Me pasó en un par de asados durante 2025. Apenas servidos la picadita y el primer vaso de cerveza, surgía la discusión sobre la propuesta del 1% impulsada por el PIT-CNT. Con presteza, varios amigos manifestaban su apoyo a la propuesta, opinando que era importante dirigir dinero de los ricos hacia los niños pobres. Una medida razonable y de izquierda.
En ese momento yo manifestaba mi acuerdo con la intención redistributiva y decía que por eso me parecía bien la orientación del presupuesto presentado por el gobierno. Acto seguido, un silencio invadía el asado, interrumpido solo por el crujido de las papas chips... hasta que alguien preguntaba qué tenía que ver el presupuesto con el 1%.
Vivíamos una situación extraña. En diferentes lugares se discutía una propuesta que planteaba recaudar 600 millones de dólares de sectores de altos ingresos y volcar más recursos para la infancia y adolescencia, al mismo tiempo que en el Parlamento se discutía una propuesta que planteaba recaudar 600 millones de dólares de sectores de altos ingresos y volcar más recursos para la infancia y adolescencia. Por un lado, el 1%; por otro lado, el presupuesto. Dos universos paralelos, similares, propuestos por la izquierda, absurda y extrañamente desconectados.
En el presupuesto se destacan tres nuevas fuentes de ingresos: la renta de multinacionales con facturación anual mayor a 750 millones de euros, las ganancias de capital de activos en el exterior de residentes uruguayos y la distribución de dividendos de empresas uruguayas a socios o accionistas residentes en el exterior. ¿Complejo? Simplifiquemos: los aumentos de ingresos provienen del 1% de las empresas del mundo, del 1% de los uruguayos y del 1% de los extranjeros. Tres 1%.
¿Por qué mientras en el presupuesto se promovían las transformaciones tributarias más profundas de los últimos 18 años, teniendo como principal fuente los tres 1%, volaba en el ambiente de izquierda cierta desazón porque el gobierno no quería gravar al 1%? Las siguientes líneas indagan sobre esta pregunta, explorando el tono de la presentación pública, el énfasis en la relocalización tributaria y la multiplicidad de objetivos, y la forma en que todo ello se vincula con la narrativa y la épica frenteamplistas.
Tono comunicacional en un escenario de minoría parlamentaria
El 31 de agosto de 2025, las modificaciones tributarias del presupuesto no fueron presentadas con un tono revolucionario, no sonaba la internacional en los pasillos del Palacio Legislativo. En materia tributaria se enfatizó que los principales cambios no implicaban pagos adicionales, sino que simplemente localizaban en Uruguay impuestos que de todos modos se pagaban en otros países.
Esta postura comunicacional tiene tres grandes fundamentos. El primero es que el tono del presidente y el gobierno nunca ha sido revolucionario, ni rimbombante, ni superlativo; lo sorprendente sería otra cosa. El leit motiv del gobierno es la revolución, sí, pero de las cosas simples.
Segundo, porque luego de una década de crecer al 1% anual –lejísimos del 5% de la década anterior– la preocupación por el crecimiento económico ha cobrado una relevancia capital para el gobierno de izquierda. Las señales sobre el clima de negocios y la inversión son especialmente atendidas en la política económica.
Tercero, y más importante, porque por primera vez en su historia el Frente Amplio debía aprobar un presupuesto sin mayoría parlamentaria. La necesidad de conseguir votos extrapartidarios influye en el tono en el que un gobierno presenta los temas, más aún los tributarios, más aún si necesita aprobar el presupuesto nacional.
Estas decisiones comunicacionales (nótese que no utilizo el término errores, sino decisiones), vinculadas con el tono y con la concreción parlamentaria, restaron épica a la propuesta presupuestal.
Justicia tributaria versus relocalización tributaria
A la propuesta del 1% se le han hecho dos grandes críticas: que no recaudará lo que estima y que tiene el riesgo de espantar inversiones. Ambas surgen de la movilidad que tienen los superricos “uruguayos” (entre comillas, muchos son extranjeros con residencia fiscal uruguaya, pocos saben jugar al truco con muestra).
Los defensores de la propuesta no eluden el punto. Reconocen que el sistema impositivo es un tema delicado porque puede afectar inversiones; aceptan que podría haber desvíos de capital, no a Europa, a Brasil o a Argentina, pero sí a Paraguay, a Panamá o al mundo árabe. Sin embargo, argumentan que estas fugas serían pequeñas, por lo que consideran buena la propuesta. Como contrapartida, otros colegas temen que el efecto sería importante, que muchos superricos cambiarían su residencia y que el resultado sería un impuesto con baja recaudación y menos inversiones.
¿Por qué, mientras en el presupuesto se promovían las transformaciones tributarias más profundas de los últimos 18 años, volaba en el ambiente de izquierda cierta desazón porque el gobierno no quería gravar al 1%?
Este es el quid de la cuestión tributaria, mucho más instrumental que moral, aquí y en el resto del mundo. La forma ideal de zanjar la discusión es el establecimiento de un impuesto mínimo global para que los superricos paguen sin importar dónde estén, como el que Gabriel Zucman propuso ante el G20 hace dos años. Esta idea se inspira en el impuesto mínimo global para las multinacionales, que luego de años de discusión aprobó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), precisamente el que el presupuesto toma para su propuesta tributaria.
Paradoja de la narrativa: cuando por fin se concreta un impuesto mínimo global, el énfasis retórico de la aplicación nacional se desplaza de la justicia tributaria hacia la relocalización tributaria. Es más sencillo, además de cierto, argumentar que localmente no se agrega un nuevo impuesto, sino que se localiza internamente uno existente que se pagaría de todas formas en otro país. La condición que hace posible el cobro del impuesto –el acuerdo supranacional– también facilita el abandono de la narrativa que lo justificó en su origen. La épica redistributiva es sustituida por un frío ejercicio de ingeniería tributaria.
Pobreza infantil versus múltiples objetivos
Si bien la movilidad de los ricos enfrenta dos bibliotecas, existe un punto de la propuesta del 1% sobre el que no hay cuestionamientos. Un aspecto que no solo no tiene dos bandos, sino que ha implicado un consenso nacional, amplio y absoluto. Intuyo que la ausencia de críticas obedece a que es políticamente estúpido hacerlo. De todas formas, arriesgo y pregunto: ¿es razonable destinar un eventual ingreso de 600 millones de dólares (¡600 millones!) únicamente a la pobreza infantil?
¿Y más recursos para la seguridad, principal preocupación de la ciudadanía? ¿Y la Universidad de la República (Udelar), que solicita un importante incremento presupuestal? ¿Y la ciencia y tecnología? ¿Y el Poder Judicial? ¿Y el control medioambiental? ¿Y la salud mental? ¿Y el creciente problema de las personas en situación de calle?
No son meras preguntas retóricas, ni para contraponer pobres contra pobres, sino para ilustrar una diferencia sustancial con la propuesta presupuestal. El presupuesto prioriza a la infancia y la adolescencia, a las que dedica la mayor parte de los nuevos gastos, es verdad, pero también atiende múltiples quioscos: seguridad, vulnerabilidad social, salud, educación, crecimiento, vivienda… Cualquiera de estas áreas de política tendría mejoras sustanciales si los 600 millones de dólares fueran solo para allí. El problema es que Uruguay no tiene solo un desafío, tiene varios.
Además de todo esto, hay otro objetivo al que van los nuevos ingresos del presupuesto: bajar el alto déficit fiscal heredado. Este es el destino menos épico posible, nunca nadie ha escrito ni escribirá en una pancarta “¡Equilibrio fiscal YA!”. Pero la dura verdad es que el déficit está allí y hay que financiarlo.
La multiplicidad de objetivos, y por ende la atención parcial a cada uno, es otro factor que resta épica al presupuesto y reduce su capacidad de enamorar.
Instrumentos y narrativa
2025 fue el año en que la izquierda presentó su cuarto presupuesto. De los cuatro, este ha sido el que enfrentó las mayores restricciones fiscales, el que propuso más cambios tributarios y el único que no tenía mayoría parlamentaria. Pese al desafiante escenario, logró la aprobación de sus cambios tributarios bajo un tono conciliador, enfatizando la relocalización tributaria y aportando recursos para múltiples objetivos. 2025 fue también el año en el que el movimiento sindical presentó su propuesta del 1%. Hacía muchos años que no confluían en el debate público propuestas tributarias de la envergadura de las que tuvimos en 2025.
En su nota “Impuestos y relatos: breve experimento mental”, Gastón González describe un universo paralelo con los roles cambiados. El movimiento sindical propone gravar al capital transnacional, mientras que el gobierno impulsa el aumento de una alícuota del impuesto al patrimonio. El ejercicio es fascinante: un universo inverso al nuestro, verosímil, con los instrumentos y las retóricas cruzadas, que nos invita a pensar qué tanto las discusiones son morales, qué tanto instrumentales y qué tanto retóricas.
“¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?”. Desde el fondo de los tiempos continúa resonando la protesta del profeta, fijada para siempre en las páginas del Antiguo Testamento. La acumulación de riqueza llega a niveles absurdos en el mundo contemporáneo, y la denuncia de esta injusticia histórica es más válida que nunca. La pobreza infantil, la distribución del ingreso y la progresividad del sistema tributario son cuestiones centrales para la izquierda y objeto de debate permanente. Transformar la realidad requiere transitar un equilibrio fino para la izquierda gobernante; un camino que permita expandir el menú de posibles políticas, sí, pero al tiempo que se consolida y defiende lo logrado.
Fernando Esponda es economista.