El director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Leonardo Di Domenico, estuvo este lunes en Paysandú y explicó las medidas adoptadas para contener el impacto del desempleo en los trabajadores.
“El año pasado tuvimos que elevar seis expedientes vinculados a subsidios por desempleo forzado transitorio, en respuesta a una contingencia que la empresa necesitaba cubrir”, señaló, en diálogo con la diaria, en referencia al frigorífico Fricasa.
El frigorífico ubicado en el poblado de Casa Blanca, a 15 kilómetros de la ciudad capital, tuvo inicialmente unos 30 trabajadores en seguro de paro y llegó a un pico de 307 a mitad del año pasado. Actualmente, el número se ubica en 181, aunque la paralización de la actividad dejó a 420 trabajadores sin ingresos.
Seguro especial para 420 trabajadores
Ante este panorama, el MTSS impulsó una solución excepcional. “Solicitamos la extensión de la cobertura porque ya se habían agotado los mecanismos previstos en la normativa vigente. Necesitábamos una ley”, explicó Di Domenico.
En tiempo récord, el Ejecutivo elaboró un proyecto que establece un seguro de desempleo especial por 120 días para los 420 trabajadores de Fricasa. “Fue una decisión política para dar una ventana de tiempo significativa que permita alternativas de continuidad para la empresa”, afirmó.
El objetivo central es el de sostener los ingresos mientras se exploran salidas. Entre ellas, se manejan posibles inversores o incluso una venta de la industria. “Tenemos la expectativa de que en este período surja una alternativa de rescate operativo”, indicó.
El rol de la intervención y los actores involucrados
Di Domenico aclaró que, si bien la empresa está intervenida, la gestión sigue en manos de sus propietarios. “Toda comunicación formal debe venir firmada por la interventora y los responsables de la empresa”, explicó, subrayando que el ministerio actúa en función de la información oficial recibida.
Asimismo, remarcó que su rol no implica intervenir en decisiones empresariales ni en procesos concursales. “Nos corresponde garantizar cobertura a los trabajadores, no cogestionar las empresas”, sostuvo.
Un problema más amplio en el departamento
El caso Fricasa no es aislado. En Paysandú, más de 2.500 trabajadores se encuentran en distintos regímenes de subsidio por desempleo, lo que representa un costo mensual cercano a 1,7 millones de dólares, según expresó el jerarca ante consulta de la diaria.
A esto se suman otras situaciones complejas. En la industria del cuero, unos 67 trabajadores están en seguro especial, mientras que en el sector de la maltería hay alrededor de 100 empleados cuyo futuro es incierto. “No hemos recibido información formal sobre si retomarán la actividad”, advirtió. También preocupa la situación de trabajadores vinculados a actividades extractivas asociadas a Ancap, donde unos 75 contratados podrían verse afectados por decisiones operativas.
Entre lo coyuntural y lo estructural
Consultado sobre las perspectivas de los distintos sectores, Di Domenico diferenció entre problemas coyunturales y estructurales. “Los fundamentos de la industria cervecera son más firmes que los de la industria del cuero”, afirmó. En el caso del cuero, describió un cambio profundo en el mercado global. “Uruguay faena millones de cabezas de ganado, pero se procesa menos de una cuarta parte de los cueros. El resto, en muchos casos, se descarta”, explicó. Esto responde a una caída sostenida en la demanda mundial, vinculada también a cambios en los hábitos de consumo.
“Hoy hay sustitutos y una tendencia cultural que reduce el uso de productos de origen animal”, agregó. En contraste, sectores como la carne o la cerveza mantienen mejores perspectivas a largo plazo, más allá de fluctuaciones temporales.
El Estado como sostén en tiempos de crisis
Di Domenico enfatizó que el Estado cumple un rol clave en estas situaciones. “Cuando hay trabajadores en seguro de desempleo, el Estado termina compartiendo la responsabilidad de sostener ingresos”, señaló. Si bien aclaró que no existe una cogestión formal con las empresas, reconoció que en los hechos hay una participación indirecta. “Es un esfuerzo colectivo, financiado por toda la sociedad a través de los impuestos”, indicó.
La necesidad de acuerdos y coordinación
Finalmente, el jerarca subrayó la importancia de la articulación entre distintos actores. “Tiene que haber un espacio de convergencia política entre el gobierno nacional, las autoridades departamentales y los actores sociales”, sostuvo. En esa línea, adelantó la intención de mantener reuniones con autoridades locales para coordinar respuestas. “Cada institución tiene sus competencias, pero el objetivo común debe ser generar soluciones estables que permitan mantener niveles razonables de empleo”, concluyó.