La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 marcó un hito en el debate sobre el tema, ya que allí se retoma el derecho al desarrollo y la definición de desarrollo sustentable, y se acuerdan la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y una serie de principios clave.
Las crisis socioecológicas que amenazan los ciclos naturales, los sistemas ecológicos y sus funciones y repercuten en la negación de derechos exigen que la agenda de desarrollo reconozca los límites ecológicos y la apropiación histórica injusta del espacio ambiental y los bienes naturales del Sur a manos del Norte. El Norte tiene la obligación de iniciar la transformación ecológica profunda y garantizar la transferencia de tecnologías sin patentes y de recursos financieros públicos y adicionales para que el Sur pueda avanzar por otra senda de desarrollo con justicia y derechos, enfrentar las pérdidas y daños que ya está sufriendo por los impactos de las crisis, y financiar su adaptación. Ello implica también revertir la desigualdad en el acceso a los bienes naturales y recursos económicos al interior de los países, que se reproduce y consolida a consecuencia de las crisis, las políticas neoliberales y las falsas soluciones de mercado.
Si bien los países del Sur necesitan seguir creciendo en términos económicos, debe ser en base a un plan estratégico de desarrollo y una integración regional que profundice la democracia, apueste a la paz y a relaciones internacionales basadas en la cooperación y la justicia, garantice la participación social activa y efectiva e incorpore estructuralmente la justicia ambiental, social, económica y de género, para contribuir a la restauración y protección del ambiente, la igualdad y el desmantelamiento de las opresiones.
El crecimiento económico no es equivalente a desarrollo, y, de hecho, puede ser un obstáculo cuando atenta contra los derechos, la justicia y el planeta, como queda en evidencia con crisis como la del agua o de inseguridad alimentaria que sufren niñas y niños en nuestro país. Si el crecimiento económico conduce a la concentración de la riqueza y los bienes naturales, y a procesos crecientes de despojo y degradación territorial, no podemos hablar de desarrollo, ya que se compromete la calidad de vida de las personas y comunidades y la capacidad de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas.
Una agenda integral de desarrollo exige necesariamente políticas públicas y justicia tributaria, para garantizar el ejercicio de derechos y la provisión de cuidados y servicios públicos de calidad, así como la restauración ambiental y las reparaciones necesarias para gozar de un medioambiente saludable.
La liberalización comercial y de las inversiones no conducen al desarrollo
En el proceso rumbo a la Conferencia de 1992, las organizaciones sociales cuestionaron la agenda neoliberal y develaron por qué constituye un obstáculo al desarrollo con justicia ambiental. A partir de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, se consolidaron los análisis sobre la imposibilidad de lograr un desarrollo sustentable inclusivo y equitativo en los países del Sur si continuaban el comercio internacional desigual, la inserción dependiente y el consiguiente despojo y transferencia de recursos del Sur al Norte.
El estudio de Jason Hickel y otros académicos en 2022 aportó a este debate al estudiar la escala física y el valor de los recursos y la mano de obra incorporados en los bienes exportados por el Sur al Norte global en el período 1990-2015, y concluyó que “el intercambio desigual es un importante motor de la desigualdad mundial, el desarrollo desigual y el colapso ecológico”. La transferencia de recursos del Sur al Norte ascendió “a un total de 242 billones de dólares (en dólares constantes de 2010), generando una ganancia para el Norte global equivalente a una cuarta parte del PIB del Norte” (traducción propia).
Las instituciones, políticas y normas del comercio e inversiones internacionales promovidas por el neoliberalismo conducen a la liberalización y mercantilización de las distintas esferas de la vida en sociedad y la naturaleza, con cláusulas que limitan la posibilidad de los países del Sur de definir y adoptar sus propias políticas de desarrollo y diversificación productiva que les permitan superar las limitantes que imponen las economías primarias y extractivistas heredadas del coloniaje.
Las crisis socioecológicas exigen que la agenda de desarrollo reconozca los límites ecológicos y la apropiación histórica injusta del espacio ambiental y los bienes naturales del Sur a manos del Norte.
Ha-Joon Chang hace referencia a cómo los países industrializados impulsan instituciones y políticas que ellos mismos no adoptaron e implican patear la escalera al desarrollo de los países del Sur. Por cierto, sí adoptaron activamente políticas comerciales e industriales intervencionistas para promover sus industrias incipientes.
Debilitamiento del multilateralismo y captura corporativa
El multilateralismo, tan necesario como marco político internacional para abordar la problemática socioambiental a nivel global y las amenazas que plantean la desigualdad y la concentración de la riqueza crecientes, así como las guerras, la ocupación, el genocidio y el poder colosal de la industria armamentista, está en crisis.
Luego de la Segunda Guerra Mundial emergió un sistema multilateral que, si bien no era perfecto, y desde nuestro punto de vista tampoco justo, partía del reconocimiento de un mundo interdependiente y de la necesidad de regular los mercados internacionales. A fines de los 70, las empresas transnacionales y los grandes bancos, junto con sus aliados en los gobiernos, recuperaron su poder y reescribieron las reglas de ese sistema, que se transformó en un instrumento para la proyección del orden neoliberal que generó las crisis de inestabilidad financiera, de desigualdad y climática.
Las empresas transnacionales, que tienen una responsabilidad histórica y actual en la generación de las crisis socioambientales, se presentan como portadoras de supuestas soluciones utilizando estrategias de maquillaje verde y responsabilidad social empresarial. Estos actores perciben las crisis como oportunidad para incrementar sus tasas de ganancias e incorporar a la naturaleza y todas las dimensiones de la vida en sociedad en el circuito de acumulación de capital. Para ello, ejercen presión política e impulsan normas, tecnologías, proyectos y prácticas que se enmarcan en la lógica de la economía verde, y proponen un crecimiento económico ilimitado e injusto, pero supuestamente más eficiente en el uso de recursos. Ahora que se tornan más evidentes los problemas del neoliberalismo, impulsan iniciativas tendientes a la mercantilización y privatización de la naturaleza que la redefinen como capital natural, e imponen una lógica reduccionista que niega la complejidad de los sistemas ecológicos, los ciclos y funciones naturales que sustentan la vida y el papel vital de los pueblos en el cuidado de la naturaleza.
Propuestas desde los pueblos
Los pueblos y movimientos sociales construyen y ponen en práctica iniciativas que reivindican la esfera política y las políticas públicas que se construyen desde la organización colectiva y la autogestión y contribuyen al desarrollo integral con justicia social, ambiental, económica y de género, y a la realización de derechos. Entre ellas cabe destacar:
- La transición justa y la democratización de la energía, que no implica solamente un cambio de matriz hacia energías renovables, sino la defensa de la energía como derecho y su carácter público, así como la necesidad de poner en el centro los derechos de las comunidades y las/os trabajadoras/es.
- La soberanía alimentaria y la agroecología reconocen el derecho de los pueblos y países a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos, en base a la producción campesina y familiar, así como el papel fundamental de las mujeres, el derecho a la tierra, el agua, las semillas, los medios de producción y una alimentación saludable del conjunto de la población.
- La economía feminista, que pone en el centro la sustentabilidad de la vida, reconociendo la importancia del trabajo productivo y reproductivo, así como la necesidad de romper con la división sexual del trabajo y garantizar el derecho de las mujeres a los bienes naturales y su autonomía económica.
- La integración regional de los pueblos con políticas para complementación productiva real y de cooperación regional para la transferencia de tecnologías y la innovación, con énfasis en las empresas públicas como motor de desarrollo. Políticas sociales que inauguren una verdadera ciudadanía regional y una política ambiental fundada en la justicia.
- Un nuevo multilateralismo que conduzca a la democratización de la ONU, en el que no se impongan los intereses de los poderosos y se apueste a la cooperación y la paz para enfrentar las causas históricas y estructurales de las crisis socioambientales.