En una nota anterior publicada en la diaria analicé lo que ha pasado en Uruguay en los últimos 35 años. Y la conclusión ha sido clara. En los gobiernos de izquierda (2005 a 2019) se ha potenciado la igualdad, expresado en mejores niveles salariales, en más y mejor empleo, en mayor gasto social y justicia en el acceso a dichos bienes.
En los gobiernos de derecha (1990 a 1999 y 2020 a 2024) los salarios se han retrasado respecto a la riqueza, es decir, enfrentamos un empobrecimiento relativo de la clase trabajadora, los empleos se han precarizado y el gasto público social se ha reducido, más allá de la recuperación electoral del final del gobierno.
Los gobiernos de izquierda presentan curvas ascendentes, los de la derecha son una U en la que al final “te devuelven” lo perdido, pero la riqueza es sustantivamente mayor a costa del ajuste fiscal y laboral.
Por ello, de haber en Uruguay un nuevo gobierno de la derecha, decimos con claridad que es de esperar, como pasó en los gobiernos de los 90 y en el de hoy, un ajuste duro sobre trabajadores y jubilados, y por ende sobre los pequeños y medianos productores y comerciantes que viven del mercado generado por salarios y jubilaciones. Y en todo caso, hacia el final del gobierno les “devolverán” lo que les quitaron, como también pasó en los tres gobiernos de la derecha.
En esta y otras notas quiero poner en discusión aspectos que nos proponen las bases programáticas aprobadas por el Frente Amplio como acciones a emprender desde 2025. En este artículo me referiré a salud, trabajo y vivienda, para abordar en la próxima los temas productivos.
Condiciones de la igualdad
Una matriz de protección social incluyente se diferencia de una excluyente en los siguientes aspectos:
En la incluyente, la norma es: “de cada quien según sus ingresos a cada quien según sus necesidades”. O sea, la separación entre la contribución al financiamiento de la política social y el acceso a los bienes y servicios aportados por esta.
El carácter universalista del acceso. El carácter universal supone que las políticas están diseñadas para el conjunto de los ciudadanos del país. No son acciones focalizadas para dar respuesta a un problema concreto, sino que convergen las situaciones de todos los ciudadanos. Obviamente, esto no excluye que en ese marco haya prioridades en el proceso de implementación de la política y al mismo tiempo diferenciaciones según necesidades particulares, pero el diseño es universal.
Conducción del Estado. Ha quedado más que demostrado (el Uruguay de los 90 y el actual gobierno son un vivo ejemplo de ello) que el mercado no es bueno para generar inclusión y acceso con justicia social. Sólo el Estado puede garantizar universalidad y justicia social. Nadie podría, sino el Estado, recaudar y luego gastar según prioridades y accesibilidad. Cuando el mercado define el acceso, sólo acceden los que pueden pagar.
Participación social. El cuarto pilar de una política social incluyente es la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones sociales (sindicatos, organizaciones de usuarios, organizaciones de mujeres, organizaciones territoriales, entre otras).
Carácter transversal. No hay ningún ministerio ni oficina estatal que pueda abordar la problemática de la igualdad por sí mismo. Las acciones de cada área se entrelazan. ¿Quién podría dar continuidad a sus estudios viviendo en condiciones de hacinamiento? ¿Quién podría avanzar en sus estudios cuando su carga de trabajo es extrema para conseguir ingresos menguados? Y así sucesivamente. Por ello es clave la articulación de lo social con lo productivo, y en ese campo juega un rol clave la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Incremento presupuestal para la política social, ya que todo lo anterior sería letra muerta si no acompañamos esta estrategia con recursos económicos.
Finalmente, la política de igualdad debe tener en cuenta la diversidad de desigualdades. Sólo para mencionarlas, tenemos las desigualdades de clase, las desigualdades territoriales, las intergeneracionales, las de género, las de origen étnico-racial, las generadas por condición de discapacidad, o las asociadas a la orientación sexual e identidad de género.
Las políticas laborales
El eje estructurador es la inserción laboral. Es clave diseñar políticas activas de empleo que garanticen la demanda de empleo, en un contexto de un mercado que tiende a sustituir trabajo por capital. En ese sentido, la principal política activa es el subsidio desde el Estado al sector privado. Pero dichos subsidios por sí solos no garantizan que haya una expansión de la demanda y menos aún que esta se oriente hacia los sectores con mayores dificultades de inserción. Para ello es necesario:
Un monto importante de subsidio como porcentaje del salario pagado (el que será siempre, al menos, el laudo de la rama).
Que se mantenga a lo largo de cierto tiempo y vaya descendiendo gradualmente.
Que sea diferencial según las condiciones de las personas. Podríamos incluir cinco variables combinadas de menor a mayor grado de vulneración, como son la edad (jóvenes y adultos), el género (mujeres y varones), la etnia (afro y blancos), el nivel educativo alcanzado y una referencia al tiempo sin empleo registrado en la seguridad social.
Una exigencia de capacitación para el o la trabajadora durante los primeros seis meses del subsidio, con costos compartidos entre la empresa y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
Y obviamente, dos condiciones adicionales:
Que el empleo subsidiado sea un incremento de plantilla y no una sustitución de trabajadores subsidiados por los que ya estaban.
La devolución de la totalidad de los subsidios si las personas son despedidas en un plazo posterior, igual al tiempo que duró el subsidio.
Al mismo tiempo, es necesaria una política de empleo público que acompañe la inserción de este segmento de la población, haciendo un mix con la expansión del empleo privado.
En esta y otras notas quiero poner en discusión aspectos que nos proponen las bases programáticas aprobadas por el Frente Amplio como acciones a emprender desde 2025. En este artículo me referiré a salud, trabajo y vivienda.
Las políticas de vivienda
El programa del Frente Amplio es claro en cuanto a la prioridad presupuestal y política que debe tener la vivienda en el próximo gobierno. Y lo expresa en la necesidad de duplicar el presupuesto vigente.
Pero además de construir hay que crear las condiciones de acceso en línea con los principios del modelo de igualdad. Y ello implica que el acceso debe ser independiente de la capacidad adquisitiva de las personas, promoviendo un sistema en el cual las personas paguen como máximo un porcentaje de sus ingresos y el resto sea subsidiado por el Estado. En Uruguay ya hay antecedentes de ello en la propia Ley 13.728, en un intento frustrado de la Ley 14.105 de mayo de 1973 y la ley de subsidios de 2018.
Al mismo tiempo, es necesario dar respuestas complementarias en términos de alquiler en especial para jóvenes de ingresos medios y bajos que buscan independizarse. Allí funciona la misma idea que en la compra de vivienda. Que se pague un máximo en porcentaje a sus ingresos y el resto sea subsidio estatal.
Finalmente, para trabajar sobre el mercado de alquileres es clave lo definido en las bases programáticas: “Se creará un sistema de alquiler social regulado en precios y plazos paralelo al actual. Quienes opten por él, recibirán estímulos estatales (subsidios, garantías, préstamos para mejoras) y complementariamente se conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social”.
Las políticas de salud
Más allá de la salud mental, que será prioridad y sobre lo que hay muchas propuestas, quiero enfocarme en la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), sistema que se construyó en 2007 y que permitió un acceso y una cobertura universal, donde la justicia social se expresa en que cada uno paga según su nivel de ingreso y recibe de acuerdo a sus necesidades sociosanitarias.
Una primera acción inmediata debe ser la de eliminar la brecha de financiamiento entre el gasto por usuario en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el promedio en los prestadores mutuales, que hoy es aproximadamente de 20% (era 70% cuando asumimos en 2005).
En la perspectiva regulatoria, se debe potenciar el rol del Ministerio de Salud Pública (MSP) en materia de contralor del uso de tecnología y medicamentos, la gestión de la información, el sistema, los recursos humanos y su distribución en el territorio, así como la sustentabilidad financiera del sistema y sus prestadores.
En la perspectiva sanitaria, es necesario en primer lugar una estrategia renovada de la atención primaria en salud, generando herramientas para resolver problemas sanitarios en el propio primer nivel, así como la complementación asistencial entre prestadores de manera de no superponer y desperdiciar recursos, dando mayor eficiencia al sistema.
Sistema de cuidados
Es claro que las políticas de acceso al trabajo pueden encontrar una restricción en la posibilidad de salir a trabajar, determinada por el cuidado, en particular de los niños y las niñas. Para ello hay que profundizar el sistema de cuidados de hijos con una doble perspectiva.
En primer lugar, continuar los cambios regulatorios realizados entre 2011 y 2012 sobre licencias de maternidad y paternidad y estímulos a la corresponsabilidad en el cuidado con “mecanismos de licencias exclusivas para varones”. En segundo lugar, con una inversión que amplíe la oferta pública de cuidados para niños y niñas de uno y dos años, y que universalice en tres años.
Epílogo: el financiamiento
Es claro, a mi juicio, que no iniciaremos el gobierno con restricciones para desarrollar estas políticas. La situación fiscal, financiera y de deuda nos muestra condiciones posibles para desarrollar con rapidez e integralidad este conjunto de políticas que son prioritarias, así como otras prioridades establecidas en el terreno de la educación y el desarrollo productivo, de las que hablaremos en la próxima nota.
Daniel Olesker es senador del Partido Socialista, Frente Amplio.