Para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático, la arquitectura financiera mundial debe transformarse. La magnitud de los recursos requeridos para instrumentar los procesos de adaptación y mitigación, así como para asimilar los costos de los impactos del cambio climático, requiere una profunda transformación en las políticas públicas y sobre todo de las estrategias de financiamiento. Sin esto, parece inviable cumplir los compromisos del Acuerdo de París.
La descarbonización profunda de la economía es una oportunidad para proyectar reformas fiscales justas y diseñar e implementar políticas fiscales innovadoras que contribuyan a los procesos de mitigación y adaptación y que, simultáneamente, promuevan una mayor igualdad entre países, territorios, géneros, generaciones y hogares, particularmente en el Sur Global.
Las reformas fiscales pueden contribuir a atender un conjunto de externalidades negativas, como las derivadas de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático, al tiempo que pueden contribuir a elevar la recaudación fiscal y promover un segundo dividendo, al mejorar la distribución del ingreso. El reciclaje fiscal permite apoyar hogares, grupos económicos y actividades productivas más vulnerables a los impactos del cambio climático y a los riesgos de la transición climática.
La construcción y la implementación de estas reformas fiscales verdes es aún incipiente en América Latina. En la actualidad, existen diversos debates en desarrollo promovidos desde instituciones financieras internacionales y gobiernos nacionales particularmente atractivos y relevantes desde la perspectiva del Sur Global.
Por ejemplo, se están adoptando medidas para valorizar monetariamente los ecosistemas y el desarrollo humano para generar proyectos bancables de alto impacto en términos de sostenibilidad ambiental y social. Este proceso de transformación debe posicionar a los países de América Latina a la cabeza de la nueva economía verde del siglo XXI, promoviendo una nueva inserción en la economía global, apoyada en una estrategia basada en el uso responsable de los recursos naturales.
La instrumentación de las reformas fiscales verdes es también un componente importante para una transición climática justa, que ocasionará desequilibrios fiscales –aumento de déficits públicos y deuda soberana– en varios países. La transición implicará la introducción de desestímulos para determinados sectores, por ejemplo, para la industria petrolera. A esto hay que agregar las consecuencias fiscales de los desastres naturales y los requerimientos de inversión pública que podrían ser mayores que el 5% del PIB en la región durante el último quinquenio de esta década.
La descarbonización profunda de la economía es una oportunidad para proyectar reformas fiscales justas y diseñar e implementar políticas fiscales innovadoras.
Las finanzas públicas de los países en desarrollo no están preparadas para una transición climática con las reglas actuales. Ante un escenario tan desafiante, se requieren nuevas reglas de juego. Los bancos multilaterales han contribuido al financiamiento de la acción climática y del desarrollo social. Sin embargo, los niveles actuales de movilización de recursos financieros resultan insuficientes.
Para encarar los desafíos planteados es necesario convertir los procesos de adaptación y mitigación en un instrumento de desarrollo económico y social. Las dimensiones de sostenibilidad ambiental y de inclusión social deben ser incorporadas de manera explícita en la gestión financiera del endeudamiento público y en la orientación de las políticas tributaria y presupuestal.
Las llaves para cambiar están crecientemente vinculadas con los programas de deuda por naturaleza, con la instrumentación de regulaciones eficaces para preservar ecosistemas y recursos ambientales y para construir nuevas infraestructuras consistentes con la descarbonización profunda de la economía.
El T20, el grupo de pensamiento e investigación que aporta insumos técnicos al G20, ha recomendado un impuesto al patrimonio global y el alivio u otorgamiento de condiciones favorables para la deuda pública de los países en desarrollo sobre la base del cumplimiento de compromisos de desarrollo y ambiente compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las recomendaciones exhortan a que las negociaciones de la Convención de Naciones Unidas para Cambio Climático incluyan el alivio de la pobreza, mejorando la equidad y la aplicación de programas que atiendan los efectos devastadores de los desastres climáticos, en particular, entre la población más afectada que hoy carece de una efectiva protección social universal.
Esta reforma de la arquitectura financiera global es fundamental y urgente para atender los riesgos físicos y de transición del cambio climático y, muy especialmente, para proteger a los sectores sociales más vulnerables.
Las políticas fiscales deben ser aliadas para la solución y no parte del problema.
Fernando Lorenzo es economista e investigador de CINVE y Red Sur. Luis Miguel Galindo es economista y docente de la UNAM.