El diagnóstico es conocido: la combinación de pobreza, exclusión social e insuficiencia de las políticas públicas favorece el avance territorial del crimen organizado, que gana control de la vida cotidiana, recluta y genera niveles alarmantes de violencia e inseguridad. Desde que estos fenómenos fueron identificados en Uruguay, la situación ha empeorado mucho por la transformación del país en un centro de acopio del narcotráfico, que requiere más control territorial y aumenta considerablemente la disponibilidad de recursos para lograrlo.
En ese contexto se ubica el programa Más Barrio, que esta semana comenzó a implementarse en la zona montevideana de Cerro Norte y se prevé aplicar este año también en zonas de Canelones, Durazno, Rivera y Maldonado, para continuar después en otras 16, con un fuerte financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.
El programa, con participación de Presidencia y de los ministerios de Desarrollo Social, del Interior y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otros organismos estatales, busca mejorar las condiciones de vida, la convivencia y la seguridad. Su enfoque conceptual es muy similar al del plan Siete Zonas, planteado en 2013 como parte de la Estrategia por la Vida y la Convivencia que lanzó José Mujica y descontinuado en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, en gran medida por restricciones presupuestales.
El tiempo transcurrido desde entonces tuvo un alto costo, entre otras cosas por el avance antedicho del crimen organizado, y lo que se había concebido como prevención de la “gobernanza criminal” hoy es un esfuerzo impostergable para recuperar terreno.
Las dificultades a superar son numerosas y complejas. No solo por la previsible resistencia de quienes intentarán defender sus posiciones actuales de dominio, sino también por la magnitud del cambio cultural que se promoverá, en poblaciones amedrentadas y descreídas porque el Estado les falla desde hace décadas. Además, será crucial lograr una articulación eficaz entre los organismos participantes, que potencie las tareas de cada uno de ellos, y armonizar este programa con el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad presentado a fines de marzo, que abarca otras áreas de gran relevancia y también requiere amplias coordinaciones.
Por otra parte, la experiencia nacional e internacional muestra claramente que el crimen organizado está en continua evolución, con aprovechamiento intensivo de sus grandes recursos. A menudo va varios pasos adelante de sus adversarios estatales, y no es sensato esperar que mantenga procedimientos rutinarios mientras avanzan los planes para combatirlo. Hará falta una gran capacidad de evaluación y adecuación sobre la marcha, y las tareas de investigación e inteligencia resultarán indispensables.
En todo caso, es bienvenido el intento de desplegar acciones complejas en el territorio, para darle respuestas novedosas a una problemática muy diagnosticada pero no resuelta por sucesivos gobiernos. En ello nos va, literalmente, la vida.