A los uruguayos nos gusta creernos distintos, casi excepcionales. Nos gusta creer que no somos como el resto de Sudamérica, que somos más ordenados, más civilizados, casi europeos. Nos repetimos que somos la mejor democracia del continente, la "Suiza de América". Como ironiza la canción del Cuarteto de Nos No somos latinos. Esta visión no es inocente: encierra un sentido de superioridad que muchas veces esconde una forma no tan sutil de xenofobia.
Este sentimiento de exclusividad no solo se refleja en la cultura popular, sino también en nuestra legislación. Un claro ejemplo es la existencia de dos tipos de ciudadanía en Uruguay: la "natural", que se otorga automáticamente a los nacidos en el país o a los hijos de uruguayos, y la "legal", reservada para quienes adquieren la ciudadanía tras cumplir ciertos requisitos de residencia. Una diferenciación anclada en otro tiempo, que en sucesivas reformas constitucionales no hemos decidido cambiar.
Son pocos los países en el mundo que establecen dos tipos de ciudadanía. ¿Qué diferencia a un ciudadano legal de uno natural? En términos de obligaciones, nada. Ambos deben votar, pagar impuestos y cumplir con todas las responsabilidades cívicas. Sin embargo, en materia de derechos, el ciudadano legal tiene, esencialmente, una sola restricción: no puede ser electo Presidente o Vicepresidente de la República. Ya de por sí, esto podría considerase cuestionable. Tengamos en cuenta que estos son uno de los pocos cargos de la estructura del Estado (131 en la administración central) que son elegidos directamente por la ciudadanía. Incluso, desde la reforma constitucional de 1997, son los únicos dos en todos los niveles de gobierno que son elegidos por la mayoría absoluta de la ciudadanía. Entonces, ¿si el soberano decidiera que quien mejor los representa es un ciudadano legal, por qué el constituyente debería vetarlo de antemano?
Pero siendo realistas, no es esta la mayor de las preocupaciones de los ciudadanos legales uruguayos. El Estado, en una decisión difícil de justificar, ha decidido que otorga ciudadanía pero no nacionalidad a estos conciudadanos. Es decir, los ciudadanos legales son ciudadanos, pero no son uruguayos. Esta incongruencia es absurda. Los uruguayos les exigimos cumplir con todas las obligaciones de un ciudadano, pero al mismo tiempo les negamos la plena identidad nacional.
El Estado, en una decisión difícil de justificar, ha decidido que otorga ciudadanía pero no nacionalidad a estos conciudadanos. Los ciudadanos legales son ciudadanos, pero no son uruguayos. Esta incongruencia es absurda.
Son innumerables los problemas que esto genera para los ciudadanos legales. En el exterior son tratados como extranjeros, con su libertad de movimiento y circulación internacional restringida. Los más “afortunados”, que aún conservan su ciudadanía de origen y por lo tanto otro pasaporte, tienen que recurrir a visas que no necesitan los ciudadanos naturales. Otros, que provienen de países que no admiten la doble nacionalidad, quedan en situación de apatridia. Hace ya casi 35 años que se disolvió la URSS, pero el Estado uruguayo emite documentos con nacionalidad soviética. La incongruencia es tal que, según relatan los propios afectados, los controles migratorios automáticos del aeropuerto de Carrasco rechazan los pasaportes de ciudadanos legales, emitidos por el propio Estado uruguayo, y los derivan al control manual, como si se tratara de un posible documento fraudulento. En el exterior, los funcionarios de frontera directamente no comprenden por qué Uruguay expide un pasaporte a alguien a quien no reconoce como nacional, y muchas veces exigen un pasaporte del país de origen, lo que no siempre es posible: ¿cómo se le pide un pasaporte a un ciudadano soviético?
Aún peor, quizás, es la situación de los hijos e hijas de ciudadanos legales nacidos en el extranjero, que son menores de edad y residen en Uruguay: no obtienen ni la nacionalidad ni la ciudadanía legal uruguaya. Paradójicamente, los nietos y nietas de nacidos en Uruguay son ciudadanos naturales, pero tampoco son considerados nacionales. El propio Estado separa ciudadanía y nacionalidad en ambas direcciones, sin ninguna coherencia.
¿Acaso no vemos la enorme discriminación que implica esto? ¿El flagrante ataque a la igualdad entre uruguayos? Los mismos uruguayos que de a miles contamos con ciudadanía europea, principalmente española o italiana, por el simple hecho de que nuestros ancestros emigraron, somos los que hoy miramos con desdén a los nuevos inmigrantes. ¿Nos parece justo que quienes llegaron a Uruguay en este siglo no sean considerados "uruguayos de verdad"? Si realmente creemos que este sistema es justo, entonces también deberíamos aceptar que a quienes tenemos pasaporte europeo se nos revoque nuestra otra nacionalidad. Tal vez así nos demos cuenta de la injusticia que hoy naturalizamos.
En este contexto, el gobierno anunció finalmente un proyecto de ley interpretativo de la Constitución que establece que los ciudadanos legales también son nacionales uruguayos. Las reacciones han sido variadas, y algunas dejan al descubierto prejuicios que preferimos no ver: “a este ritmo terminaremos con un presidente cubano”, “lo hacen para captar votos”, “es el fin del prestigio del pasaporte uruguayo”.
Conviene responderlas con precisión. El proyecto no modifica ninguna de las diferencias que la Constitución establece entre ciudadanos naturales y legales: la Presidencia y la Vicepresidencia siguen reservadas a los primeros, y se mantienen los años de ejercicio de la ciudadanía que se exigen a los legales para otros cargos. La Constitución nunca dice quiénes son nacionales. Ese silencio lo llenaron la doctrina y luego la Ley 16.021, que limitó la nacionalidad a los ciudadanos naturales, y el proyecto se limita a interpretar que todos los ciudadanos lo son. Tampoco suma un solo votante, porque los ciudadanos legales ya votan y están obligados a hacerlo como cualquier otro ciudadano. En cuanto al pasaporte, es justamente su prestigio lo que hoy está en juego, cuando el propio Estado emite documentos que en el exterior despiertan sospechas de fraude.
Si de verdad somos la democracia ejemplar que nos gusta creer, esta es una buena oportunidad para demostrarlo. No hace falta una reforma constitucional ni una mayoría especial: alcanza con que el Parlamento reconozca lo que la Constitución nunca negó. Es hora de que este problema se atienda definitivamente para honrar realmente el principio de igualdad. Reconocer plenamente a todos los ciudadanos, sin distinciones, es un paso fundamental para desmantelar mitos de superioridad y construir una identidad nacional verdaderamente integradora.
Rodrigo Coniglio es ingeniero químico, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
