Hace unos meses empecé a leer a uno de los autores cumbres de la literatura norteamericana, John Steinbeck, con East of Eden (ahora serie en Netflix), una novela imprescindible no solo por su prestigio, sino por la profundidad de los temas que aborda; el timshel bíblico, la posibilidad de elegir el bien incluso estando marcado por el mal, el perdón y el destino. Desde que comencé la lectura tenía claro que no se trataba de una novela sobre tecnología: nada se encontraba más alejado de ello.
Sin embargo, en su capítulo 13, antes de que la trama retomara sus personajes, el narrador se detiene a reflexionar sobre algo distinto, como si quisiera expandir un pequeño ensayo filosófico dentro de esta obra, y comienza a relatar, brevemente, el momento en que a una persona la ilumina lo que llama una “gloria”, un instante de creación genuina que la separa de todas las demás personas. Y advierte sobre una fuerza que empezaba a manifestarse en su época, la sustitución progresiva de la idea de individuo por la idea de colectivo, en la economía, en la política, incluso en la religión. Su tesis incomoda: ninguna colaboración crea nada, la creación nace siempre en la mente solitaria de una persona, el grupo solo la extiende después. Lo que está en juego cuando el método de producción en masa se filtra al pensamiento no es la eficiencia, es la posibilidad misma de que algo nuevo sea concebido.
Günther Anders llegó a una conclusión estructuralmente idéntica por un camino completamente distinto. En La obsolescencia del hombre describe lo que llama “el desfasaje prometeico”: la capacidad humana de producir tecnología avanzó mucho más rápido que la capacidad humana de imaginar, sentir o hacerse moralmente responsable de lo que esa tecnología es capaz de hacer. No es que el ser humano se haya vuelto obsoleto en sentido funcional, es que quedó ontológicamente rezagado respecto de sus propias creaciones, incapaz de estar a la altura afectiva y moral de lo que fabrica. Anders escribía pensando en la bomba atómica, en la posibilidad técnica de aniquilar a la especie sin que nadie fuera capaz de sentir, comprender o asumir esa magnitud. En ese entonces, el objeto superaba al sujeto y la producción a la conciencia.
Estas dos advertencias, la de la mente solitaria disuelta en el colectivo y la del sujeto rezagado frente a su propio objeto, convergen exactamente en el punto donde hoy se discute la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). El 8 de setiembre de 2026, Jacob Coxon, un investigador que pasó por OpenAI y Anthropic, renunció públicamente advirtiendo que ninguna de las dos empresas actúa con responsabilidad frente a la carrera hacia sistemas capaces de mejorarse a sí mismos. Un responsable de alineación en Anthropic salió después a respaldarlo, con una estimación propia de más de 10% de probabilidad de un resultado catastrófico en la próxima década. Independientemente de cómo se lea el episodio en términos de legitimidad mediática, el hecho de que esa conversación exista dentro de las propias empresas que construyen los sistemas es exactamente el desfasaje que describía Anders. Quienes más saben del riesgo no logran traducir ese saber en una respuesta proporcional a la magnitud de este. Saben, pero no pueden, en el sentido moral, estar a la altura de lo que saben.
Y del otro lado está la advertencia de Steinbeck. La IA es, entre otras cosas, la forma más avanzada de producción en masa que existe, no de bienes, sino de cognición misma. Cuando la generación de texto, de código, de decisiones, se vuelve un proceso industrial replicable a escala, el riesgo no es solo que la tecnología falle. Es que el modo de pensar que la produce se filtre a las instituciones que deberían regularla y que en el camino se pierda la capacidad de la creatividad individual. Una regulación importada, replicada de un modelo ajeno sin pensar el contexto donde se aplica, es exactamente esa producción en masa aplicada al derecho. Gobernanza y promulgación de leyes o directivas en serie para un problema que, como advertía el narrador de Eden, no puede resolverse en serie.
Esto tiene una consecuencia concreta para la teoría del derecho, y no es solo una analogía. El sistema jurídico, en su forma moderna, presupone un sujeto capaz de intención, de previsión razonable, de asumir las consecuencias de sus actos, la base misma de la imputación de responsabilidad, sea civil, penal o administrativa. La propia evolución normativa ya venía cediendo terreno frente a esa dificultad, antes incluso de que la IA generativa la volviera evidente. El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (art. 34) exige evaluar los riesgos sistémicos que derivan del diseño de los servicios, sin requerir que se pruebe una intención de dañar. Y la Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por productos defectuosos extiende el régimen de responsabilidad objetiva al software, incluidos los sistemas de IA. En ambos casos el eje se desplaza de la voluntad de quien actúa hacia la previsibilidad del daño y el defecto del diseño. Ese desplazamiento es, en los hechos, una admisión de que el sujeto clásico de la imputación, alguien que quiere algo y lo ejecuta, ya no alcanza para explicar el daño algorítmico. Es el desfasaje de Anders, pero en la dogmática jurídica en lugar de en la filosofía.
La verdadera soberanía no es solo fabricar tecnología propia, sino construir la capacidad moral, jurídica y crítica para hacernos responsables de ella.
El problema se agrava porque no es solo un desajuste conceptual, es estructural en al menos tres planos distintos: quién es el sujeto imputable cuando el sistema actúa de forma no completamente previsible ni siquiera para quien lo entrenó, qué jurisdicción tiene autoridad cuando el sistema opera sin territorio identificable, y cómo se ejecuta una sanción contra una infraestructura distribuida entre países. El derecho internacional privado, pensado para actores humanos localizados en una jurisdicción, no fue diseñado para resolver ninguno de los tres. Marcos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea intentan parchear el problema: su artículo 3 extiende la aplicación más allá del establecimiento del responsable cuando se ofrecen servicios a personas en la Unión, y se construyen mecanismos de cooperación entre autoridades, pero siguen presuponiendo, en el fondo, un responsable identificable al que se le puede exigir cuentas. Esa presuposición es exactamente el punto donde la advertencia de Anders dejó de ser filosofía especulativa y se convirtió en un problema dogmático sin resolver.
La conclusión no es pesimista, aunque parta de dos textos que sí lo son. Es más bien una exigencia. Si el derecho quiere seguir siendo la herramienta capaz de regular lo que la escala no puede pensar por sí misma, tiene que resistir activamente las dos formas de colectivización que describen Steinbeck y Anders, la que disuelve al pensador individual en el consenso regulatorio importado, y la que deja que la brecha entre lo que sabemos y lo que podemos asumir moralmente siga creciendo sin nombre propio. El discurso que rodea a la IA suele prometer un regreso al Edén, con abundancia y progreso sin costo, y esa promesa invita a delegar y a importar soluciones ya hechas. Pero, como los personajes de la novela, vivimos al este del Edén. Acá el derecho no es un trámite sobre un mundo ya resuelto, sino la forma concreta que toma la elección. Construir instituciones, no importarlas, es la única respuesta consistente con ambas advertencias.
El 7 de setiembre de 2026, Uruguay presentó el Instituto Vidart, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que funciona en el LATU y es liderado por Uruguay Innova (U+I), la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación como incubadora. Su propuesta es articular al Estado, la academia y el sector productivo en torno a líneas de investigación como visión, lenguaje, IA y sociedad, y seguridad y explicabilidad. Considero que contar con un centro que participe directamente en el diseño de herramientas de IA desde dentro puede ser un paso importante hacia la regulación: esa función de articulación podría ayudar a identificar debilidades, definir los refuerzos necesarios y acompañar los cambios jurídicos que una regulación con criterio de realidad exige.
Importa que cada vez más países y organizaciones estén construyendo estructura institucional dedicada y no limitándose al desarrollo de más modelos. Porque si bien se plantea crear IA de vanguardia en el contexto de nuestro país, esto refleja que lo autóctono también dialoga con la tesis de Anders: la verdadera soberanía no es solo fabricar tecnología propia, sino construir la capacidad moral, jurídica y crítica para hacernos responsables de ella.
La articulación entre investigación, Estado y sector productivo es justamente lo que suele faltar cuando los países de la región adoptan marcos de gobernanza diseñados afuera, sin capacidad propia para adaptarlos o exigir su cumplimiento. Apostar al desarrollo, la investigación y el conocimiento dentro de la infraestructura local es la vía para que dejemos de ser meros tomadores de reglas y empecemos a diseñarlas.
Gastón Ferreira Saracchi es abogado especializado en Derecho Tecnológico y Protección de Datos.