La semana pasada el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), inauguró el primer Centro de Referencia de Políticas Sociales. Más allá de su denominación (lo nombraron Aparicio Saravia entre globos blanquicelestes) y su ubicación, se ha discutido si pertenece a la zona de Casavalle o a Piedras Blancas; se abren mil interrogantes que entiendo oportuno anotar.
Una primera consideración es que parece algo tardío que el gobierno nacional se haya tomado cuatro años para generar un primer intento de abordaje interinstitucional de la política social en el territorio. Más si se tiene en cuenta que durante casi la mitad de esos cuatro años el país se encontró inmerso en una pandemia que generó enormes impactos socioeconómicos y parte de la población padeció emergencia alimentaria.
El mismo gobierno que resultó elegido bajo anuncios de instalar el Mides en Casavalle y luego se desdijo, que finalizó decenas de convenios con organizaciones sociales que gestionaban proyectos y servicios de orientación, consulta y articulación territorial (SOCAT), en más de 70 áreas territoriales socialmente vulnerables, ¿ahora descubre la integralidad en la política social? Ese Mides que luego del recambio de ministro pisó fuerte y marcó la cancha con relación a las ollas populares que intentaban dar respuestas solidarias a serios problemas sociales, ¿hoy anuncia con bombos y platillos un centro con presencia de 16 instituciones públicas con unos 250 funcionarios permanentes?
Sí, claro está, todo lo anterior además justo coincide coyunturalmente con el mismísimo arranque del año electoral. Pero además, cabe preguntar: ¿no existía acumulado de presencia estatal interinstitucional en el territorio antes? La verdad es que no hay mucha novedad. En el mismo Montevideo y en el propio Casavalle ya se ha intentado hace años abordar el tema con la apertura del Centro Cívico Luisa Cuesta desde la Intendencia de Montevideo. Dicho sea de paso, la experiencia de los centros cívicos viene desde 2008 siendo implementada en el departamento de Canelones con impulso de su gobierno departamental. Me permito recomendar la lectura de apenas uno de los múltiples acumulados y sistematizaciones que hace algunos años se presentó en Cuadernos del Claeh1, sobre una propuesta que en su momento resultó absolutamente innovadora, aunque también perdió peso por vacíos políticos e institucionales de distinto tipo.
Preguntas y más preguntas: ¿lo de antes no estaba tan mal y este gobierno ahora reacciona con acercar la respuesta pública a la ciudadanía? ¿O se trata de una reacción electoralista en medio de un año que será intenso y tiene mucho en juego?
Pero también podrían dejarse las suspicacias de lado y tomar la oportunidad de pensar que este centro de referencia realmente brindará una atención integral y de calidad a más de 100.000 personas de zonas como Piedras Blancas, Las Acacias, Jardines del Hipódromo, Casavalle, Marconi y Manga. En ese caso estaríamos ante un gobierno nacional que está reaccionando y reperfilando el enfoque. Que por cierto es bastante distinto a lo que venía definiendo como la prioridad de combatir las zonas con abordaje represivo y mano dura con la delincuencia. Entonces capaz que, aunque tardía, hay una reacción a tiempo para priorizar la desigualdad, la pobreza, la deserción educativa o los múltiples problemas de empleo como factores determinantes de otras brechas mucho más complejas de atender, principalmente cuando el incendio ya se propagó.
Parece algo tardío que el gobierno nacional se haya tomado cuatro años para generar un primer intento de abordaje interinstitucional de la política social en el territorio.
Si ahora el Mides (que criticó la gestión frenteamplista pasada por ineficiente pese a tener servicios en territorio) resuelve retractarse e “innovar” con cosas que ya se hicieron antes (o se hacen desde antes), hay que asumirlo. Aunque sobre los resultados y efectos de estas innovaciones también será necesario seguir analizando y profundizando. Tampoco es cuestión de vanagloriarse ante la instalación de cualquier tipo de prestación. La cuestión es su impacto y la apropiación efectiva que se propicia luego en la comunidad. Hay incontables experiencias en Uruguay y en la región en la que se instalan “proyectos paracaídas” armados desde el centro, que luego no se sostienen en el territorio porque desconocen a las personas que allí viven y por lo tanto terminan siendo golondrinas de primavera.
El ministro Martín Lema explicó hace unos días al diario El País que esta inauguración se enmarca en una estrategia para mitigar la segregación territorial que está marcada por el nivel socioeconómico. “Más presencia, más proximidad. Esta es la respuesta del Mides a una demanda histórica en servicios sociales del Estado en territorios excluidos”. Chocolate por la noticia.
Ojalá no sea tarde, porque más vale tarde que nunca. Las desigualdades y su expresión territorial tienen décadas de ser estudiadas y evidenciadas en Uruguay. Entonces es vital que la discusión y la picardía política no oculten la imprescindible necesidad de abordar integralmente indicadores que son una vergüenza para el país. Pobreza infantil, población en situación de calle y salud mental son apenas tres de esos retos más críticos que hoy imperan en la sociedad. Dicho lo anterior, también es sabido que no hay soluciones mágicas que aterrizan en las comunidades, porque resulta que aparecieron un conjunto de personas iluminadas que desde sus escritorios convencieron a los políticos de que hay que instalar ciertas prestaciones. Las construcciones requieren proceso, apropiación y participación comunitaria. Una política social no es cuestión de abrir más quioscos en los barrios en determinadas coyunturas, sino que implica una arquitectura de protección social integral de la que, al menos hoy, Uruguay aparece bastante lejos.
El tema de fondo, a mi modo de ver, no es el nombre que se le da a un centro de referencia, o los colores de los globos elegidos para el cotillón. Ni siquiera es el lugar donde se ubica el servicio. La verdadera innovación requiere enfocar la política social integralmente con legislación, multiinstitucionalidad, recursos, participación social y capacidades territoriales. Es por eso que idealmente esas decisiones políticas son más robustas si se materializan lejos del carnaval y el ruido electoral.
Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional. Integra el equipo de dirección de Fundación La Plaza.