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Opinión Posturas

El enfoque de la confianza justificada en el nuevo Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario de la DGI

Hace unas semanas la Dirección General Impositiva (DGI) publicó su Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario (PGCT), asentado en un nuevo paradigma que supone una concepción integral del contribuyente y un relacionamiento con él de tipo preventivo y proactivo, con foco en la facilitación, es decir, en darle las herramientas y el asesoramiento adecuados para que le resulte fácil cumplir con sus obligaciones. Esto implica un vuelco hacia una administración tributaria que no se focaliza en el incumplimiento cuando ya se verificó, sino en su prevención.

Una de las principales novedades que introduce el mencionado plan es que hace foco en el concepto de confianza justificada como un instrumento para administrar mejor los recursos públicos de que dispone. Este punto es particularmente importante en lo que refiere a la dimensión ética del ejercicio de la función pública, dado que los recursos públicos son los recursos de todos los ciudadanos.

No es difícil entender por qué la confianza promueve la eficiencia. Cuando compramos un medicamento en la farmacia, confiamos en que el laboratorio puso en el fármaco los ingredientes que dice su envase y no procuramos contrastarlo con un nuevo análisis por parte de otro laboratorio; cuando la maestra de nuestro hijo nos dice que no presta atención en clase, no contratamos a otra maestra para que verifique si sus dichos son ciertos; compramos productos por una página web y confiamos en que nos van a traer a la puerta de nuestra casa el mismo producto que vimos y decidimos adquirir, etcétera. Un contralor permanente de lo que hacen los demás en nuestras relaciones cotidianas conllevaría un desgaste y un costo que la mayoría de las personas no podríamos asumir o que, de asumirlo, solo nos generaría perjuicios. Es por eso que algunos autores sostienen que la confianza es la base moral de la cooperación social.

Confiar en alguien implica, de alguna forma, asumir una vulnerabilidad. Las administraciones tributarias contemporáneas no tienen recursos ilimitados y, en este sentido, son vulnerables. No tienen capacidad de fiscalizar en todo momento y en todo lugar las transacciones de los particulares: no cuentan con el ojo de Dios. Tampoco les es posible, en consecuencia, desplegar controles universales (donde se audite intensivamente a todos los contribuyentes en todas sus transacciones). Esto conlleva que tengan que tomarse decisiones orientadas a priorizar aquellos controles que se encuentran justificados, única manera de administrar de forma eficiente y, por eso, ética los recursos públicos. De ahí que ejercer la confianza justificada sea un imperativo no solo práctico, sino también ético.

En este sentido, el nuevo plan de la DGI se orienta a trabajar con una inteligencia de perfil tributario que le permita identificar a aquellos contribuyentes que presentan mayor riesgo de incumplimiento, por tener un perfil más opaco o estar orientados a la planificación fiscal agresiva o al fraude fiscal. Pero, a su vez, implica identificar también a los contribuyentes que cumplen y que, por ende, no necesitan un control permanente, sino más bien una facilitación en el cumplimiento: declaraciones juradas prellenadas, mensajes preventivos y canales de autogestión. Estos contribuyentes son la mayoría y, como reconoce el propio plan, cumplen o están dispuestos a cumplir con sus obligaciones; por ende, estos mecanismos de apoyo son fundamentales para que no incurran en omisiones involuntarias o en errores.

Las teorías de la respuesta a la confianza y la noción de confianza terapéutica sostienen que, cuando una persona o institución le hace saber al otro que cuenta con él, es capaz de motivar normativamente su conducta para que se adecue a lo esperado. Es más fácil llegar tarde a una clase cuando uno es estudiante que cuando uno es docente. En el primer caso, el evento puede comenzar sin nosotros; en el segundo, es más difícil porque los demás esperan por nosotros. Cuanta más autonomía se nos concede, más responsabilidad tenemos. Los padres vamos depositando progresivamente nuestra confianza en nuestros hijos a medida que van creciendo y muchas veces, aun cuando no tenemos certeza de si van a hacer lo correcto, creemos que el hecho de darles más autonomía redundará en que actúen de una forma más madura.

La confianza implica concebir que la mayoría de las personas asume una identidad del buen ciudadano, aquel que comparte las razones que tenemos para pagar impuestos.

El acto comunicacional de adelantarle la declaración jurada a un contribuyente no solo tiene un contenido informativo, sino que, desde el punto de vista perlocucionario (el efecto que genera en el otro), opera como un acto de confianza que invita a la reciprocidad y fomenta el diálogo y la interacción. Este tipo de relacionamiento no se genera en ocasión de un obrar coercitivo del Estado, sino que contribuye a construir una identidad práctica ciudadana de corresponsabilidad social.

En una sociedad madura, los ciudadanos actúan en base a su identidad práctica y sin requerir una tutela permanente del Estado, que los fuerce a cumplir con cada cosa que deben cumplir. La confianza implica concebir que la mayoría de las personas asume una identidad del buen ciudadano, aquel que comparte las razones que tenemos para pagar impuestos.

La confianza justificada no implica una fe ciega; por el contrario, es una confianza basada en evidencia. Su contracara es la desconfianza justificada, que involucra a aquellos contribuyentes con perfiles opacos, que realizan planificación fiscal agresiva o que están motivados a defraudar al fisco. Estos contribuyentes se ubican en la cúspide de lo que se conoce como la pirámide de cumplimiento, no porque se caractericen por ser los que más cumplen, sino porque son los que menos lo hacen. Algunos son contribuyentes con una importante dimensión económica y que cuentan con asesoramiento fiscal sofisticado.

Esa evidencia no es estática. En el Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario (MGCT) en que se apoya el plan, la fiscalización no es concebida como un acto aislado, sino que está integrada en un ciclo de gestión de riesgo (que comprende las etapas de identificación, análisis, priorización/consolidación, tratamiento y evaluación) y cumple también una función epistemológica, porque permite validar hipótesis y recopilar información para mejorar la valoración general de los riesgos.

La mayoría de los ciudadanos es propensa a cumplir. Por eso es necesario que las administraciones tributarias segmenten a los contribuyentes y no les den a todos el mismo tratamiento. El nuevo PGCT de la DGI trabaja con esta lógica y una de las novedades que introduce es el segmento de individuos de alto patrimonio. Esto no implica ningún cambio en la normativa aplicable a este segmento, pero sí tiene implicancias en la eficiencia tributaria, es decir, en la oportunidad de mejora en la recaudación fiscal.

Muchas personas suelen ver en las administraciones tributarias el brazo más duro de la coacción del Estado; por eso es muy valioso que un plan de este tipo ponga el foco en el concepto de facilitación y de confianza justificada. Esto no implica perdonar ninguna deuda ni dejar de hacer fiscalizaciones robustas; no se trata de ningún idilio romántico. Se trata de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, y de hacer controles y auditorías intensivas en aquellos casos en que genuinamente se justifica. Los costosos recursos analíticos y humanos de fiscalización deben reservarse para aquellos que no honran el pacto social de convivencia ciudadana.

La confianza justificada parte de la base de que la mayoría de los uruguayos están dispuestos a cumplir con sus obligaciones ciudadanas, y una administración que haga un uso ético de los recursos públicos tiene que concentrarse en facilitar ese cumplimiento a todos los que están dispuestos a cumplir.

Serrana Delgado Manteiga es abogada y docente de Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la Maestría en Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Es magíster en Derecho y Técnica Tributaria, licenciada en Filosofía, magíster en Filosofía Contemporánea y doctoranda en Filosofía. Es encargada del Departamento Jurídico de la DGI. Las opiniones vertidas en el presente artículo no representan a las de ninguna institución.