Eduardo Alza, representante del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña, manifestó a la diaria que no existen definiciones concretas de la empresa con relación a la continuidad de la operativa a partir de agosto.
Según relató Alza, los trabajadores mantienen reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de obtener información oficial y dejar constancia de la situación en actas. Sin embargo, aseguró que la gerencia local sostiene que no dispone de más información que la ya comunicada oficialmente: la planta permanecerá detenida hasta el 31 de julio.
“La incertidumbre reina y nos preocupa sobremanera”, afirmó el dirigente sindical. Dijo que aunque inicialmente se manejaba la posibilidad de retomar actividades el 1º de agosto, desde la propia empresa se reconoce que aún no hay certeza de lo que ocurrirá una vez finalizado el período de paralización.
Alza informó que este mes siete trabajadores comenzaron a percibir un seguro de paro especial, una herramienta que la empresa recién comenzó a gestionar. Además, adelantó que otros ocho empleados ingresarán a esa modalidad el próximo mes. A estos casos se suman aproximadamente 45 trabajadores que actualmente se encuentran en seguro de paro común, lo que eleva a unas 60 personas afectadas por la situación.
El dirigente destacó que se trata de un escenario sin precedentes en la historia reciente de la empresa. Recordó que la última paralización importante ocurrió en 2015 y tuvo una duración máxima de cuatro meses, con una fecha de reanudación definida desde el inicio. “En aquel momento se sabía cuándo se iba a arrancar y con qué dotación de personal. Hoy no tenemos esa certeza”, señaló.
Temor por el agotamiento de los subsidios
Una de las principales preocupaciones del sindicato es que, si la paralización se extiende más allá del 31 de julio o si se adopta una resolución distinta a la esperada, muchos trabajadores ya habrán agotado sus subsidios por desempleo. “Los seguros de paro están pensados para darle un pulmón al trabajador mientras busca otra fuente laboral. Si el desenlace no es el esperado, entre 60 y 70 trabajadores quedarían en una situación muy vulnerable”, advirtió Alza.
En paralelo, continúan las conversaciones entre el gobierno nacional y la multinacional, según pudo saber la diaria. Entre los temas planteados figura la posibilidad de restablecer un reintegro del 6% a las exportaciones, una medida que la empresa considera clave para mejorar la competitividad de la operación.
No obstante, desde el sindicato sostienen que cualquier beneficio para la compañía debe estar condicionado a garantías de estabilidad laboral. “Estamos de acuerdo con que el gobierno haga un esfuerzo si eso ayuda a mantener la actividad, pero solo si está atado a la protección de los puestos de trabajo. No puede ser una situación de beneficio para la empresa mientras los trabajadores siguen quedando expuestos”, reparó Alza.
Aunque reconoció que existe diálogo con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y que reciben información parcial sobre el avance de las negociaciones, aseguró que aún no hay garantías concretas del resultado final.
Mientras tanto, los trabajadores de Ambev continúan a la espera de definiciones que permitan despejar las dudas sobre el futuro de la planta y la continuidad de sus empleos.