La Ley de Salud Mental (Ley 19.529) fue impulsada por un movimiento social amplio y diverso que, para dar una idea de su dimensión, nucleó a más de 64 organizaciones en la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. En 2017, luego de muchas discusiones, se logró su aprobación por unanimidad, más allá de que fue aprobada sin financiamiento para comenzar su implementación. El desafío era enorme y una de las primeras medidas fue reglamentar el artículo 38 (Decreto 226/018), que prohibió nuevas internaciones en establecimientos asilares y monovalentes, como por ejemplo en Ceremos (excolonias Etchepare y Santín Carlos Rossi). Dicha disposición, a su vez, permitió avanzar en la externación de personas que se encontraban internadas. Si tomamos en cuenta las personas que murieron en ese período (muchas con más de 20 años de “internación”), se puede decir que se disminuyó de 900 a 480 personas internadas hacia febrero de 2026.
En marzo de este año, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo advirtió que en el marco de la aprobación de la Ley de Presupuesto –que modificó de 2025 a 2029 el plazo establecido para el cierre de las estructuras asilares y monovalentes– se eliminó del artículo 38 la siguiente frase: “Queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes”. Esto, que puede parecer simplemente la eliminación de una frase (de la que hasta el momento nadie se hizo cargo ni asumió la responsabilidad), tiene la intencionalidad de volver a internar personas en las excolonias. Sí, volver a internar gente en el lugar donde, en 2015, murió Carlos Grecco, atacado por una jauría de perros.
La Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental (integrada por más de veinte organizaciones), la Sociedad de Psiquiatría, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, el Sindicato de Psicólogos y Psicólogas del Uruguay, la Federación Caminantes (Familiares por Salud Mental), la Facultad de Psicología (Udelar), entre otros, se pronunciaron sobre la gravedad, no solo del hecho en sí y lo que implica, en este caso, “borrar una frase”, sino también sobre la forma en que fue realizado.
Borrar, eliminar, desaparecer. En el campo de la salud mental, borrar también puede ser leído como olvidar. Olvidar un acuerdo, olvidar –e ignorar– la evidencia del daño que genera el aislamiento prolongado, olvidar personas en un lugar. Borrarlas no solo de su comunidad, sino también de la oportunidad de tener una vida digna.
Desde marzo hasta ahora se llevaron adelante varias acciones para revertir esta situación y restituir la prohibición de internaciones, mientras algunas personas comenzaron a ser trasladadas a Ceremos y recibidas bajo la categoría de “paciente social”. Extraña manera de denominar a las personas que no cuentan con una vivienda ni redes que las sostengan. Creemos que no es aceptable usar pabellones de las excolonias como si fuera una alternativa de vivienda, por más que se las piense como propuestas “transitorias”. Esto es un retroceso en los derechos, ya que el ingreso de personas a “pabellones” atenta gravemente contra el acuerdo de cerrar las instituciones monovalentes y asilares, donde se vulnera la integridad y la dignidad de las personas que tienen derecho a vivir en comunidad. Justamente el paradigma comunitario lo que propone es la reconstrucción del lazo social en el territorio.
El ingreso de personas a “pabellones” atenta gravemente contra el acuerdo de cerrar las instituciones monovalentes y asilares, donde se vulnera la integridad y la dignidad de las personas.
Desde hace décadas se ha demostrado que el encierro no cura; por el contrario, cronifica aquello que en comunidad se puede recomponer. A partir de la década de 1970 comenzó a cuestionarse y desmontarse el paradigma manicomial, dando lugar a otras formas de abordar la salud mental, sustentadas en una perspectiva de derechos humanos, de salud comunitaria y de reconocimiento y aceptación de las diferencias. No es menor recordar que en la década de 1990, nuestro país suscribió la Declaración de Caracas, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, que planteó una transformación profunda del modelo de atención en salud mental. Entre sus principales lineamientos se destacan:
Apertura comunitaria: trasladar el centro de la atención desde los grandes hospitales psiquiátricos hacia la comunidad.
Derechos humanos: garantizar y proteger los derechos civiles y sociales de las personas con problemas de salud mental.
Atención primaria: integrar la salud mental a los sistemas locales de salud y a la atención médica general.
Inclusión social: promover la vida digna de las personas en sus entornos familiares, sociales y laborales.
Cerrar los manicomios es una parte fundamental del acuerdo en torno a la construcción de un modelo integral de salud mental, en el que la internación sea el último recurso y los hospitales no sean un lugar para vivir –ni para morir–. El encierro no genera posibilidades de una vida digna en ninguna circunstancia. Y todas y todos tenemos derecho a una vida digna garantizando que ninguna persona pierda el derecho a vivir en comunidad bajo la amenaza de los estigmas sociales que pesan sobre las personas con padecimientos mentales.
Si bien la semana pasada se aprobó en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que restituye la prohibición de la internación en hospitales asilares y monovalentes, desde la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental seguiremos el trámite parlamentario hasta verificar que definitivamente se restituya el artículo en la Cámara de Diputados. Lo ocurrido en el Parlamento nos recuerda que los avances logrados no están garantizados de una vez y para siempre. Este intento de borrar una disposición de la ley nos obliga a estar más atentas/os, a sostener una vigilancia activa y colectiva que permita mantener lo alcanzado. Por eso, la restitución del artículo 38 es la reafirmación de un compromiso de Estado con un modelo de salud mental basado en los derechos humanos, en la vida en comunidad y en la dignidad de las personas.
Para dialogar e imaginar cómo realizar lo que establece la ley es que invitamos a la actividad “Agenda de la Plena por el cierre de los manicomios en 2029”, que se realizará el 9 de septiembre, a las 18.30 en Espacio Colabora.
Cecilia Baroni, Ricardo Larrañaga, Dulcinea Cardozo y Joaquín Amorena son integrantes de la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental.
