Del 18 al 20 de agosto de 2026, Montevideo volverá a convertirse en la capital política del debate sobre población y desarrollo en América Latina y el Caribe. Trece años después de la firma del histórico Consenso de Montevideo de 2013, las delegaciones gubernamentales, organismos internacionales y movimientos sociales de la región se citan de nuevo en un escenario atravesado por transformaciones vertiginosas e insoslayables. La Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD) no es solo un evento institucional de rutina; representa una parada crítica para calibrar cómo los países latinoamericanos responderán a un cambio estructural irreversible.
América Latina y el Caribe vive una transición demográfica caracterizada por una velocidad inédita a nivel global. Entre 1950 y 2024, la tasa global de fecundidad cayó 68%, pasando de 5,8 a 1,8 hijos por mujer, ubicándose por debajo del nivel de reemplazo. Al mismo tiempo, la región experimenta un envejecimiento acelerado: para 2050, una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más. Lo que a las economías desarrolladas del Norte global les tomó más de un siglo procesar, en nuestra región ocurrirá en apenas un par de décadas, y con un agravante decisivo: atravesaremos esta transformación antes de haber alcanzado niveles altos de ingreso y sin haber resuelto nuestras brechas históricas de desigualdad.
Frente a esta coyuntura, ha comenzado a instalarse en diversos sectores una peligrosa ansiedad demográfica. El cambio es interpretado como una amenaza catastrófica para el crecimiento económico o la sostenibilidad fiscal, surgen tentaciones regresivas que pretenden resolver el problema mediante discursos de culpa o políticas pronatalistas. La evidencia internacional y regional es contundente: las bonificaciones económicas aisladas no alteran las tendencias de fecundidad, mientras que presionar las decisiones reproductivas de las mujeres solo logra vulnerar sus derechos fundamentales, amenazando conquistas históricas en materia de autonomía corporal y educación sexual integral.
Las bonificaciones económicas aisladas no alteran las tendencias de fecundidad, mientras que presionar las decisiones reproductivas de las mujeres solo logra vulnerar sus derechos fundamentales.
Frente a la coacción y al pánico, el concepto articulador que impulsa la conferencia organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es la resiliencia demográfica. No se trata de controlar el tamaño de la población, sino de adaptar las instituciones públicas, los sistemas de protección social y la planificación económica para que las sociedades prosperen bajo las nuevas dinámicas poblacionales, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos.
En esa línea, la pregunta política correcta no es cuántas personas nacen, sino cuántas personas pueden construir libremente la trayectoria familiar que desean bajo las distintas formas de arreglos familiares que existen, abonando la diversidad que no solo redunda en derechos sino en eficiencia. Hoy la brecha regional no es de números, sino de barreras estructurales: la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y la aplastante sobrecarga del trabajo no remunerado de cuidados impiden a miles de personas formar la familia que quisieran.
Construir resiliencia demográfica en la región exige abordar con urgencia cuatro ejes estratégicos:
1. Gobernanza anticipatoria y sostenibilidad fiscal. Planificar hoy los sistemas de salud, las pensiones y los servicios de atención de larga duración resulta infinitamente más eficiente y justo que reaccionar mediante recortes o medidas de emergencia cuando las presiones demográficas se vuelvan insostenibles.
2. Aprovechar el “bono de género”. En América Latina, la participación laboral de las mujeres es apenas del 55%, frente al 78% de los hombres. La trampa del cuidado informal devora la autonomía económica femenina. Consolidar Sistemas Integrales de Cuidados –universales, accesibles y públicos– no solo reduce la desigualdad, sino que libera el motor económico y productivo más potente que tiene la región.
3. Revalorizar el envejecimiento. Las personas mayores no son una carga fiscal ni una masa pasiva de dependientes; son agentes activos que sostienen comunidades, transfieren recursos intergeneracionales y sustentan las economías del cuidado. Medir la vejez por la capacidad y la contribución social, y no por la edad cronológica, es vital para mantener la cohesión intergeneracional.
4. Integrar la migración al tejido social y económico. El creciente aumento de los flujos migratorios intrarregionales de personas que en su mayoría están en edades productivas y reproductivas no solo se traduce en el enriquecimiento cultural de nuestra región, sino que constituye un valioso capital que ayuda a prolongar la oportunidad de la ventana demográfica que contribuye al desarrollo productivo de los países.
América Latina es un mosaico heterogéneo donde conviven países jóvenes con sociedades postransicionales como Uruguay o Cuba. Sin embargo, a todas las atraviesa la misma brecha de desigualdad interseccional. La verdadera crisis regional no está en el descenso demográfico en sí, sino en las tragedias evitables que no copan los titulares: las 20 mujeres que mueren cada día por causas ligadas al embarazo, la elevada tasa de embarazo adolescente o la violencia desmedida que siega la vida de nuestros jóvenes; estos flagelos no solo constituyen violaciones a derechos fundamentales, sino que impactan negativamente en el desarrollo productivo de los países.
La cita en Montevideo es un llamamiento a entender que la demografía no es un destino inevitable al que someterse, sino un campo de la política pública que exige más inversión en la gente, más igualdad de género y un compromiso ineludible con los derechos de todas las generaciones.
Freddy Silva integra el Fondo de Población de las Naciones Unidas.