Es común en las campañas electorales que los diversos candidatos opinen y hagan propuestas sobre prácticamente todos los temas, a menudo sin conocerlos cabalmente y pensando en lo que el electorado desea oír. En particular uno de ellos resulta ser de los más sensibles para la población. Nos referimos a la seguridad pública, un problema que abarca todo el territorio nacional y que diversos partidos políticos en el gobierno no han podido resolver. La situación amerita una política de Estado, un gran acuerdo de todo el sistema político, algo que pareciera difícil de lograr.
Un componente relevante del tema seguridad es el sistema penitenciario, el que, lejos de rehabilitar personas –la enorme mayoría jóvenes pobres sin instrucción y educación mínima–, las sumerge más en “el mundo del delito”. Las cárceles uruguayas son lo que se dice un “caldo de cultivo” propicio para desarrollar una carrera delictiva, son incluso, más que una “escuela”, una “universidad”, desde donde se puede alcanzar proyección mundial, como por ejemplo nos muestra el caso del fugitivo mediático Marset.
Más de la mitad de los reclusos tienen penas inferiores a los tres años
Según datos aportados por una delegación de nuestro gobierno al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril pasado, comitiva que contó con la presencia del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, el 55% de la población carcelaria tiene penas inferiores a los tres años. Esta cifra nos da una clara idea de que la superpoblación carcelaria puede resolverse no sólo construyendo más cárceles, sino mediante la implementación de penas alternativas a la prisión.
Compartimos totalmente el punto de vista de Petit, opinión que por otra parte es la misma que la de muchos otros estudiosos y expertos en el tema seguridad, tanto a nivel local como mundial. No nos cabe la menor duda de que la solución no es “meter a todos presos”, “al barrer”, sino definir penas alternativas para una diversidad de delitos considerados menores.
La población reclusa que más ha crecido en términos porcentuales –básicamente producto de las formalizaciones por microtráfico– es la de mujeres, las que incluso padecen mayor nivel de hacinamiento carcelario que la de los hombres. Vale aclarar –porque hay quienes proponen un cambio de protocolo penitenciario para establecer el trabajo como algo obligatorio– que el nuestro es un planteo que no cambia lo vigente.
Si bien nuestra legislación establece el trabajo comunitario para resarcir ciertos daños, este es un camino que no siempre es sencillo de instrumentar y resulta insuficiente, por eso se debe pensar en otras opciones, complementarias, que se sumen como posibilidad a los efectos de reparar daños.
La superpoblación carcelaria puede resolverse no sólo construyendo más cárceles, sino mediante la implementación de penas alternativas a la prisión.
Talleres de recuperación de indumentaria
En una nota publicada en la diaria el 25 de abril, escribíamos desde estas páginas sobre la importancia del rol del Estado y el trabajo como herramientas de rehabilitación. Señalábamos entonces, a modo de ejemplo, un emprendimiento económico y social de recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos, el que, además de ser un negocio, perfectamente puede ser un centro de capacitación y rehabilitación para personas privadas de libertad.
Ahora señalaremos otro ejemplo, que implica trabajar a partir de una significativa fracción de desechos como lo es la ropa usada, el calzado y las telas. Uno de los residuos de mayor crecimiento en el mundo y también en nuestro país es la indumentaria; o sea la vestimenta, el calzado y telas en general. La tradicional feria dominical de Tristán Narvaja es una muestra de la dimensión que ha tomado la comercialización de innumerables prendas, botas y championes usados. Son muchos los metros cuadrados ocupados en diferentes cuadras donde se ofrece este tipo de mercadería, ya sea muy bien exhibida o en montículos donde se puede revolver y comprar algo por poco dinero. Como no todo logra comercializarse, gran parte de ellos culmina en la basura, algo que se podría evitar, ya que, si se los picara, se generaría una materia prima reciclada posible de volverla hilo.
Estos talleres donde recibir, seleccionar, clasificar, reparar, lavar y acondicionar ropa y telas para diferentes usos serían una oportunidad de aprendizaje y capacitación para personas privadas de libertad y también un lugar donde cumplir penas alternativas. El destino de lo que allí se recupere puede ser múltiple, por ejemplo de uso penitenciario, donaciones y comercialización.
Decíamos en la nota mencionada que ha sido acertado sacar de la órbita del Ministerio del Interior a la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) y pasar a que dependa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El Mides debe sumar a su rol básicamente asistencial, en articulación con otros organismos públicos y privados, una oferta diferente, con la que amplíe las oportunidades laborales para la población objetivo que estamos considerando.
El Estado uruguayo debe comenzar a jugar otros roles, más dinámicos, destinar esfuerzos para apalancar y escalar pequeñas experiencias que existen tanto en cárceles como fuera, apostar a la innovación, articular recursos financieros, materiales y humanos del gobierno nacional, fundamentalmente del Mides –aunque no sólo– con cada una de las intendencias del país, las que siempre, de una u otra manera, han estado y están involucradas con el sistema penitenciario.
Jorge Solari es edil departamental de Montevideo por El Abrazo, Frente Amplio.