Gestión algorítmica y desprotección laboral: elementos para comprender una tragedia

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El trágico homicidio de Juan Carlos Mendoza, repartidor de Pedidos Ya de nacionalidad venezolana, ocurrido en el Centro de Montevideo el lunes, desató movilizaciones de las y los trabajadores durante la tarde del martes en reclamo de justicia y mejores condiciones laborales. La empresa emitió un comunicado lamentando lo sucedido y anunciando “espacios de conversación y contención” para su “comunidad” de repartidores. Sin embargo, se negó a recibir y firmar una carta elaborada por las y los trabajadores donde exigían que la empresa se hiciera cargo del sepelio, los honorarios del abogado de la familia y la no afectación del ranking de quienes no trabajaron en la noche debido a la concurrencia al velatorio. Aunque Pedidos Ya se comprometió de palabra a cumplir parte de lo exigido, rechazó dejar constancia escrita.

Lo que puede leerse como una desgracia fortuita debe contextualizarse en lo que varios antecedentes empíricos documentan como condiciones de alta precariedad laboral en el trabajo en plataformas, que se desprenden del traslado de riesgos y responsabilidades al trabajador; así lo advierte el libro Emprendedores Ya! Capitalismo de plataformas en Uruguay, de Nicolás Marrero y otros, y también las dos ediciones del informe Fairwork Uruguay (un proyecto internacional del Instituto de Internet de Oxford y el Centro de Ciencias Sociales de Berlín, con presencia en 41 países), por nombrar algunas referencias ineludibles.

La realidad en cifras: gestión algorítmica y desprotección laboral

La precariedad del sector es consecuencia directa del modelo de negocios y la utilización de algoritmos para la organización del trabajo, que cumple un rol relevante en la intensificación de los mecanismos de control, operando como un jefe encubierto. De esta manera, las plataformas implementan una gestión algorítmica del trabajo para acelerar e intensificar los ritmos, sometiendo a las y los trabajadores a largas jornadas, agotamiento y estrés permanente en su búsqueda por mantener una buena calificación y preservar sus ingresos. Así lo reflejan las cifras de accidentes laborales: los accidentes en motocicleta representan cuatro de cada diez accidentes de tránsito del país. Como agravante, los repartidores requieren en promedio 48,5 días de internación en el Banco de Seguros del Estado (BSE) –más del doble que el resto de la población trabajadora– y su tasa de internación en CTI es diez veces superior a la de otros sectores. Estos datos, surgidos de investigaciones conjuntas de las áreas de Salud Ocupacional, Medicina, Derecho y Relaciones Laborales de la Universidad de la República (Udelar),¹ demuestran que el legítimo reclamo de seguridad del sector que se ha visibilizado con la irreparable pérdida de Juan Carlos Mendoza no se limita a un problema de seguridad, sino a una situación de desprotección generada por las condiciones laborales precarias propias de este tipo de trabajo.

Es importante subrayar que la totalidad de estos trabajadores son contratados bajo la modalidad de prestadores de servicios autónomos o independientes, es decir, deben abrir su propia empresa unipersonal para facturar y aportar a la seguridad social, asumiendo tanto este costo como los demás que supone la actividad: desde el vehículo, su mantenimiento, el combustible, el equipamiento –la mochila y la campera que, en el caso de Pedidos Ya, le hacen publicidad a la empresa–, hasta el plan de internet. Esto es así por un diseño empresarial que tiene por objetivo externalizar costos para maximizar ganancias. Pedidos Ya no siempre utilizó este modelo, dado que en un principio contrataba a sus repartidores como trabajadores dependientes, hasta que fue adquirida por la multinacional alemana Delivery Hero, y migró progresivamente al modelo de contratación actual.

El perfil sociodemográfico

A esto hay que sumar que el perfil sociodemográfico de estas personas evidencia un alto porcentaje de población migrante –y muchos de ellos migrantes recientes–, un grupo de personas que históricamente ha enfrentado dificultades para insertarse laboralmente en Uruguay. Cuando logran insertarse, muchas veces lo hacen en condiciones de subempleo. Por ejemplo, en este sector las y los trabajadores tienen un alto nivel educativo, ya que el 92% de venezolanos y 75% de los cubanos entrevistados por Marrero y otros en la obra ya citada cuentan con estudios superiores, ya sea completos o incompletos. El trabajo en plataformas resulta atractivo para los extranjeros dado que tiene bajas barreras de entrada, es decir, se piden pocos requisitos para registrarse y empezar a trabajar. Además, permite acceder a ingresos en el corto plazo, los pagos suelen ser diarios o semanales, lo cual resulta especialmente útil para quienes necesitan pagar la pensión donde se están alojando desde que llegaron al país, o bien precisan enviar dinero a sus familiares que se quedaron en su país de origen, por dar un ejemplo que aparece frecuentemente en las entrevistas.

La insuficiencia del modelo regulatorio

Si bien en nuestro país existe una norma –la Ley 20.396– que regula el trabajo en plataformas, en donde se establecen protecciones mínimas –ingreso mínimo, jornada semanal, seguro frente a enfermedades y accidentes–, allí no se hace referencia al tipo de vínculo laboral que une a la plataforma y al trabajador, dejándolo librado al “acuerdo entre las partes”. Es poco creíble que un trabajador migrante negocie en igualdad de condiciones con una multinacional. Hay que ser muy ingenuo para creer que así sucede en la realidad. De hecho, la abrumadora mayoría de las sentencias judiciales contra plataformas han sido favorables a los trabajadores, reconociendo una relación de dependencia encubierta y obligando a estas empresas a abonar salarios, horas extras, licencias, aguinaldos y aportes a la seguridad social.

El estrés y la incertidumbre: consecuencias de largas jornadas y bajos ingresos

La legislación vigente no impide jornadas de 16 horas en la calle –con lo estresante que es de por sí trabajar en el tránsito, a veces bajo lluvia–, porque no define limitación de la jornada diaria. Como se mencionaba anteriormente, los trabajadores deben además cumplir ritmos de entrega fijados por algoritmos –el modelo “just in time” llevado a los servicios– que no consideran la demora del local, el tránsito ni los riesgos del recorrido. Son los repartidores quienes terminan absorbiendo la presión de cumplir la promesa de velocidad con la que las plataformas se publicitan. El relato de una repartidora refleja el estrés que supone este modelo: “Vas manejando y vas recibiendo notificaciones de la aplicación diciéndote ‘apúrate’. No literalmente ‘apúrate’, pero te va diciendo eso. ‘Vas retrasada en la entrega. Llevas tanto tiempo ya manejando’. Ese tipo de presión mientras manejás es estresante”. Los repartidores tampoco son quienes establecen las tarifas de sus servicios, y es importante la aclaración de que ganan por pedido retirado y entregado en buen estado, es decir, se les paga por tarea o a destajo, no por el tiempo en que están esperando el encargo o en el que se encuentran disponibles a la espera de un pedido. La mayoría de los entrevistados en nuestra última investigación no alcanza ingresos superiores al salario mínimo nacional para 44 horas semanales –una vez descontados los gastos mensuales asociados al trabajo–.

Asimismo, cabe remarcar que el relato de completa autonomía y flexibilidad reproducido por las plataformas no tiene correlato en la realidad, especialmente en el caso de Pedidos Ya. Si bien estos trabajadores tienen la “libertad” de no trabajar cuando así lo deseen –quizás sea esta la única característica de autonomía–, esto tiene consecuencias directas debido a que la aplicación organiza la elección de los turnos a partir de un sistema de ranking semanal, que brinda prioridad para elegir las mejores zonas y horarios a quienes están mejor ranqueados. La calificación es realizada por algoritmos que se presentan con cierta opacidad para los trabajadores, pero de los cuales pueden deducir con claridad que la dedicación de más horas (especialmente en determinadas franjas horarias) y el no rechazo de pedidos son determinantes para no ser sancionados y/o alcanzar las mejores posiciones. Las consecuencias de este sistema pueden ilustrarse, por ejemplo, en la asignación de un pedido a una zona “complicada”, en la cual circular de noche supone un peligro para el repartidor: si este decide no realizar el recorrido, verá afectada su calificación y potencialmente perderá acceso a turnos la semana siguiente, por lo tanto, percibirá menos ingresos. En el marco de nuestra última investigación, los entrevistados señalan el sistema de evaluación como uno de los principales problemas, dado que incide directamente en la cantidad de horas y las zonas de trabajo: “Aun así tienes que trabajar. ¿Estoy enfermo? No… Si no, te bajan el ranking”, comenta un entrevistado.

Todas estas condiciones hacen a una situación de estrés e incertidumbre tremenda: basta imaginarse trabajar en estas condiciones 12 horas diarias –que es el promedio arrojado por nuestra última investigación– frecuentemente, sin días de descanso y desde luego sin licencia vacacional ni aguinaldo, estando permanentemente pendiente de los horarios que vas a conseguir para la semana siguiente.

Por estos motivos, indudablemente las condiciones del trabajo de reparto por plataformas constituyen una problemática pública a ser abordada con urgencia. El lamentable caso del pasado lunes es una prueba más de que la desprotección nos está costando vidas, y no se trata solo de un problema de seguridad, sino de un modelo laboral que, a partir de la externalización y de la gestión algorítmica del trabajo, traslada los riesgos y las responsabilidades a los individuos. La regulación vigente es a todas luces insuficiente para abordar estos problemas.

Gabriel Pardo, Noelia López, Leonardo Cosse, Catalina Wins y Cecilia Lacaño forman parte de un Grupo I+D, financiado por CSIC-Udelar. El proyecto en curso al que hacen referencia se titula “Configuraciones del trabajo por plataformas digitales en Uruguay”.