Por qué
En el estadio actual del sistema capitalista, la economía del conocimiento basada en el uso de la información, el conocimiento y la tecnología para generar valor y ofrecer nuevos productos y servicios es un eje central del desarrollo tanto económico como educativo y social. Nuestra sociedad debe integrarla, pero teniendo claro el para qué y el cómo. El desarrollo de la economía del conocimiento debe priorizar el bienestar colectivo por sobre la lógica de acumulación del capital. La ciencia, la tecnología y la innovación deben ser herramientas para democratizar el acceso a derechos, reducir desigualdades y atender las necesidades históricamente postergadas de los sectores más vulnerables.
Para qué
Para:
a) Impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos.
b) Difundir, transferir, articular y diseminar dichos conocimientos.
c) Contribuir al bienestar social, reduciendo las desigualdades estructurales, mejorando la calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes, con enfoque de clase, género, discapacidad, territorio y etnia.
d) Estimular y garantizar la investigación básica aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación del personal investigador y tecnólogo.
e) Desarrollar y fortalecer la capacidad tecnológica y competitiva del sistema productivo de bienes y servicios y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas creando mercados.
f) Potenciar y orientar la investigación científica y tecnológica, estableciendo planes y programas prioritarios.
g) Promover mecanismos de coordinación entre los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
h) Garantizar la igualdad en oportunidades para personas, organismos y regiones del país.
i) Impulsar acciones de cooperación científica y tecnológica a nivel internacional, con especial énfasis en la región Mercosur.
j) Promover el desarrollo armónico de las distintas disciplinas y de los departamentos que integran el país, teniendo en cuenta la realidad geográfica y social en la que ésta se desenvuelve.
Cómo
A estos efectos es primordial contar con:
a) Un instrumento jurídico que permita la realización de los objetivos planteados.
b) Una institucionalidad adecuada que coordine todos los elementos del sistema.
c) Un plan estratégico actualizado y actualizable en la materia con la participación, forma de aprobación, periodicidad de revisión/formulación claramente establecidos.
d) La financiación necesaria para llevar dichos objetivos adelante, creando instrumentos de apoyo a la investigación y el estímulo a la innovación en las empresas, que debe tener criterios redistributivos, con foco en proyectos que apunten a transformaciones sociales profundas y no solo a la eficiencia productiva.
e) La utilización de las empresas públicas como elementos de avanzada en sus respectivas áreas de especialización y debidamente coordinadas.
f) El acceso abierto a la ciencia y el conocimiento, con una política de democratización del saber, y no sólo como una cuestión técnica.
g) La realización de la vinculación del sector productivo y de servicios con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a través de los instrumentos necesarios para la realización de una adecuada transferencia de tecnología, debiendo subordinar esa vinculación a fines sociales, para evitar que la innovación quede en manos del mercado y refuerce desigualdades.
g) La divulgación de la ciencia y la tecnología en todo el sistema de educación.
Existe una necesidad impostergable de generar una Ley de Ciencia y Tecnología que sirva como marco jurídico y referencia de toda la actividad generada y que se genere al respecto.
Analizando los elementos del cómo para llegar a los estadios que el país necesita para considerar que va en un camino virtuoso, consideramos:
1) La necesidad impostergable de la generación de una Ley de Ciencia y Tecnología que sirva como marco jurídico y referencia de toda la actividad generada y que se genere al respecto, a efectos de que las reglas del juego queden debidamente establecidas, y tenga principios rectores de justicia social, equidad y democratización del conocimiento.
2) Una institucionalidad adecuada. Con esto queremos decir:
La creación de un organismo, léase Ministerio, responsable de la generación de los lineamientos políticos que permitan, precisamente, efectivizar los para qué, y especialmente asumir como misión explícita reducir desigualdades sociales y regionales a través de la ciencia. Y no es crear burocracia, sino jerarquizar la temática, si entendemos, como todos proclaman, que es necesaria para el salto estratégico que se pretende implementar. Asimismo, debemos dejar de considerar que los organismos de gestión vinculados y necesarios se denominen agencias. Este término (de origen en el derecho anglosajón), que hace a la cosa, fue utilizado en la administración de Margaret Thatcher en Reino Unido para privatizar los organismos públicos de gestión y así favorecer directamente a los intereses del capital y no de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, Uruguay cuenta con un rico derecho público que le ha permitido tener un organigrama de desconcentración, descentralización y autonomía que se adecua para llevar adelante cualquier gestión de carácter público exitosa. Así, estos organismos deben responder a las necesidades colectivas, y no a lógicas privatizadoras o tecnocráticas.
Trabajo en red de todos los organismos del sistema.
Reformulación del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), tanto en su integración como en sus cometidos y potestades, a efectos de darle la categorización que le corresponde como órgano representativo.
3) Redactar un nuevo PENCTI (Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación) actualizado a las nuevas circunstancias y estadios en estas áreas y con una amplia participación social en su elaboración, una forma de aprobación, periodicidad de revisión y reformulación claramente establecidos.
4) Duplicar los recursos asignados en el Presupuesto Nacional a esta área, tratando de llegar al final del actual período de gobierno al 1% del producto interno bruto (PIB), así como a la creación de los estímulos e incentivos que sean necesarios, descartando una visión cortoplacista del gasto público. El incremento presupuestal debe priorizar las áreas estratégicas que respondan a los intereses sociales y no sólo económicos, con especial énfasis en la investigación básica y aplicada.
5) Por otro lado, debemos jerarquizar el papel de las empresas públicas como instrumentos para el logro de fines vinculados a la soberanía, el desarrollo y la efectividad de derechos, que son los elementos inspiradores de las políticas públicas que debe diseñar y aprobar el Poder Ejecutivo.
Deben ser pilar para el desarrollo del país en sus inseparables dimensiones económica, social, cultural y ambiental y para el despegue de la industria nacional. Esto permite tener políticas soberanas para desarrollar la producción, así como ocupar a nuestros científicos, técnicos y profesionales e impulsar el uso de conocimiento y tecnología para resolver los problemas que se nos presentan. En el centro de esta política tiene que estar el combate a la pobreza y la exclusión, considerando a la ciencia como instrumento para garantizar derechos colectivos, no sólo servicios.
Deberán ser vanguardia en el país en innovación y solución ética de los problemas de su materia, así como en la recapacitación de su personal ante la incorporación permanente de tecnología, promoviendo a su vez la formación y el empleo digno para sectores tradicionalmente excluidos. También deben ser tractores de la transformación ambiental.
Sin perjuicio de este papel ejecutor de políticas públicas formuladas por el Poder Ejecutivo, el tejido institucional que Uruguay posee en materia de servicios públicos merece ser defendido como tal. Deben ser claves en la promoción de lo público como alternativa a la glorificación individual propia de esta etapa del capitalismo. Para ello, la colaboración entre empresas públicas es fundamental, de modo de evitar duplicaciones y aprovechar fortalezas de cada una de ellas. Esta colaboración abarcará la totalidad de las áreas de apoyo de las empresas públicas, así como la promoción de acciones educativas, culturales, etc., que tiendan a desarrollar el orgullo y aprovechamiento de la población por sus empresas públicas.
Asimismo, deberán favorecer la formación de una red internacional activa con las empresas públicas del resto del mundo, con conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
6) Todo esto enmarcado en un Plan Estratégico de Desarrollo Productivo creado a partir de un ámbito participativo integrado tanto por la academia como por los sectores productivos (empresas y trabajadores organizados). Debe establecerse una clara vinculación entre esta dirección del desarrollo económico (cómo elegir direcciones definidas de forma amplia) y las oportunidades tecnológicas que se vayan presentando.
Cristina Dartayete es abogada, fue coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual (2011-2014) y directora técnica de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (2005-2010).