Pobre Artigas

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Artigas es sin lugar a dudas el prócer de nuestra nación; todas las demás figuras que se podrían considerar “héroes” nacionales entran en la controversia partidista entre blancos y colorados.

Pensar en el artiguismo como inspiración es pensar en su programa social de avanzada para su época, expresado fundamentalmente en las instrucciones del año XIII y en el reglamento de tierras. Pero además de su ideario lo que siempre reivindicamos del general fue su ética; Artigas nunca transó ni con porteños ni españoles los principios que defendió hasta su muerte en su exilio paraguayo, por lo que los hechos de corrupción que terminan con el procesamiento de las principales jerarquías políticas del departamento duelen por partida doble.

Lamentablemente debemos afirmar que estos hechos no son aislados y que en varios departamentos del interior, sin llegar a lo obsceno de este caso, se dan hechos similares.

Esta realidad no sólo es grave porque mancha la política y el servicio público, aumentando el ya de por sí cada vez más alto descontento ciudadano, sino porque este funcionamiento atrasado y cuasi feudal compromete el desafío de lograr que Uruguay se convierta en un país desarrollado y cohesionado socialmente. Por lo que intentar comenzar a resolver este problema debería ser una prioridad para un próximo gobierno, buscando liderar un profundo rediseño institucional de los gobiernos subnacionales que implicará indefectiblemente la necesidad de reformar la Constitución.

Sólo para señalar algunos de los cambios deseables que podríamos debatir: reducir la autonomía de las intendencias y reposicionar las juntas departamentales como verdadero mecanismo de contralor eliminando las mayorías automáticas que otorga la Constitución al partido ganador.

Pero si queremos avanzar realmente en un rediseño institucional que promueva un salto cualitativo de la eficiencia del Estado uruguayo, debemos asumir que tener 19 departamentos (la mayoría dependientes de las transferencias del gobierno central para poder funcionar) es absolutamente inviable y un freno al desarrollo nacional.

La piedra angular de una reforma del Estado

En los últimos días y de la mano de la instancia electoral que venimos transitando, economistas de todos los partidos políticos con representación parlamentaria vienen sosteniendo que un próximo gobierno tendrá limitaciones en lo económico muy relevantes. El déficit que se heredará será tan alto como al inicio del actual gobierno, el endeudamiento será mayor y las perspectivas de crecimiento muy inciertas, dada la gran inestabilidad internacional que se puede vislumbrar.

Pero, por otra parte, las urgencias sociales a resolver son muy relevantes; la pobreza concentrada en niños y niñas, el desempleo en la juventud que está provocando un “exilio” silencioso, las cárceles, la problemática de la inseguridad y la convivencia, los asentamientos, entre otros, tensionarán al gobierno y la política.

La mayoría de los economistas concentran entonces el desafío en la redistribución y en la eficiencia del gasto público. No es el objetivo de este artículo controvertir este enfoque, que se comparte, pero que se podría complejizar incorporando la necesidad de ajustes en el sistema tributario nacional que permitan la obtención de más recursos para atender de manera urgente alguna de estas prioridades. Por lo que, partiendo de la necesidad de mejorar y repensar cómo el Estado invierte sus recursos, afirmamos que probablemente el principal desafío a abordar para dar un salto cualitativo en esta materia pase por repensar el modelo de descentralización que tiene Uruguay.

Si analizamos algunos datos podemos observar que las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales no han parado de crecer, de 2,6% del PIB en el 2000 a casi 4%, cuando los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales se ubican en el entorno del 1,23% del PIB.

Si se analizan los ingresos tributarios por departamento, podemos ver cómo, por ejemplo, Montevideo recauda 90% de sus ingresos presupuestales; Maldonado, 83%; Canelones, 74%, y Colonia, 71%. Mientras las transferencias del gobierno central en Treinta y Tres alcanzan el 60%, en Cerro Largo el 57% y en Artigas el 55%, en otros 11 departamentos las transferencias del gobierno nacional alcanzan el 40%.¹

Una visión que ponga foco en el desarrollo territorial implica comprender que cada comunidad territorial se ha ido formando históricamente en función de relaciones de sus grupos sociales, en la configuración de una identidad y de una cultura que la diferencia de otras comunidades. El territorio se convierte así en un entramado de intereses diversos de una comunidad territorial que puede convertirse en un agente de desarrollo siempre y cuando tenga la capacidad de sostener un proyecto que se articule de manera virtuosa con los objetivos de crecimiento y desarrollo de un proyecto nacional.

Parece bastante claro que buena parte de los gobiernos subnacionales, que representan una porción relevante del territorio nacional, no están en condiciones de liderar un proyecto virtuoso de desarrollo que permita que sus poblaciones alcancen niveles dignos de autonomía y prosperidad. Todo lo contrario, lo que parece instalarse es una dinámica clientelar y excluyente que condena a la precariedad y el subdesarrollo a la mayoría de sus ciudadanos.

Pero además podemos observar, en función de los datos reseñados, que ese funcionamiento ineficiente y clientelar se realiza con fondos de todos los uruguayos que año a año el gobierno nacional debe trasladar a los gobiernos subnacionales para resolver sus déficits presupuestales.

Esto no sólo fundamenta la necesidad de repensar los alcances de la autonomía departamental, sino que nos presenta el desafío de resolver la cuasi inviabilidad de varios departamentos del país, por ejemplo, avanzando en un proceso de regionalización.

Los principales problemas que debemos abordar para lograr un modelo de desarrollo con equidad territorial, y que a su vez administre de manera más eficiente los recursos públicos, probablemente pasen, entre otros desafíos, por apostar a un proceso asociativo entre departamentos que fortalezca sus capacidades endógenas, para ser partícipes activos de un proyecto de desarrollo y bienestar para todos los ciudadanos de este país.

Marcos Otheguy es integrante de Rumbo de Izquierda, Frente Amplio.