Que los colegios católicos pierdan alumnos puede preocupar a la Iglesia; que esa preocupación se convierta en una factura para el Estado debería preocupar a toda la República. El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, invocó esa caída de matrícula para reivindicar subsidios a familias de bajos recursos que elijan educación privada. Aunque la propuesta no se limita a instituciones confesionales, el argumento que eligió para defenderla introduce una prioridad religiosa en el uso de recursos públicos. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, no de asegurarle alumnos a las iglesias.
El cierre de un colegio puede afectar a estudiantes, familias y trabajadores, y exige respuestas que aseguren la continuidad educativa. Pero de esa obligación no se desprende el deber de conservar la participación confesional en el sistema de enseñanza. El Estado debe garantizar que cada niño pueda estudiar en buenas condiciones; la cantidad de alumnos que recibe una comunidad religiosa pertenece a otro orden de preocupaciones. Debemos entender que el aporte social de sus instituciones no convierte su sostenimiento en una obligación presupuestal.
Nuestra tradición laica ofrece un criterio para pensar esa diferencia. En La educación del pueblo, José Pedro Varela escribió: “La escuela, establecida por el Estado laico, debe ser laica como él”. Su argumento vinculaba la educación común con una sociedad que contribuía a enriquecerla desde creencias diversas. La escuela debía preparar para la ciudadanía y respetar la libertad de conciencia, de modo que ninguna familia necesitara compartir una fe para encontrar allí un lugar propio.
Ese proyecto requirió un largo proceso político. La reforma de 1877 mantuvo la enseñanza católica, con excepciones; fue la ley de 1909 la que suprimió la enseñanza y las prácticas religiosas en las escuelas públicas. La separación entre iglesia y Estado quedó consagrada en la reforma constitucional plebiscitada en 1917, vigente desde 1919 e impulsada por el batllismo.
La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir instituciones. También se prevén exoneraciones tributarias para la enseñanza privada y se declara de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial. De ese conjunto no surge expresamente una obligación de pagar cualquier opción educativa particular. Por ende, sostener que la libertad de elección exige nuevos subsidios es una interpretación política y jurídica peligrosa para el Uruguay moderno.
La justificación distributiva requiere igual rigor. Una beca dirigida a hogares pobres puede mejorar la situación de sus beneficiarios; sería incorrecto llamar regresivo a cualquier apoyo por el solo hecho de que termine en una institución privada. El problema aparece cuando una ayuda individual se presenta como solución suficiente a una desigualdad que atraviesa al sistema. Para evaluar esa política hay que considerar quiénes acceden efectivamente y qué oportunidades reciben quienes continúan en la educación pública.
El Estado debe garantizar que cada niño pueda estudiar en buenas condiciones; la cantidad de alumnos que recibe una comunidad religiosa pertenece a otro orden de preocupaciones. El aporte social de sus instituciones no convierte su sostenimiento en una obligación presupuestal.
Si el subsidio cubre apenas una parte de la cuota, podrán aprovecharlo quienes consigan pagar la diferencia. Si quedan fuera el transporte, los materiales o las actividades adicionales, las familias con menos recursos seguirán enfrentando barreras. La disponibilidad de centros y sus criterios de admisión también condicionan la elección. En esas condiciones, se termina favoreciendo a los hogares mejor posicionados dentro de la población destinataria. Anunciar una ayuda para los pobres no demuestra que los más pobres puedan utilizarla.
Hay, además, un costo de oportunidad. Cada nueva asignación debe compararse con lo que permitiría hacer en escuelas, liceos y UTU: ampliar horarios, sostener equipos docentes o acompañar a estudiantes que se desvinculan. Aunque el subsidio se pagara con una partida adicional, seguiría compitiendo con esas necesidades. Tampoco puede suponerse que cada estudiante que cambia de institución libera su costo promedio en la pública: un centro necesita mantener su edificio y buena parte de sus recursos para atender a quienes permanecen.
El riesgo regresivo consiste en ampliar las opciones de algunos mientras se posterga la mejora de las condiciones comunes. No es un efecto inevitable, pero exige garantías y una evaluación que incluya a todo el estudiantado. En distintos informes el Instituto Nacional de Evaluación Educativa viene advirtiendo sobre la segregación socioeconómica entre centros educativos, cuestión que se hace cada vez mas visible para quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer los mismos a lo largo y ancho del territorio. La evidencia internacional recogida por la OCDE también obliga a considerar cómo los costos y la selección pueden limitar la elección y profundizar la separación social. La prioridad, entonces, debería ser reducir esas distancias.
La transformación educativa impulsada por Robert Silva ofrece un antecedente valioso para defender esta prioridad. La reducción de la inequidad, la renovación curricular y el fortalecimiento de los centros estuvieron entre sus ejes. La extensión del tiempo pedagógico y el acompañamiento a estudiantes, expresados, entre otros, en la propuesta de los centros María Espínola, buscaron ampliar oportunidades dentro de la educación pública. Esa orientación es la que merece apoyo y continuidad: asumir que el origen social no puede determinar los aprendizajes exige transformar las instituciones a las que las familias ya tienen derecho a acceder.
Uruguay debe garantizar la libertad de las familias para elegir educación religiosa y, al mismo tiempo, cuidar una responsabilidad compartida: que la enseñanza pública permita aprender y construir un porvenir en condiciones dignas. Frente a la caída de matrícula de los colegios católicos, la obligación estatal es asegurar la educación de los niños afectados. Frente a la desigualdad educativa, su prioridad debe ser fortalecer una escuela donde todos puedan reconocerse como iguales.
Elián Barboza es estudiante de Derecho en la Universidad de la República y miembro de la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado.
