La denuncia del Poder Ejecutivo sobre la garantía presentada por la empresa Cardama tensó esta semana el debate político, con el anuncio de interpelación a la ministra Sandra Lazo por parte del Partido Nacional (PN) y una intervención pública de Luis Lacalle Pou, quien afirmó que se trataba de una operación política contra él y que Yamandú Orsi había sido “arrastrado” a participar en ella. En este primer año del gobierno presidido por Orsi ya se habían producido varios enfrentamientos duros entre el oficialismo y la oposición, pero estamos ante uno de relevancia e intensidad singulares.
Lacalle Pou se refirió incluso a la presunta preparación de otras denuncias por decisiones que adoptó durante su mandato. Hablando de sí mismo en tercera persona y como si conservara su investidura, aseguró que “el presidente de la República actuó con transparencia” y “con sentido nacional”, que estaba “enterado de todo lo que pasó” y que, aunque “seguramente” cometió “algún error” durante su gestión, no le inquieta que esta sea investigada.
Las declaraciones del expresidente incluyeron una bravata: como prueba de que no tiene nada que ocultar, dijo que “renunció a los fueros”. Probablemente se refería a que decidió no ocupar una banca en el Senado, pero la decisión política de no desgastarse en la actividad parlamentaria (luego de que mucha gente votó al PN porque él era candidato) es una garantía tan discutible como la de Cardama.
Como líder indiscutido del mayor partido opositor y obvio aspirante a una nueva candidatura presidencial en 2029, Lacalle Pou es el principal adversario político del oficialismo. No ha sido acusado de nada por el acuerdo con Cardama, pero las sospechas lo afectan, y sabe que esto es independiente de las conclusiones a las que llegue el sistema judicial.
Parece claro que su táctica es subir la apuesta. Asume de antemano toda la responsabilidad y se presenta como víctima de una campaña de desprestigio. Para peor, le atribuye al presidente de la República el triste papel de ser manipulado por un entorno que actúa de mala fe, abonando el relato opositor sobre su debilidad e impericia. Esto implica grandes riesgos, no sólo para Lacalle Pou, sino también para el país.
Es evidente la invalidez de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, condición previa de su contratación para construir dos patrulleras oceánicas que Uruguay sin duda necesita. La inexperiencia total de la empresa española en la construcción de ese tipo de buques militares aumentaba la necesidad de una garantía sólida, y es indispensable investigar quiénes, cómo y por qué aceptaron la de Eurocommerce, una entidad cuyas características fantasmales saltan a la vista con una simple búsqueda en internet. No es aceptable que ignoremos si hubo incompetencia, desprolijidad o algo más grave.
Resulta imperioso que el proceso judicial se desarrolle de forma rigurosa y sin presiones políticas indebidas. Pretender presentarlo como una maniobra partidaria nos hace mucho daño.