Ayer fue el Día Mundial del Agua y desde Uruguay corresponden varias reflexiones al respecto. Aquí destacaremos una acerca de la actitud asumida por organismos públicos en el proceso sobre el proyecto Arazatí-Neptuno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Este proyecto, impulsado por un consorcio de empresas privadas, apunta a tomar agua del Río de la Plata para el abastecimiento de OSE al área metropolitana, y ha sido cuestionado desde distintos ángulos por científicos, activistas, sindicalistas y vecinos de la zona en que se prevé realizarlo. La organización no gubernamental Redes-Amigos de la Tierra, por ejemplo, presentó ante el TCA un recurso de revocación y anulación de la licitación de la iniciativa. El tribunal aceptó, en principio, escuchar a los testigos propuestos, pero luego suspendió la convocatoria a Luis Aubriot y Marcel Achkar, dos científicos de destacada trayectoria, tras objeciones de OSE y el Ministerio de Ambiente (MA).
OSE sostuvo que, si es necesario apelar a “opiniones técnicas y trabajos académicos” para justificar la suspensión del proyecto, no existe una ilegitimidad evidente, que debería ser comprobable mediante el “análisis superficial”. Esto se comenta solo, pero es útil considerar qué ocurriría si se aplicara el extravagante criterio al discutir los riesgos de una central nuclear.
El MA alegó, a su vez, que Aubriot y Achkar carecen de “imparcialidad”, porque “ya han marcado y expuesto una posición”, al señalar riesgos ambientales de lo que se propone hacer el gobierno en asociación con privados, utilizando agua que presenta con frecuencia grandes floraciones de cianobacterias.
Las personas que se dedican a la ciencia pueden tener, como todas las demás, creencias, sesgos y errores de apreciación que distorsionen su evaluación de la evidencia, pero cuentan también con un método de trabajo perfeccionado para prevenir y evitar en gran medida esa distorsión. Aplicarlo es una de las exigencias éticas de su tarea; otra es defender los derechos humanos, entre ellos, el de acceso a agua potable.
En todo caso, el apego al método científico no se mide por las conclusiones de un estudio, sino por la evaluación entre pares de la evidencia considerada y los procedimientos aplicados para analizarla. Si el MA sostiene que fueron de mala calidad los datos manejados o su procesamiento, debería defender sus críticas con argumentos científicos propios, en vez de intentar que se apliquen mordazas.
Esta visión instrumental de la ciencia ya se había manifestado, durante la emergencia sanitaria por la covid-19, ante las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario. Se consideraron valiosas y útiles hasta que contradijeron la voluntad política de no disponer ni sostener un período breve de restricción de la movilidad social, mientras avanzaba el proceso de vacunación. Esto tuvo un gravísimo costo sanitario y social, que ubicó a Uruguay como uno de los países con más casos y muertes por cantidad de habitantes. Pero el Poder Ejecutivo, al parecer, no aprende.