La crisis económica de 2002 en Uruguay generó no sólo en Montevideo sino a lo largo y a lo ancho del país el surgimiento de diferentes experiencias de huertas urbanas, en gran medida con un enfoque que contemplaba principios agroecológicos. Fundamentalmente, las intendencias, pero también el gobierno nacional, promovieron y apoyaron mediante diferentes acciones –cursos breves, charlas, semillas, herramientas, manuales de apoyo–, iniciativas surgidas desde organizaciones y grupos de vecinos de la sociedad civil.
Con la recuperación de los niveles de actividad económica y del empleo, muchas de estas huertas dejaron de funcionar, pero años después, por distintas razones, nuevas iniciativas de esta índole –a menudo en un marco de múltiples dificultades– no han dejado de gestarse. Algunas de las razones de que esto ocurra son las modificaciones en hábitos de consumo, interés por otro tipo de alimentación, accesibilidad a ciertos productos –y en términos generales– una sensibilidad mayor hacia lo ambiental.
Desde el Estado central, los departamentos, los municipios –o sea, desde los tres niveles de gobierno– se deberían implementar políticas públicas que acerquen a las personas y organizaciones el conocimiento de todos los aspectos vinculados con la producción, distribución, consumo y desechos de alimentos.
El objetivo general de esta política que proponemos implica crear y/o apalancar en cada barrio espacios de agroecología urbana donde desarrollar actividades de carácter productivo, educativo y cultural. Se trata de puntos de encuentro de vecinas y vecinos fortaleciendo un tejido social que hoy presenta serios problemas de convivencia ciudadana.
Es larga y variada la lista de posibles actividades a desarrollar en estos centros barriales. En primer lugar, y a partir de una huerta de carácter educativo-demostrativo, impartir talleres de orientación y capacitación en huertas y compostaje, haciendo hincapié en la importancia de preservar las semillas nativas y cultivar sin la necesidad de utilizar agroquímicos, es decir, fertilizantes y remedios producidos en laboratorios, mediante procesos de síntesis.
En segundo término, educar sobre la alimentación saludable, alertando sobre las consecuencias originadas en el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados en cuya composición se incluyen –a menudo indicadas tan sólo con letras y números– sustancias emulsionantes, conservantes, espesantes, aglutinantes, colorantes, edulcorantes, etcétera. Si bien se debe señalar que, luego de una larga negociación por parte del gobierno y la industria que lo resistía, se han incluido en el etiquetado los octógonos negros referidos a excesos, como, por ejemplo sodio, azúcar o grasas, no es ella una medida suficiente para revertir cifras muy preocupantes en materia de salud como lo son la diabetes y la obesidad, esta última tanto en adultos como en población infantil. Otro tema relevante en materia salud pública que tiene que ver con la ingesta de líquido es la sustitución que se ha dado en el consumo de agua por el de bebidas artificialmente saborizadas y edulcoradas, en base a azúcar o no.
Se deberían implementar políticas públicas que acerquen a las personas y organizaciones el conocimiento de todos los aspectos vinculados con la producción, distribución, consumo y desechos de alimentos.
En tercer lugar, pensamos sin duda que es un espacio ideal para la inclusión social de personas en procesos de rehabilitación por diferentes causas, ya sea derivados de hospitales, policlínicas u otros centros.
En cuarto término, oficiarían de centros de capacitación teórica y práctica para técnicos y educadores de organizaciones de la sociedad civil que mediante convenios brindan atención psicosocial a diversas poblaciones. En general, estas instituciones cuentan con lugares para actividades de huerta, pero muy pocas incluyen en su plantilla laboral a talleristas de huerta y compostaje.
En quinto lugar, la posibilidad de que escuelas y liceos cercanos hagan allí visitas didácticas y trabajos de campo.
Por último, pero tan importante como el resto de los puntos señalados, es sensibilizar sobre el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, promoviendo acciones comunitarias que permitan el acceso sostenido de alimentos a todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica. Por otra parte, no es admisible el desperdicio de comida, ya sea o no elaborada. También en este aspecto las huertas pueden jugar un papel significativo en materia de recuperación de algunos desechos de origen vegetal, a través de tecnologías simples, de fácil acceso, sin necesidad de recurrir al compostaje, una biotecnología que requiere más espacio, dedicación y tiempo. Si bien existen iniciativas que se dedican a la recuperación de alimentos, lamentablemente, lo recuperado es un porcentaje ínfimo del total que finaliza en los sitios de disposición final de residuos.
El Estado debe jugar un rol mucho más dinámico al que desempeña actualmente con relación a agroecología urbana. El comienzo de esta política pública que estamos proponiendo es elaborar un mapeo de todas las huertas urbanas existentes y, según las diversas características y posibilidades de cada una de ellas, coordinarlas, orientarlas y brindarles diversos apoyos, como los ya señalados.
Jorge Solari es edil departamental de Montevideo por El Abrazo 949, Frente Amplio.