterios de evaluación que requieren un gran esfuerzo administrativo que va en detrimento de las posibilidades de aprovechamiento de los aprendizajes por parte de los alumnos y limitan la libertad de cátedra.
Las recomendaciones 7 a 9 se refieren a “Invertir en el personal docente” y comienza con la ya conocida referencia a que deberá asignarse “al menos el 6% del producto interno bruto y el 20% del total del gasto público a la financiación de la educación pública” y agrega que dicha asignación deberá “protegerse de las medidas de austeridad […] incluidas las promovidas por las instituciones financieras internacionales”. Según indican las recomendaciones, la financiación debe tener objetivos de largo plazo, lo que resulta más eficiente que las medidas de corto plazo. Asimismo, entiende que las instituciones “deberían recibir formación y apoyo para la gestión financiera”.
En este aspecto, es notorio que las cifras manejadas en Uruguay son insuficientes: 4,6% del PIB y 18,6% del gasto público en 2023. De esa insuficiencia se derivan las otras, como el excesivo número de alumnos por grupo, agravadas por la subejecución presupuestal.
Los puntos 10 al 13 corresponden a “Promover la equidad, la diversidad y la inclusión” y recomiendan “proteger a los docentes frente a todas las formas de violencia y acoso” y atender las necesidades de la familia de los y las docentes. También se indica que es necesario tener “incentivos, como transporte y vivienda, a docentes que trabajan en entornos rurales” y “políticas claras para apoyar a todos los docentes que trabajan en regiones afectadas por crisis […] y zonas propensas a la violencia, como las actividades de las bandas”. Recomiendan los integrantes del grupo que “a los docentes refugiados y desplazados se les deberían proporcionar medios para incorporarse a la fuerza de trabajo docente de las comunidades receptoras”.
Evidentemente, en nuestro país no se está logrando proteger a las y los docentes en las zonas en las que se ha desarrollado la violencia. Todos los días tenemos muestras de ello. Para maestros/as y profesores/as que trabajan en zonas rurales, el transporte no está garantizado. Para ellos el acceso a la vivienda tiene variadas soluciones, aunque muchas veces el viaje es diario, con tramos que presentan muchas dificultades, más allá del logro del boleto docente, que es una importante conquista. En el tema de la incorporación de trabajadores refugiados o desplazados, seguramente se requieren modificaciones legales y reglamentarias.
Evidentemente, en nuestro país no se está logrando proteger a las y los docentes en las zonas en las que se ha desarrollado la violencia. Todos los días tenemos muestras de ello.
Los numerales 14 a 19 se agrupan bajo el título “Aumentar el reconocimiento y la dignidad de la profesión docente”. Se parte de la base de que la profesión docente debe protegerse y que “el estatus y la dignidad de los y las docentes también están directamente relacionados con la capacidad de influir en las políticas relativas a su trabajo, incluidos los programas de estudio y las prácticas pedagógicas”, así como “participar en el diálogo social, incluida la negociación colectiva, y un diálogo de política sobre todas las cuestiones que afectan a la profesión”. Vuelven a insistir en que “los países deberían promover el reconocimiento público a la profesión docente” y en que “la violencia, el acoso y la intimidación [...] menoscaban la dignidad de los docentes”. Agrega que los estados deben proporcionar “los recursos adecuados para garantizar la seguridad”. Por otra parte, insisten en eliminar las formas de subcontratación.
Los numerales mencionados dan cuenta de que en nuestro país no se cumple mínimamente con lo propuesto por el Grupo de Alto Nivel. La falta de participación se evidencia en el sistemático desconocimiento a los pronunciamientos de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) y en la degradación de la negociación colectiva entre la ANEP y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU).
Los numerales 20 a 31 se subtitulan “Mejorar la calidad y fomentar la innovación en la enseñanza a través de la formación y el aprendizaje permanente”. En estos numerales se insiste en la formación inicial del colectivo docente, de calidad y financiada por fondos públicos, a nivel de licenciatura, en una carrera que integre la teoría y la práctica. Se plantea el “desarrollo profesional continuo” incluidos “programas de intercambio y las iniciativas de investigación, que deberían formar parte integrante de la trayectoria profesional de los docentes”, señalando que las oportunidades de ese desarrollo deben ser “equitativas y gratuitas”. Expresan que en los primeros años de ejercicio la “carga de trabajo” debe ser “reducida” y con “recursos adecuados”. Proponen que debe ser una “profesión basada en la colaboración, con espacio, tiempo y recursos adecuados para la planificación conjunta, comunidades de práctica y oportunidades de práctica reflexiva por y entre los docentes, dentro de su institución educativa y más allá de la misma”, que se puede hacer con “recursos digitales abiertos” y “plataformas digitales que conecten a docentes, investigadores/as, responsables políticos y las organizaciones”. Agregan que “las organizaciones de docentes y estudiantes deberían tomar la iniciativa de exigir una enseñanza de calidad” y proponen incluir “herramientas para que los alumnos formulen comentarios constructivos dirigidos a los docentes”.
Evidentemente, los sindicatos de la educación de nuestro país, así como el movimiento estudiantil, especialmente el de Formación en Educación, han tenido iniciativas en el sentido de las consignadas, que básicamente se resumen en reivindicar la creación de la Universidad de la Educación, estatal, autónoma y cogobernada. El sometimiento de la Formación en Educación por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no resolverá los problemas planteados. Por otra parte, el recorte de las horas de coordinación atenta contra la planificación y la reflexión conjuntas.
Las recomendaciones 32, 33 y 34 refieren a “Garantizar la sostenibilidad, la paz y la democracia”, integrando a los programas el conocimiento “sobre el clima y los océanos” para lograr “la educación para el desarrollo sostenible”. Asimismo, se propone que los y las docentes preparen al estudiantado para “promover los derechos humanos”, sembrando “las semillas para una cultura de paz”.
En los numerales 35 a 39, “Fomentar la humanidad de la enseñanza a través del trabajo decente”, se señala que “las condiciones de empleo deberán determinarse a través del diálogo social, incluida la negociación colectiva”, y que “los docentes deberían recibir salarios y prestaciones al mismo nivel que otras profesiones con requisitos educativos similares” y con equidad “entre los salarios en los distintos niveles de educación”, así como tener condiciones de trabajo con “modalidades contractuales estables, un lugar de trabajo seguro y saludable; una proporción de docentes manejable con relación a la proporción de estudiantes; estructuras de apoyo para gestionar el comportamiento de estudiantes problemáticos”. Por otra parte, hay que “promover la salud mental y el bienestar integral de los docentes”. También se necesita “personal de apoyo a la educación”, para prestar “apoyo adecuado a los docentes, para que puedan centrarse en la enseñanza y dedicar menos tiempo a tareas no relacionadas con la enseñanza, de las que se deberían ocupar profesionales dedicados y especializados”.
Las recomendaciones del Grupo de Alto nivel coinciden, en gran parte, con reclamos realizados con insistencia por las organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación y el movimiento estudiantil, sin que se logren avances importantes; en particular, en los últimos años se ha venido degradando la negociación bipartita entre la ANEP y la CSEU, quedando más en los asuntos de forma que en el verdadero espíritu de la Ley 18.508, de Negociación Colectiva en el Sector Público.
“Transformar la enseñanza a través de un nuevo contrato social para la educación y el diálogo social” es el subtítulo correspondiente a las recomendaciones 48 a 52. Quienes integran el grupo plantean que el “diálogo social coordinado e institucionalizado por los gobiernos” es la “principal manera de elaborar políticas sobre educación”, y destacan que es necesaria “la participación significativa de los estudiantes en la creación conjunta y la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje”, lo que debería considerarse “un valor fundamental y un pilar central de la calidad de la educación”. Por otra parte, para la enseñanza privada pide un “diálogo activo” con los sindicatos para “garantizar el trabajo decente”, así como “la regulación de los proveedores de educación privada”.
Estas últimas recomendaciones se podrían resolver instrumentando el Congreso Nacional de Educación: La Ley General de Educación 18.437 tenía previsto su convocatoria obligatoria en cada quinquenio, pero la Ley 19.889 (LUC) eliminó esa obligación y las autoridades designadas por el gobierno no creyeron conveniente realizarlo.
Los puntos 53 a 59 son los “Próximos pasos para la acción internacional” y contienen recomendaciones a las Naciones Unidas y sus organismos, proponiendo una actualización de los compromisos y el establecimiento de un “Fondo Mundial para los Salarios del Personal Docente”, así como que las organizaciones financieras internacionales pongan “fin a todas las restricciones de masa salarial del sector público y a las medidas de austeridad que tienen un impacto en el gasto de la educación” y la “condonación de la deuda para garantizar la financiación de la educación”. También la creación de “mecanismos de institucionalización del diálogo social […] fortaleciendo la capacidad de los interlocutores sociales para participar en la formulación de políticas sobre la transformación de la educación, en consonancia con las normas internacionales del trabajo y los principios de libertad sindical”.
Las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel coinciden en gran parte con las que han realizado las organizaciones sindicales docentes y las ATD de los diferentes subsistemas de la ANEP. Es de esperar que, con este impulso, se abran mejores condiciones para elaborar una política educativa de contenido popular. En el prefacio de la publicación dice Guterres: “Insto a los estados miembros a considerar con detenimiento estas recomendaciones y hallar las maneras de ponerlas en práctica en sus países”. Y agrega: “Al igual que los docentes nos apoyan a todos nosotros, nosotros debemos apoyar a los docentes. Juntos podemos garantizar que reciban el respaldo, el reconocimiento y los recursos que necesitan, a fin de impartir educación de calidad para todos y forjar un futuro mejor y más sostenible”. Así sea.
Julián Mazzoni es consejero del Codicen de la ANEP electo por el colectivo docente.