“Entre la falta de recursos y carencias estructurales, los deportistas ponen en juego estrategias y esfuerzos para entrenar y competir” señalaba un artículo sobre la realidad que atravesaba el Comité Paralímpico Uruguayo (CPU) 2021, publicado en la diaria.
A casi cinco años de aquella nota, si bien el ecosistema paradeportivo -compuesto por el CPU, la Secretaría Nacional de Deporte, algunas federaciones, atletas y equipos técnicos- continuó luchando y obteniendo destaques internacionales en Boccia, Natación o Atletismo, aquella frase bien podría encajar en la actual coyuntura. ¿Por qué “falta de recursos” y “carencias estructurales”? ¿Qué factores están determinando esta situación estructural?
Las federaciones deportivas y la nueva etapa
El deporte adaptado en Uruguay se encuentra en un proceso de transición hacia la plena incorporación de las federaciones deportivas al movimiento paralímpico, a partir de la consolidación de las reformas estatutarias del CPU (2018), alineadas con la política del Comité Paralímpico Internacional (IPC en inglés). Aunque la transición avanza, persisten desafíos respecto de una mayor especialización técnica, una gestión estratégica y estructuras de financiamiento para fortalecer la participación plena de más deportistas con discapacidad.
El esfuerzo deportivo y la inequidad de instrumentos
Existen caminos diferentes para la promoción de apoyos económicos para las federaciones y para el CPU, como la presentación ante la Secretaría Nacional de Deporte (SND) de proyectos de financiamiento, el patrocinio por mecenazgo (Ley 18.833) o mediante la captación de parte de la recaudación del IVA a las apuestas deportivas (Ley 19.355), entre otros. Actualmente, el CPU se financia casi exclusivamente a partir de los aportes de la SND; la vía del mecenazgo es mínima y el camino de captación del IVA mencionado es muy dificultoso.
Esta situación no solo se debe a cómo se diseña e implementa la estrategia financiera del CPU y de las federaciones que realizan deportes paralímpicos, sino que se identifica una situación de desigualdad estructural de carácter legislativo. Una causa de esta desigualdad está representada en la actual Ley 19.828 que omite el reconocimiento de la institucionalidad paralímpica nacional. En su artículo 19, solo se reconoce al Comité Olímpico Uruguayo (COU), histórica institución de gran aporte al desarrollo del deporte nacional, pero no la única.
Así, la normativa genera un contexto de inequidad de instrumentos, afectando negativamente el rol de la institucionalidad paradeportiva, que representa a una parte de las personas con discapacidad en Uruguay; concretamente, a deportistas con discapacidades motrices, visuales e intelectuales leves.
Esta situación resulta incoherente con los avances legislativos en el país generados en los últimos 18 años[1^] tendientes al reconocimiento de las personas con discapacidad en perspectiva de igualdad de derechos, un compromiso que asumió el país y todo el sistema político.
Rendición de cuentas y un contexto de desventajas
Esa situación de inequidad genera que el impacto de una buena medida resulte negativo. Quizás un ejemplo ilustrativo sea la actual propuesta planteada en la Rendición de Cuentas en curso, en relación con la modificación del mecanismo actual de distribución de fondos por concepto de recaudación de IVA a las apuestas deportivas. Dicha propuesta plantea una redistribución sobre el 100% de lo recaudado de la siguiente manera: 25% a la Asociación Uruguaya de Fútbol, 25% a la Organización del Fútbol del Interior, 25% al COU y 25% al programa Deporte Federado de la SND, organismo que contempla a disciplinas que no están dentro del programa olímpico. Esta medida de redistribución propuesta se considera como positiva. Sin embargo, su impacto en relación con el fortalecimiento del comité paralímpico resulta negativo, debido a la omisión legislativa y su efecto directo en la debilidad de financiamiento.
La apuesta del Poder Ejecutivo a la redistribución es un cambio fundamental y necesario, en tanto se espera que, a partir del fortalecimiento financiero del área Federativa de la SND, puedan redirigirse fondos a proyectos de mejora de instalaciones y/o mejoras en la accesibilidad universal.
Sin embargo, de perpetuarse la desigualdad de enfoque entre el deporte convencional y el paralímpico, es muy probable que las personas con discapacidad tengan que seguir luchando por su subsistencia deportiva en un contexto de desventajas significativas.
En este contexto, seguro cobran más valor las medallas obtenidas en los recientes Juegos Parasuramericanos de Valledupar: la medalla de plata de Romina Benítez en Boccia y de bronce de Daniel Davrieux junto con el guía Mariano Battaglia en Atletismo.
¿Cuánto más se podría alcanzar con una base de desarrollo de mayor justicia y equidad?
Las estructuras de financiamiento en la región
El financiamiento del paralimpismo uruguayo sigue siendo amateur. Los mecanismos a partir de fuentes de financiamiento privado mediante la Comisión de Proyectos Deportivos de Uruguay (Ley 18.883) y de las partidas variables por parte del Estado no logran estimular eficazmente el ecosistema. El resultado continúa generando que los deportistas (y sus equipos técnicos) sean quienes financian muchos de los costos de los procesos. Esto marca una diferencia sustantiva con otros países de la región. En Argentina, con un modelo de financiamiento de tipo profesional, se brindan subvenciones fijas que el Estado destina por medio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que trata equitativamente a deportistas con o sin discapacidad, a través de becas de entrenamiento y apoyo financiero directo.
En Brasil, por ley, la recaudación de loterías federales destina un porcentaje fijo y directo a su comité paralímpico, lo que genera un impacto positivo en el desarrollo de infraestructuras especializadas y accesibles. Los y las deportistas con discapacidad también perciben un ingreso de tipo profesional para facilitar su plena preparación deportiva.
En el caso de Chile, tiene una modalidad de financiamiento a través de concurso por el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que implica estímulo financiero a los logros, becas pagas a deportistas y técnicos, pero también instrumentos de mecenazgo, donaciones, entre otros.
El financiamiento del paralimpismo uruguayo sigue siendo amateur. Los mecanismos a partir de fuentes de financiamiento privado mediante la Comisión de Proyectos Deportivos de Uruguay y de las partidas variables por parte del Estado no logran estimular eficazmente el ecosistema.
La realidad uruguaya es particular; la síntesis comparativa no implica una inclinación hacia la extrapolación y adaptación de un modelo que no responde al contexto local. Toda comparación puede resultar agraviante; sin embargo, agraviante también puede significar el encontrarse frente a una situación injusta y permanecer con contemplativa pasividad. Ante ello, la voluntad política, la innovación de nuevas herramientas y las experiencias acumuladas pueden resultar en nuevos escenarios que dignifiquen a las personas con discapacidad en el paradeporte competitivo nacional.
Sebastián Fernández Chifflet es profesor de Educación Física.