El gobierno encabezado por Yamandú Orsi intenta construir una nueva etapa política y económica para Uruguay basada en una combinación de crecimiento, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental e inclusión social. A pocos meses de iniciada la administración, el oficialismo impulsa una agenda particularmente amplia de proyectos vinculados a infraestructura, energía, ciencia, tecnología, inserción internacional y políticas sociales.
El contexto internacional en el que se desarrolla esta nueva etapa política continúa marcado por fuertes incertidumbres derivadas de guerras regionales, tensiones geopolíticas, aumento de los costos energéticos y volatilidad económica global. El incremento del precio del petróleo y las dificultades del comercio internacional afectan particularmente a economías pequeñas y abiertas como la uruguaya.
En ese escenario, el gobierno debió administrar una situación económica relativamente compleja, aunque manteniendo varios equilibrios macroeconómicos importantes. Si bien el crecimiento económico continúa siendo moderado y por momentos insuficiente para acelerar transformaciones estructurales profundas, Uruguay mantiene niveles relativamente bajos de desempleo, una inflación controlada y cierta estabilidad financiera e institucional. También se registra una leve recuperación del salario real y de las jubilaciones, lo que contribuye a sostener el consumo interno y cierta estabilidad social.
A ello se suma un escenario relativamente favorable para varios de los principales productos de exportación del país, especialmente commodities agropecuarios, forestales y vinculados a cadenas alimentarias y energéticas.
El gobierno procura mostrar estos indicadores como señales de estabilidad y responsabilidad macroeconómica en un contexto internacional particularmente incierto. Sin embargo, existe una paradoja evidente: mientras la densidad programática del gobierno resulta considerablemente más amplia de lo que muchas veces aparece en el debate público, la percepción ciudadana sobre el rumbo general de la administración continúa siendo difusa.
La principal dificultad del oficialismo no parece ser la ausencia de proyectos ni la falta de una estrategia de desarrollo. El problema central parece estar en la incapacidad de transformar esa compleja arquitectura programática en una narrativa política clara, comprensible y emocionalmente movilizadora.
Los proyectos estratégicos del nuevo ciclo
Desde Presidencia de la República se impulsa Uruguay Innova, concebido como uno de los programas insignia de la administración. La iniciativa busca articular universidades, empresas, agencias públicas y sistema educativo alrededor de una estrategia nacional de innovación. La nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Generación de Conocimiento pretende coordinar políticas dispersas y dar continuidad estratégica a proyectos tecnológicos y científicos.
Uno de los capítulos más relevantes del actual período es la transición energética. El gobierno impulsa proyectos vinculados al hidrógeno verde y los combustibles sintéticos que podrían modificar profundamente la matriz productiva nacional. El megaproyecto de HIF Global en Paysandú podría representar una de las mayores inversiones privadas de la historia de Uruguay. UTE continúa desarrollando movilidad eléctrica, expansión renovable y redes inteligentes. Ancap atraviesa un proceso de reconversión hacia biocombustibles, hidrógeno verde y combustibles sintéticos. Antel apuesta a consolidarse como pieza central de la infraestructura digital, la inteligencia artificial y la conectividad regional.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) impulsa una fuerte agenda de infraestructura vinculada a corredores logísticos, mantenimiento vial, recuperación ferroviaria y conectividad territorial. Dentro de esta agenda comienza a adquirir relevancia el Plan de Movilidad Metropolitana, concebido como una transformación profunda del sistema de transporte del área metropolitana. La iniciativa involucra coordinación entre Presidencia, MTOP, Intendencia de Montevideo y gobiernos departamentales metropolitanos. Entre sus objetivos aparecen la modernización del transporte colectivo, corredores rápidos para ómnibus, integración tarifaria, movilidad eléctrica y reducción de tiempos de traslado.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa la idea de un “agro inteligente”, sustentado en biotecnología, genética, inteligencia artificial, agricultura de precisión y sostenibilidad ambiental.
Las recientes sequías y la crisis hídrica consolidaron la percepción de que la seguridad del agua constituye un asunto estratégico nacional. En este contexto, el gobierno impulsa el Plan Nacional de Riego, concebido para aumentar la resiliencia productiva, garantizar reservas estratégicas y fortalecer la capacidad de adaptación climática. El plan prevé infraestructura de riego, reservas multiprediales, fortalecimiento de cuencas, nuevas obras hidráulicas y tecnologías de uso eficiente del agua.
En este marco también vuelve a adquirir centralidad la represa de Casupá. La obra aparece como uno de los proyectos estratégicos más relevantes para fortalecer el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y aumentar la seguridad hídrica nacional.
La política internacional ocupa asimismo un lugar estratégico dentro del nuevo modelo de desarrollo. La Cancillería procura simultáneamente fortalecer el Mercosur, avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, explorar nuevos mercados y atraer inversiones.
La dimensión social del gobierno
Junto con la agenda de innovación, infraestructura y desarrollo productivo, el gobierno intenta sostener una dimensión social que no siempre aparece con la misma visibilidad pública, pero que forma parte de su identidad programática.
La primera infancia vuelve a ser presentada como una prioridad estratégica. Las políticas de acompañamiento, nutrición, educación inicial y cuidados en los primeros años de vida buscan intervenir allí donde se origina buena parte de las desigualdades futuras.
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados también aparece como una pieza relevante de esta etapa. La intención es fortalecer la red de apoyos para infancia, personas mayores, discapacidad y familias, no solo como política asistencial, sino como infraestructura social para la igualdad y la participación laboral.
En salud, el Ministerio de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado impulsan medidas orientadas a mejorar el acceso a medicamentos y reducir tiempos de espera para consultas con especialistas, uno de los problemas más sensibles para los usuarios del sistema público. En ese marco, se ubican los convenios y mecanismos de coordinación con el Hospital de Clínicas y otros prestadores públicos, orientados a ampliar capacidad de atención y acelerar derivaciones hacia especialidades de alta demanda.
La principal dificultad del oficialismo parece estar en la incapacidad de transformar esa compleja arquitectura programática en una narrativa política clara, comprensible y emocionalmente movilizadora.
Estas iniciativas no requieren ocupar el centro del relato, pero sí deberían integrarse mejor a la comunicación general del gobierno: son ejemplos concretos de cómo una agenda de modernización puede vincularse con derechos, atención cotidiana y mejora efectiva de la vida de las personas.
El gran problema: comunicación y narrativa
Pese a toda esta agenda, el gobierno enfrenta un problema político evidente. Allí aparece una paradoja que comienza a ser visible incluso para sectores afines al oficialismo: ¿cómo se explica que un gobierno que parece funcionar razonablemente en lo material retroceda en lo simbólico?
En la política contemporánea, gestión sin relato es intemperie. La ciudadanía no percibe claramente hacia dónde va el país ni cuál es el horizonte general del proyecto oficialista. Existe una sensación de dispersión comunicacional. Parece haberse confundido “la revolución de las cosas simples” con la renuncia a la épica política.
Los distintos ministerios anuncian proyectos, programas y acuerdos, pero muchas veces falta una narrativa integrada que permita visualizar un rumbo nacional coherente. El gobierno comunica cifras, convenios y estrategias técnicas, pero comunica poco emoción, sentido histórico y dirección política.
En términos de marketing político, el oficialismo parece tener múltiples iniciativas, pero todavía no logra construir una gran historia nacional capaz de unirlas y transformarlas en una percepción colectiva de movimiento y futuro.
La administración transmite frecuentemente una imagen más técnica que política. La mayoría de las personas no evalúa gobiernos leyendo documentos programáticos. Evalúa liderazgo, percepción de rumbo, sensación de movimiento, cercanía y capacidad de conducción. El gobierno suele comunicar mediante tecnicismos, conferencias institucionales, documentos y lenguaje excesivamente abstracto. “Articulaciones”, “ecosistemas”, “estrategias integrales”, “coordinación horizontal” o giros idiomáticos de este tipo. Mientras tanto, la ciudadanía necesita escuchar mensajes vinculados a trabajo, oportunidades, salarios, vivienda, movilidad, seguridad y esperanza.
La verdadera tarea comunicacional consiste en traducir proyectos complejos en beneficios concretos para la vida cotidiana.
El Plan Nacional de Riego, Casupá o el Plan de Movilidad Metropolitana poseen enorme potencial político y simbólico precisamente porque conectan directamente con problemas reales y visibles de la población. Sin embargo, muchas veces el gobierno comunica estas iniciativas como simples políticas sectoriales y no como parte de una visión de país.
La centralidad presidencial y el desafío del liderazgo
Yamandú Orsi conserva atributos personales importantes. Sigue siendo percibido como cercano, moderado, razonable, auténtico y dialoguista. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que todavía no termina de consolidar plenamente una fuerte centralidad presidencial. En ocasiones transmite más la imagen de coordinador o articulador que la de conductor político fuerte.
La comparación con otros liderazgos recientes resulta inevitable. José Mujica poseía enorme capacidad narrativa y emocional. Luis Lacalle Pou mostraba fuerte centralidad presidencial y gran capacidad de conducción comunicacional. Orsi aparece más moderado y menos dominante en el espacio público.
La administración necesita reforzar la centralidad presidencial. Orsi posee atributos especialmente valiosos para la comunicación contemporánea: cercanía, naturalidad, humanidad y conversación directa. La estrategia debería incrementar la presencia territorial del presidente. Orsi funciona especialmente bien caminando, conversando y recorriendo obras, escuelas, barrios, fábricas y emprendimientos. Necesita salir más del formato institucional y mostrarse impulsando procesos concretos.
Las redes sociales y el desafío digital
Uno de los problemas menos visibles, pero más importantes del gobierno, aparece en el terreno digital. Gran parte de la comunicación oficial parece todavía diseñada para periodistas, técnicos o militantes, pero no para ciudadanía digital. Las redes sociales del gobierno y de varios ministerios suelen transmitir una lógica excesivamente institucional: placas, comunicados, fotografías protocolares y lenguaje administrativo.
En un ecosistema digital dominado por velocidad, emoción, imágenes y relatos breves, esa comunicación pierde capacidad de impacto. Hoy buena parte de la conversación pública se construye en Instagram, Tiktok, X, Youtube y formatos breves de alto impacto visual y emocional. Allí el oficialismo aparece rezagado.
Las redes sociales modernas funcionan sobre identificación emocional, autenticidad, cercanía, síntesis y visualidad. Y justamente varios de los atributos personales más fuertes de Orsi podrían funcionar muy bien en ese terreno si existiera una estrategia digital más moderna y coordinada.
El gobierno debería mostrar mucho más recorridas, obras, historias humanas, beneficiarios concretos, científicos, productores, trabajadores, jóvenes y estudiantes. Menos institucionalidad fría y más país real.
También debería desarrollar una narrativa visual integrada que permita asociar rápidamente los proyectos gubernamentales con una idea clara de transformación nacional. En comunicación política contemporánea, si la ciudadanía no logra visualizar el cambio, políticamente el cambio casi no existe.
Qué debería hacer el gobierno
La estrategia de comunicación debería perseguir simultáneamente varios objetivos: construir un relato claro de país, reforzar la centralidad presidencial de Orsi, traducir proyectos complejos en beneficios cotidianos y recuperar iniciativa política. Por ello, resulta imprescindible construir un concepto ordenador sencillo y potente. Expresiones como “Uruguay que avanza”, “Construir el Uruguay del futuro” o “Un país que vuelve a moverse” podrían sintetizar mejor el sentido general de la acción gubernamental.
La comunicación oficial podría organizarse alrededor de grandes misiones nacionales y no únicamente por ministerios aislados: Uruguay que trabaja y produce; Uruguay del conocimiento; Uruguay verde y sostenible; Uruguay que cuida; Uruguay seguro y convivible.
Ese tipo de organización narrativa permitiría integrar proyectos dispersos dentro de una visión coherente de país.
El gobierno debería además abandonar parte del lenguaje excesivamente técnico y traducir sus iniciativas en mensajes vinculados a trabajo, movilidad, oportunidades, vivienda y calidad de vida. La administración debería mostrar mucho más obras, territorios, historias concretas y transformaciones visibles. Menos institucionalidad fría y más demostración práctica de cambio.
Conclusión
La verdadera interrogante del actual ciclo político no es solamente si el gobierno posee buenos proyectos. La pregunta decisiva es si será capaz de sostener una estrategia consistente de desarrollo y, al mismo tiempo, construir una narrativa política capaz de movilizar a la sociedad.
El gran riesgo político para el gobierno no parece ser hoy una crisis explosiva, sino algo más silencioso: desgaste lento, sensación de indefinición, baja intensidad política y desconexión emocional.
Sin embargo, el oficialismo todavía posee oportunidades importantes. Tiene proyectos estratégicos, credibilidad ética y una agenda moderna de desarrollo. Pero en política contemporánea no alcanza con gestionar. También hay que lograr que la ciudadanía sienta que el país efectivamente se está moviendo hacia adelante.
Mario Castro fue presidente del Banco de Seguros del Estado (2010-2020).
