La campaña presidencial es una larga carrera de varias etapas, con una considerable reducción de participantes en las internas de junio y eventualmente otra después de la primera vuelta. Quienes arrancan con mayores probabilidades de llegar a la meta planifican a largo plazo, con especial interés en evitar errores que compliquen la consolidación de su base inicial y la conquista de nuevos apoyos, muy especialmente en la decisiva zona de las personas indecisas. Por lo general, al comienzo tratan de sostener un discurso consistente y poco expuesto a críticas, en equilibrio entre la conveniencia de mantener alta visibilidad y el riesgo de saturar.
En otros casos la estrategia es distinta, ya sea por la urgencia de mejorar una posición menos favorable, o porque en realidad no se considera muy factible ganar la presidencia y el primer objetivo es el fortalecimiento personal o sectorial, con miras al próximo período de gobierno.
El segundo tipo de competidores a menudo actúa con menor prudencia, se preocupa poco por la viabilidad de sus propuestas y no desdeña la representación de posiciones minoritarias en el conjunto de la ciudadanía. De este modo, intenta o logra causar impactos en el período inicial de la campaña, cuando quienes están en el primer grupo se mueven con cautela y no proporcionan titulares muy atractivos a los medios de comunicación.
Así ocurre en estos días, con promesas de reducción de los impuestos a la renta de las personas físicas y de asistencia a la seguridad social (IASS), e incluso de la eliminación del segundo. Intentan replicar en pequeña escala el enfoque ideológico de la economía defendido en Argentina por Javier Milei y chocan con la racionalidad más básica, en un país con problemas de déficit fiscal y grandes necesidades en materia de políticas públicas.
Es obvio el intento de seducir a gente que se percibe como integrante de la clase media, y convencerla de que su situación mejoraría mucho si el Estado no les cobrara los impuestos mencionados, pero sólo los pagan las personas con mayores ingresos, 30% de los trabajadores y 25% de los jubilados. No se aclara de qué modo se compensaría la disminución de los ingresos estatales, más allá de apelar una vez más (como en 2019) a un presunto ahorro por una mayor eficiencia del gasto público. Esto es especialmente absurdo cuando se habla de quitarle al sistema jubilatorio los recursos que aporta el IASS.
Quienes aceleran antes en la campaña les brindan a los corredores de fondo la oportunidad de presentarse como competidores más razonables y equilibrados. Además, los planteamientos oportunistas funcionan como globos sonda, en beneficio de quienes cuentan con mayores chances iniciales: estos pueden verificar, sin arriesgarse, en qué medida algunos temas o estilos políticos son bien recibidos por sectores importantes de la ciudadanía. Pero a la vez se refuerzan posiciones ideológicas radicalizadas y expectativas ilusorias. Nada de esto ayuda a que se discutan en serio los numerosos problemas actuales y el mejor modo de resolverlos.