En conferencia de prensa, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, presentó los resultados de un proceso de modernización administrativa que pone la lupa sobre la evasión fiscal en el sector inmobiliario de lujo. La administración ha identificado una brecha de inequidad significativa: mientras miles de ciudadanos cumplen con sus tributos, un sector de propietarios con construcciones superiores a los 200 metros cuadrados permanece fuera del radar de la Dirección Nacional de Catastro.
A través de un sofisticado relevamiento con inteligencia artificial y registros satelitales, el gobierno departamental detectó mansiones, piscinas y complejos deportivos que tributan como terrenos baldíos. La medida busca aliviar la “mochila” de los contribuyentes cumplidores y generará un ingreso anual estimado en 30 millones de dólares.
La tecnología al servicio de la equidad fiscal
El jerarca explicó que este avance no es fruto del azar, sino de un proceso licitatorio que permitió la contratación de empresas especializadas en relevamiento digital. Mediante el uso de inteligencia artificial, registros satelitales y el cruce de datos con el Registro de la Propiedad y Catastro, la Intendencia ahora tiene una visión nítida de la realidad territorial.
“No solo sabemos quién es el dueño de cada propiedad; ahora sabemos qué hay arriba del padrón, la antigüedad de las construcciones y otras variables significativas”, afirmó Olivera. Este sistema permitió detectar inconsistencias graves, especialmente en propiedades que, en los registros oficiales, figuran como terrenos baldíos o viviendas económicas, pero que en la realidad albergan barbacoas, canchas deportivas, piscinas y residencias de gran porte.
El fin del anonimato fiscal: El Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Uno de los pilares de esta reforma es la creación del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Olivera señaló que, históricamente, la intendencia tenía una limitación estructural: sabía que un padrón determinado debía dinero, pero no podía vincular esa deuda con la identidad del propietario si este poseía múltiples bienes.
“Hasta ahora, la intendencia no era capaz de determinar quiénes eran sus contribuyentes de forma integral. Sabíamos que el padrón 1000 debía dinero, pero no sabíamos cuánto debía una persona si tenía varios padrones, vehículos o inmuebles. Ahora sí somos capaces de determinar la situación contributiva de cada persona frente a la intendencia”, explicó el intendente, subrayando que esta herramienta permitirá diferenciar claramente entre quienes no pagan por dificultades económicas y quienes lo hacen por voluntad propia.
La “mochila” de los cumplidores y el “negocio de deber”
El intendente fue enfático al describir la situación de injusticia que impera actualmente. “Todo el andamiaje de los servicios municipales termina recayendo en aquellos que cumplen y han honrado su compromiso”, lamentó. Según los datos presentados, el 80% de los grandes morosos solo mantiene deudas con la intendencia, mientras que cumple con sus otras obligaciones financieras, lo que demuestra una conducta selectiva de pago.
“Se había generado un sistema perverso por el cual deberle a la intendencia era un buen negocio. Nosotros no vamos a alentar el negocio de deber”, sentenció Olivera. El jerarca recordó que el plan de regularización anterior fue el último de su gestión y que, de ahora en adelante, la prioridad es proteger al buen contribuyente.
Detalles del plan de regularización y sanciones
La intendencia comenzará en el corto plazo un proceso de notificación formal a los propietarios de las 429 situaciones detectadas (obras de más de 200 metros sin declarar). El procedimiento será el siguiente:
Notificación: El contribuyente será intimado a sincerar su situación tributaria.
Plazo: Se otorgarán 30 días para presentarse ante la oficina de Catastro y presentar la Declaración Jurada de Caracterización Urbana.
Recalificación: Catastro asignará un nuevo valor al padrón y, en función de este, se recalculará la contribución inmobiliaria.
Para quienes opten por la regularización voluntaria, la Junta Departamental ha autorizado beneficios que pueden alcanzar hasta el 50% de lo adeudado, incluso con consideraciones sobre la retroactividad.
Sin embargo, Olivera advirtió que para quienes ignoren la intimación “se les caerá con todo, sin contemplación alguna”, permitiendo que la intendencia fije los valores de oficio por la totalidad de lo no declarado.
Impacto presupuestal y visión urbana
El ajuste fiscal por esta vía representaría un ingreso de aproximadamente 30 millones de dólares anuales para el departamento. “La medida no es simpática, pero la gente nos demanda servicios y estos tienen que subvencionarse”, justificó el jerarca.
El intendente se refirió a la planificación urbana y al aprovechamiento de espacios vacantes con servicios, como el predio de la ex Indhar. Si bien aclaró que no hay una actualización catastral general planteada para todo el departamento, señaló que el espíritu de la administración es que el sector privado tome la iniciativa en predios valiosos. De lo contrario, “probablemente lo público pueda tomar la iniciativa” para garantizar un mayor aprovechamiento residencial o social de dichas áreas.
