La laicidad no es una característica natural de Uruguay ni una conquista grabada en piedra asegurada para siempre, es una construcción política constante. Es el resultado de disputas y tensiones sobre quién debía organizar la vida común y qué lugar tendrían las religiones en las instituciones públicas. Es la república con sus diversidades y libertades en convivencia democrática que se forjan en cada discusión. Hoy sigue en juego cada vez que una institución parece hablar en nombre de una creencia o cada vez que se invoca la neutralidad para evitar un debate.
Para entender ese recorrido conviene distinguir entre dos conceptos. La secularización, que describe los cambios en las relaciones entre las instituciones religiosas, el Estado y la sociedad, incluido el traslado al ámbito civil de funciones. Y la laicidad, como principio político e institucional que protege la libertad de conciencia y establece que el Estado no debe imponer ni privilegiar ninguna religión. Aunque entrelazados en el concepto y la historia, son conceptos diferentes que han contribuido a nuestra cultura oriental. En Uruguay, la construcción laica estuvo estrechamente ligada al proceso de secularización, aunque ambos fenómenos no fueron lo mismo ni avanzaron sin conflictos. Y se forjan del conflicto y el debate para una convivencia más diversa y para mayores libertades a defender.
La Constitución de 1830 declaró que la religión del Estado era la católica apostólica romana. En 1861, los cementerios pasaron a la órbita civil, luego de que se negara sepultura al médico Enrique Jacobson, masón. El duelo secular fue el inicio de un proceso de disputa entre la autoridad del Estado civil y la Iglesia, la institucionalidad de la nación y su cultura en disputa. Una cultura hegemónica y moral o una cultura laica y liberal en tensiones. Luego, en 1877, la Ley de Educación Común extendió la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, aunque mantuvo la enseñanza religiosa, salvo que las familias pidieran lo contrario. La secularización del Registro de Estado Civil llegó en 1879, y en 1885 el matrimonio civil se volvió obligatorio y pasó a ser el único reconocido. El Estado fue asumiendo, de manera gradual, responsabilidades que antes estaban ligadas a la autoridad religiosa. Y así la laicidad ganaba terreno social y cultural.
La escuela fue uno de los terrenos más disputados. El proyecto de José Pedro Varela y la norma finalmente aprobada en 1877 diferían en el lugar que debía ocupar la religión. La enseñanza y las prácticas religiosas se suprimieron en las escuelas públicas recién en 1909. Mientras, en 1906 se habían retirado los crucifijos de las salas del Hospital de Caridad –actual Hospital Maciel–, bajo la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez. En 1907 se aprobó la ley de divorcio, disputa liberal ganada. En 1913 el divorcio por voluntad de la mujer fue un derecho ganado, autonomía civil sobre norma religiosa. En 1919 el calendario oficial también cambió: la Semana Santa pasó a llamarse Semana de Turismo y el 25 de diciembre, Día de la Familia.
La separación absoluta entre el Estado y la Iglesia católica quedó consagrada en nuestra carta magna, la Constitución, en 1918. La Convención aprobó el texto en 1917; la ciudadanía lo ratificó por plebiscito ese año; se promulgó en enero de 1918 y entró en vigor el 1º de marzo de 1919. Su artículo 5º declaró: “Todos los cultos religiosos son libres en Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna...”. La República batllista forjó cambios e inició un camino cultural que es esencia de Uruguay.
El acuerdo constitucional tuvo matices, conflictos y tensiones. Reconoció a la Iglesia católica la propiedad de los templos construidos total o parcialmente con fondos públicos y exoneró de impuestos a los templos de las distintas religiones. La separación no expulsó la religión de la sociedad; redefinió su vínculo con el poder público.
La escuela pública tuvo un papel central en el proceso de construcción de una cultura laica y libre. Contribuyó a formar ciudadanía y una cultura cívica común, y transmitió una idea republicana de igualdad: para ser parte de la comunidad política no había que profesar una fe determinada. Esa experiencia alcanzó a generaciones de estudiantes, aunque no de la misma manera a toda la población. Hoy la escuela pública vareliana, laica, obligatoria y gratuita es una contribución vertebral de nuestra sociedad.
La laicidad no es una característica natural de Uruguay ni una conquista grabada en piedra asegurada para siempre, es una construcción política constante.
La historia también tiene sus tensiones, como el presente. Durante los primeros años de la Guerra Fría, entre 1948 y 1958, las acusaciones de infiltración comunista llegaron al ámbito educativo. Las denuncias contra docentes se mezclaron con debates sobre neutralidad y adoctrinamiento. En ese contexto, algunas personas invocaron la laicidad para cuestionar qué ideas podrían circular en el aula. Como otras tantas veces en la historia, argumentos tangenciales y falaces esgrimidos para la búsqueda del avance moral de mayor poder eclesiástico ante la defensa de la libertad y la diversidad de visiones del mundo.
En 2008, la Ley General de Educación dejó una definición bastante clara de la laicidad. Los temas deben abordarse de forma crítica, con acceso a distintas fuentes y sin esconder que existen opiniones y creencias diferentes. Se trata de que cada estudiante tenga elementos para entender lo que se discute y pueda sacar sus propias conclusiones.
Eso cambia la forma de trabajar en el aula. Un docente no puede hacer propaganda ni presentar sus ideas personales como si fueran la única respuesta posible. Pero tampoco tiene sentido evitar un tema porque genera polémica. Muchas veces son justamente esas discusiones las que más necesitan entrar a las clases: con información, argumentos, reflexión y más de una mirada sobre la mesa. De eso se trata educar en libertad.
La misma responsabilidad alcanza a las instituciones públicas. Quienes ocupan cargos tienen sus propias creencias y pueden expresarlas. Cuando hablan en nombre de una institución, representan a una ciudadanía plural. El Estado y sus instituciones deben garantizar la libertad religiosa y cuidar que ninguna fe tenga una posición oficial. Esa disputa está en tensiones hoy en día cuando una religión mayoritaria avanza sobre la civilidad y laicidad de nuestro presente y nuestra historia, por eso defendemos nuestro proceso histórico.
En las últimas décadas, Uruguay aprobó leyes que ampliaron derechos en debates atravesados por convicciones religiosas, filosóficas y morales: la interrupción voluntaria del embarazo, en 2012; el matrimonio igualitario, en 2013; la Ley Integral para Personas Trans, en 2018; la ley que regula la eutanasia, en 2025. La laicidad no produjo por sí sola esos cambios ni decide automáticamente cada debate. Aporta un marco democrático, diverso y libre para que las convicciones puedan expresarse sin convertirse en un límite para los derechos de quienes no las comparten.
Después de un siglo y medio de un proceso de secularización, la laicidad pasó a formar parte de la cultura política uruguaya. No porque hayamos dejado de tener diferencias religiosas o morales, sino porque aprendimos que ninguna de ellas puede presentarse como medida hegemónica para la vida de los demás. Esa es una de las marcas más profundas de nuestra identidad republicana. Laicidad como una condición para la libertad. Laicidad como una premisa de convivencia en diversidades.
La convivencia democrática exige discutir valores, pero también reconocer límites: las convicciones de la mayoría, de una comunidad religiosa o de quienes ocupan el poder no pueden decidir por sí solas qué derechos corresponden a toda la ciudadanía. La laicidad pone ese límite contrahegemónico y, al hacerlo, protege la libertad de todos y todas.
Defender la laicidad es defender la libertad de creer, cambiar de creencia o no creer, en condiciones de igualdad. Es cuidar que la escuela enseñe a pensar, que las instituciones representen a toda la ciudadanía y que ninguna convicción particular se convierta en una verdad absoluta, porque no existen. Esa historia no termina con una Constitución ni con las leyes que ampliaron derechos. Se escribe cada vez que elegimos convivir sin imponer a los demás nuestra propia manera de pensar, creer o vivir.
Federico Preve Cocco es médico y diputado. Micaella Olveira es profesora de educación media. Carla González es escribana y abogada. Gerardo Iglesias es licenciado en Comunicación.
