El domingo, como sucede cada cinco años, se elegirán los tres directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), que se suman a otros cuatro designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y representan, respectivamente, a los órdenes integrados por el conjunto de trabajadores afiliados en actividad, las empresas contribuyentes y las personas que reciben jubilaciones y pensiones de la institución. No se suele destacar que este procedimiento, bajo supervisión de la Corte Electoral y con voto obligatorio y secreto, es único en el mundo.
En decenas de países hay representantes sociales en organismos similares al BPS, pero faltan una o más características del sistema uruguayo. Solo se incluye a trabajadores y empresarios, o no hay directores elegidos en forma directa, sino delegados de organizaciones representativas, o el voto es voluntario, o las personas elegidas tienen funciones meramente consultivas, o la realización de los comicios no está garantizada por una norma constitucional.
Es posible que a una parte de la población involucrada le incomode tener que participar en esta elección, pero hay motivos que justifican nuestra singularidad y le dan un valor destacable.
El BPS fue creado, previendo su actual gobernanza, por la reforma constitucional aprobada en forma simultánea a las elecciones nacionales de 1966, que unificó las llamadas Caja Civil, Caja de Industria y Comercio y Caja Rural. En ellas no había directores sociales, pero antes existieron instituciones en las que sí había representación de las personas directamente interesadas. Esta tradición fue rescatada en un contexto de desconfianza ciudadana hacia la conducción exclusivamente gubernamental de las cajas unificadas en 1966, que habían incurrido en prácticas clientelistas y manejos poco responsables de sus recursos.
La primera elección de directores sociales se realizó recién un cuarto de siglo después de la reforma, en 1992, según lo dispuesto por una ley aprobada ese mismo año. La presión para que se cumpliera el mandato constitucional se debió en gran medida a la pujanza del movimiento de personas retiradas, que había impulsado y logró aprobar en 1989, por una contundente mayoría del 72,5%, la reforma constitucional que obliga a un ajuste de jubilaciones y pensiones no inferior a la variación correspondiente del Índice Medio de Salarios.
Los dos cambios antedichos apuntaron a que los gobiernos de turno no pudieran manejar a su antojo la seguridad social. La gobernanza mixta les asigna mayoría en la conducción al poder político, cuyo deber es tener en cuenta el bien común, pero a los representantes de los tres órdenes les corresponde defender sus intereses específicos. La elección directa y obligatoria refuerza las garantías de que no haya acuerdos de cúpula a espaldas de las personas afectadas.
Todo esto es muy relevante en términos democráticos y justifica con creces dedicarle un rato del domingo a votar, con información sobre las orientaciones y propuestas de cada lista.