El año próximo, Hijos de los hombres (Alfonso Cuarón, 2006) cobrará de nuevo actualidad por la coincidencia de fechas de la ficción de la película y el año en curso. La coincidencia será mucho más que una cuestión de fechas; la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo del “reglamento de retorno” nos acerca a la distopía en la que el director mexicano presenta un mundo sin esperanza porque los nacimientos han dejado de suceder desde hace 18 años.
Hacia el final de la película, un plano secuencia de casi siete minutos sobrecoge al espectador cuando Kee (Clare-Hope Ashitey) da a luz en medio de un enfrentamiento armado entre el ejército británico y grupos armados en Bexill, un campo/prisión de refugiados. Theo Faron (Clive Owen) y Kee salen del edificio, que se ha convertido en campo de batalla, con el bebé en sus brazos. El llanto de la recién nacida paraliza el tiempo, cesa el intercambio de disparos y, durante el alto el fuego, que sirve para que los tres se pongan a salvo, la cámara pasea por los rostros de combatientes y refugiados que muestran asombro y estupefacción, cual si fueran testigos de un milagro.
Siete minutos duró también el aplauso que todos los miembros de las cámaras legislativas españolas le dedicaron al Papa León XIV tras su intervención. En ella –como en el resto de las apariciones públicas del obispo de Roma durante su reciente visita a España– hizo un llamamiento al diálogo y la concordia, abandonando los discursos de odio y la polarización; convocó al respeto por la vida, por el prójimo, a seguir las enseñanzas del evangelio, a hacerlo especialmente hacia los más débiles. Siete minutos estuvieron las palmas batiendo con entusiasmo, especialmente en las bancadas de la derecha, sus señorías de pie alzando sus miradas hacia el pontífice. Siete minutos duraron la paz y el consenso.
León XIV, el norteamericano-peruano Robert Prebost, continuó su visita por Barcelona y las Islas Canarias, y allí, de manera muy significativa, quiso que su primer encuentro fuera con asociaciones de acogida a migrantes en el Muelle de Arguineguín en la isla de Gran Canaria. Eso fue el 11 de junio, y el 17 de junio el Parlamento Europeo aprobaba una de las reformas más duras en cuestiones de migración de la Unión Europea. Las mismas fuerzas políticas que se levantaron con fervor a aclamar al papa lo hacían con mayor entusiasmo aún al grito de “send them back”. Y lo van a hacer: han aprobado un reglamento que permite la creación de “centros de retorno” en países terceros, no pertenecientes a la Unión Europea, aumenta el tiempo de internamiento en estos campos de refugiados hasta los dos años y medio y la inadmisión en la UE de hasta diez, entre otras medidas que recuerdan las aplicadas por el ICE en algunos estados de Estados Unidos.
Todos los días que han pasado desde entonces, y, sin duda, los que pasarán hasta la publicación de este artículo, están siendo en España un ejercicio de subida de tono en el enfrentamiento político, aprovechando las acusaciones de corrupción contra el expresidente José Luis Zapatero y la esposa del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las salas encargadas de juzgar ambos casos, así como las fiscalías y departamentos policiales, proporcionan cada día información para mantener viva en medios y redes la llama del escándalo y la exigencia de dimisión de un gobierno que, entre otras cosas, ha promovido una regularización masiva de inmigrantes. Como en la escena de Hijos de los hombres, en la que el alto el fuego duró lo que el llanto de la niña, la paz en la política española duró lo que los aplausos a su santidad en el Parlamento: siete minutos.
Ahora, con la nueva regulación europea sabemos que nuestra respuesta seguirá siendo miserable: alejar el problema y presumir exultantes de “construir grandes y bonitos centros de retorno en terceros países”.
El líder del grupo ultraderechista Vox, Santiago Abascal, no tardó en explicar tras sus aplausos a León XIV que la Ciudad del Vaticano no tolera en su Estado la inmigración ilegal, así que no ve nada incongruente en su entusiasmo hacia la presencia del pontífice y su posicionamiento político de rechazo al migrante.
Y es cierto: bajo el pontificado de Benedicto XIV, en febrero de 2011, se aprobó una ley de inmigración, denominada “Legge sulla cittadinanza, la residenza e l’accesso”, que solo otorga la ciudadanía vaticana al papa, a los cardenales que residen en ese estado o en Roma, y a los que residen en ese estado por razón de cargo o servicio. Un caso muy particular en el que el equilibrio entre discurso y coherencia no encuentra fácil acomodo y que sirve para neutralizar cualquier voz proveniente de una de las ya pocas instituciones realmente independientes de los poderes terrenales.
Abascal fue el único representante político en la toma de posesión de Donald Trump; no es arriesgado imaginar que entre brindis y brindis se hablara de las políticas migratorias estadounidenses que se traducirían en el incremento de poder del ICE. Más osado es saber si el -en aquel momento- flamante presidente ya comentaría sus planes bélicos y su repercusión en los índices bursátiles, donde parece haber salido indiscutiblemente victorioso, no así en relación al resto de las consecuencias que ha tenido su decisión de atacar a Irán.
Mientras terminan de pintar la lavandería del portaaviones Gerald Ford, el régimen iraní de los ayatolás y la Guardia Republicana parece haber salido fortalecido del reciente tratado de paz firmado en Versalles. De la futura situación de la población iraní, cuyas protestas fueron tan aplaudidas por Occidente antes del conflicto, ya no se habla. En Israel, sin embargo, el tratado ha provocado el enfado de Netanyahu, que tendrá que seguir solo con sus planes expansionistas. El vicepresidente estadounidense JD Vance contestó que no se olvide, su buen amigo, que dos tercios de las armas empleadas en las masacres de Gaza y Líbano las han fabricado y pagado los contribuyentes estadounidenses. Me corrijo: no fue así, Vance no dijo masacre, ni matanza, ni genocidio.
Estas “estabilidades” geopolíticas –como ahora los acuerdos alcanzados entre EEUU e Irán, antes en Siria, o la salida de Nicolás Maduro en Venezuela, por no hablar de la mayor parte del África subsahariana– solo garantizan que la población de todas esas partes del mundo en las que solo interesa el control sobre los recursos se seguirá moviendo, buscando un futuro diferente. Así ha sido siempre, y ahora, con la nueva regulación europea, sabemos que nuestra respuesta seguirá siendo miserable: alejar el problema y presumir exultantes de “construir grandes y bonitos centros de retorno en terceros países”, como dijo el eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers. Porque para algunos no solo hay que alejar el problema, hay que humillarlo para así poder sentirnos mejor.
Lo dicho: seguimos siendo unos miserables.
Juanjo Fernández es periodista español.