Hace diez años el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución 2286 sobre la protección de la atención sanitaria en los conflictos armados, la primera en ser presentada por Uruguay ante este organismo. Más de 80 estados miembros se comprometieron a proteger al personal médico-humanitario, así como las infraestructuras, el transporte y el equipamiento en salud. Sin embargo, una década después, los ataques a la asistencia médica no solo no han disminuido: han aumentado sin tregua.
En Médicos sin Fronteras (MSF) contamos con equipos que trabajan en más de 75 países, incluidos Palestina, Líbano, Ucrania, Sudán, Etiopía y Myanmar, así como en otras zonas de conflicto y guerra. En la última década, 21 miembros de nuestro personal han muerto en 15 incidentes mientras desempeñaban su labor. Solo en 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques a la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud registró un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas.
Las consecuencias son inmediatas y duraderas. En el corto plazo, los ataques se cobran vidas y heridos. A largo plazo, las comunidades quedan privadas de atención vital: servicios de salud física y mental que son urgentes e ineludibles. Las infraestructuras no se reconstruyen y las organizaciones humanitarias deben retirarse por razones de seguridad. Solo en 2025, y a pesar de todo, nuestros equipos en Sudán –donde este año se han cumplido tres años de guerra– realizaron cerca de 850.000 consultas ambulatorias, internamos a casi 95.600 personas y asistimos aproximadamente 29.000 partos. En Gaza, en el mismo período, llevamos a cabo 913.000 consultas ambulatorias, internamos a casi 54.000 personas y realizamos 89.800 sesiones de salud mental. En Ucrania efectuamos 45.300 consultas mediante clínicas móviles, 9.750 sesiones de fisioterapia, y nuestras ambulancias trasladaron a 10.700 pacientes, el 60% de ellos con heridas relacionadas con la guerra.
Lo que antes era excepcional se ha vuelto cotidiano, facilitado en gran medida por la impunidad. Bombardeos aéreos contra hospitales en Siria y Yemen, ataques de artillería contra instalaciones de salud en Ucrania y el Territorio Palestino Ocupado, ataques con drones contra un hospital en Myanmar y ataques contra ambulancias claramente identificadas en Camerún, Haití y Líbano: estas son solo algunas de las agresiones registradas en la última década. La respuesta de los estados responsables ha sido con frecuencia la negación, alegar errores o acusar sin pruebas la pérdida de protección. Además, el personal sanitario es tratado cada vez más como sospechoso en lugar de ser protegido.
Debe existir un compromiso claro de no atacar la infraestructura sanitaria, de poner fin a la normalización de estos ataques y de condenar y fiscalizar activamente cada agresión.
Desde MSF exigimos que los estados respeten sus obligaciones y responsabilidades en virtud de la Resolución 2286 para garantizar una mayor protección y rendición de cuentas. Debe existir un compromiso claro de no atacar la infraestructura sanitaria, de poner fin a la normalización de estos ataques y de condenar y fiscalizar activamente cada agresión. Es también imperativo garantizar que todos los pacientes reciban tratamiento, independientemente de su género, raza, religión o afiliación política. La protección que el derecho internacional humanitario nos otorga a nosotros y a nuestros pacientes debe traducirse en acciones concretas, no solo en palabras.
Uruguay contribuyó de manera significativa a la construcción de la Resolución 2286 y, al hacerlo, demostró que el liderazgo internacional se forja en la capacidad de construir consensos, tender puentes y defender causas justas. Su ejemplo nos deja una lección ineludible para América Latina y el Caribe: podemos y debemos participar activamente en la definición de las normas globales.
Hoy, cuando los ataques se multiplican y la impunidad avanza, quisiéramos hacer un llamado desde MSF a los estados de América Latina y el Caribe para que se conviertan en protagonistas de las discusiones sobre paz, derechos humanos y protección a la atención médica en los foros multilaterales. Les instamos a coordinar posiciones regionales para presentar iniciativas conjuntas ante el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos; a fortalecer la cooperación entre países vulnerables, compartiendo capacidades diplomáticas, técnicas y políticas para incidir en temas que nos afectan directamente –el cambio climático, la migración, la salud global y la protección de civiles–; y a respaldar y promover activamente las resoluciones que protegen los servicios de salud, la educación y la asistencia humanitaria en contextos de violencia.
América Latina no es una región periférica en asuntos internacionales. Es una región con experiencia en construcción de paz, con países que han sufrido conflictos y que saben el valor de la vida, la diplomacia y el derecho internacional. Uruguay nos mostró el camino. Ahora el desafío es caminar juntos.
Nancy Guerrero Castillo es directora general de Médicos sin Fronteras (MSF) para América Latina.
