Luego de una inusual sucesión de muertes de personas en situación de calle, y ante la previsión de varias jornadas con temperaturas muy bajas, Presidencia decidió esta semana intervenir en forma directa. El lunes anunció la aplicación de un artículo de la ley de creación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), aprobada en 2009, que permite “la evacuación obligatoria de personas y de animales en situación de vulnerabilidad o de riesgo” cuando se declara un alerta, en el marco de operativos que involucran a numerosos organismos del Estado.
Los traslados, de acuerdo con la misma norma, pueden ser realizados por la fuerza “en caso de resistencia al cumplimiento de la orden de evacuación, y cuando hubiese peligro inminente para la vida humana”, por decisión unipersonal del “responsable de la actividad operativa”, quien debe dar cuenta “de inmediato a la Justicia”.
Se puede discutir si esta decisión fue oportuna o tardía, y es válido recordar que sectores del Frente Amplio hicieron suyos, en años anteriores, los cuestionamientos planteados desde una perspectiva de derechos a normas que permiten la internación compulsiva de personas en situación de calle, con procedimientos más garantistas que los aplicados ahora por el Sinae. De todos modos, hay dos hechos indiscutibles a tener en cuenta. El primero es que la intervención estatal en curso se dispuso para salvar vidas que, sin ella, podrían haberse perdido esta semana; el segundo, que no resuelve los problemas de fondo.
Consideremos, para empezar, que cuando no haga tanto frío seguirá habiendo 3.500 o más personas en situación de calle, y entre ellas, algunos cientos que no quieren pasar la noche en refugios. Toda esa gente no necesita sólo un lugar seguro y abrigado donde dormir, alimentación adecuada y atención sanitaria. Facilitar la posibilidad de que reencaucen sus vidas requiere un conjunto complejo de políticas públicas, con recursos mayores y más adecuados que los disponibles hoy.
Por otra parte, el área de trabajo antedicha es sin duda valiosa y urgente, pero constituye una reacción estatal ante hechos consumados, que no previene la creciente llegada de personas a la situación de calle. Si no se actúa sobre las causas del fenómeno, la tarea seguirá siendo tardía, insuficiente e incesante.
Esas causas no son ningún misterio. Entre ellas se destacan los egresos mal acompañados de un sistema carcelario deficiente, que por lo general empeora las trayectorias de vida; las carencias en las políticas de salud mental y en la prevención y el tratamiento de las adicciones problemáticas; la marginación de los sistemas de protección social y, por supuesto, la desigualdad crónica y creciente, que agrava todos los impactos sobre la población pobre y la hace aún más vulnerable.
Miles de personas viven en la calle porque la solidaridad social y el Estado que debe instrumentarla les fallaron. Para revertir esta situación, no basta que el Ministerio de Desarrollo Social cumpla cada vez mejor con sus cometidos, y no es culpa de esa institución que la realidad le plantee desafíos crecientes. Cada desamparo es una responsabilidad colectiva.