Este jueves comienzan un nuevo quinquenio de gestión política los gobiernos departamentales y locales. Formalmente entran a la cancha 18 intendentes, una intendenta y 136 concejos municipales en todo el territorio nacional. Más allá de los calendarios, las alternancias y las rotaciones, es una nueva oportunidad de mirar estratégicamente la política pública. Y si bien es esperable que vuelvan a producirse negociaciones y tensiones por la lógica batalla con relación a los recursos presupuestales y el futuro financiamiento subnacional, también sería buena cosa que la discusión privilegie con perspectiva estratégica la necesidad de modificar enfoques para abordar las persistentes disparidades territoriales que el país registra.
Los gobiernos subnacionales importan. La relevancia de esa escala de la gestión política se sustenta fuertemente en su capacidad efectiva de avanzar en objetivos clave, como el de favorecer una mayor participación de la comunidad en los asuntos públicos, para así fortalecer la transparencia gubernamental y robustecer la calidad democrática. Se ha reiterado desde este espacio de Posturas el gran reto que representa promover una visión sinérgica y articulada entre los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y local), aun en un país como Uruguay, considerado pequeño en esta región del globo. Ese desafío se vincula, a su vez, con la posibilidad efectiva de avanzar hacia un enfoque de desarrollo territorial integral, evitando las reiteradas duplicidades, superposiciones, inconsistencias y compartimentaciones en las que históricamente ha incurrido el largamente centralizado Estado uruguayo.
Los gobiernos territoriales importan, y como tales enfrentan oportunidades y desafíos. Los retos no pueden desconocer la necesaria profundización de instrumentos y métodos que mejoren la recopilación de datos e información con la finalidad de mejorar el análisis y favorecer la construcción de políticas basadas en evidencia.
Entre las principales certezas sobre la relevancia de la gestión política territorial, se podría reseñar que:
Toda política, programa o prestación tiene sus efectos e impactos en la escala del territorio. En ese plano, y sustentadas sobre el principio de subsidiariedad, la cercanía y la proximidad se constituyen en una preciosa oportunidad de mejorar la respuesta pública territorial. El actor político local es por esencia el municipio, que debe ser fortalecido en sus capacidades institucionales que vehiculicen y dinamicen una gestión de calidad.
La premisa o afirmación anterior tiene sentido y adquiere relevancia en la medida en que la dimensión territorial se vincule con aspectos también clave, transversales y relevantes en la construcción e implementación de las políticas públicas. Allí se entrecruzan procesos importantes en materia de inclusión social, participación de la comunidad y desarrollo territorial integral.
Por más que pueda resultar obvio a estas alturas, el desarrollo no puede ser asociado al mero crecimiento económico, ya que requiere también una perspectiva de equidad (no hay goteo ni derrame, la política es clave para actuar sobre la distribución y redistribución de los recursos).
El enfoque de desarrollo territorial integral aporta multidimensionalidad (economía, política, sociedad y ambiente), multiescalaridad (distintos niveles de actuación estatal y gubernamental) y multiactoralidad (Estado, sociedad civil, empresas y comunidad en general).
Así que no es para nada despreciable la contribución que los gobiernos del territorio pueden hacer en un contexto global desafiante, en el que suele referirse al “nuevo localismo” como una tendencia que reúne iniciativas y reflexiones clave para innovar en materia de políticas públicas. De acuerdo a ese enfoque, la gestión subnacional que protagonizarán las nuevas intendencias y municipios a partir de este jueves puede operar en beneficio de dos cuestiones bien importantes: la participación comunitaria en los procesos de diseño e implementación de política pública y la búsqueda de una gestión más eficaz y eficiente en la prestación de servicios y respuestas públicas.
La gestión de las nuevas intendencias y municipios puede operar en beneficio de dos cuestiones bien importantes: la participación comunitaria y la búsqueda de una gestión más eficaz y eficiente.
Pero el análisis y la defensa de ese nuevo localismo también debe problematizar la práctica efectiva y evitar caer en una suerte de romance localista. Los gobiernos subnacionales no han estado para nada exentos de “mala praxis”. Eso torna preponderante un papel celoso y activo de la comunidad, monitoreando y ejercitando funciones de contralor de modo de contribuir a mitigar las prácticas discrecionales o clientelares. También allí es probablemente imprescindible fortalecer los marcos normativos, construir nuevos instrumentos y mecanismos para robustecer los controles existentes en la actualidad.
Si lo que está en juego es una efectiva visión política que apunte a una mayor descentralización, nada de lo anterior puede hacerse sin relacionamiento intergubernamental. Es un desafío, por lo tanto, mejorar las relaciones, no sólo entre los distintos niveles de gobierno, sino también entre los organismos sectoriales, las empresas públicas y los servicios descentralizados con las nuevas intendencias y municipios. Es el único modo de romper compartimentos estancos para transversalizar políticas públicas privilegiando la mirada de los territorios, sus actores y comunidades.
Ese ejercicio también involucra trascender los espacios de participación declarativos o testimoniales, problematizar la experiencia y el aprendizaje para transformarlo en apropiación efectiva que posibilite ejercer un mayor control, incidencia y protagonismo de la comunidad en los procesos de transformación territorial.
Es necesario insistir en la construcción de programas municipales de gestión, aspecto que en el tránsito de los gobiernos locales uruguayos (aún corto) suele ser una rareza. Todo eso debe suceder antes y no durante o incluso después de los acuerdos entre los sectores y la selección de candidaturas que los partidos políticos realizan.
Finalmente, y no menos importante, es clave no caer en el error de pensar a los municipios como entidades aisladas de las otras esferas de la gestión. Los procesos deben articular esquemas de gobernanza multiactoral dentro de los departamentos y con perspectiva regional, y para ello hay que desplegar ámbitos e instrumentos genuinos de participación que comprometan y potencien la respuesta intergubernamental.
La visión de un proceso de innovación institucional como el que hoy abarca la gestión política subnacional debe ser mucho más profunda que el ejercicio de pedir el voto cada cinco años. Debe sustentarse en un diálogo y una configuración que implique ese “cable a tierra”, marcando una mayor exigencia y monitoreo de los compromisos que se van asumiendo interelectoralmente por parte de los actores gubernamentales de todos los niveles.
Martín Pardo es politólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional y doctorando en Estudios Territoriales.