El departamento de Paysandú, golpeado por años de deterioro estructural en su matriz productiva, enfrenta una realidad cruda: una tasa de desocupación que supera el 10%, situándose por encima de la media nacional.
Es en este escenario de “desazón” en el que el proyecto de la multinacional HIF Global ha dejado de ser una simple inversión industrial para convertirse, en palabras del intendente Nicolás Olivera pronunciadas el 4 de junio, en “la batalla” definitiva por el futuro laboral del litoral.
La propuesta es monumental: una planta de e-combustibles e hidrógeno verde que representa la inversión más grande en la historia de Uruguay, con un desembolso de 5.385 millones de dólares.
Para un departamento que no ve “una fila de empresas grandes” esperando para instalarse, la promesa de 1.500 empleos directos durante la construcción -con picos de hasta 3.000 operarios- y 300 puestos fijos permanentes es vista como una “luz de esperanza”. Sin embargo, el camino cronológico de 2026 ha sido un laberinto de tensiones diplomáticas y negociaciones técnicas que mantienen al departamento en vilo.
Enero: El primer roce
El año comenzó con señales de que el litoral no sería un territorio de conquista sencilla. El 22 de enero, el intendente de la ciudad argentina de Colón, José Luis Walser, elevó la tensión al presentar ante la justicia federal de Concepción del Uruguay una investigación preliminar para frenar el proyecto.
Walser entregó estudios que alertaban sobre un presunto impacto negativo en la calidad del aire y en la actividad turística de la microrregión Tierra de Palmares, lo que marcó el inicio de una ofensiva legal que buscaba la relocalización inmediata de la planta, originalmente prevista al norte de la ciudad de Paysandú.
Febrero: El aprendizaje chileno y el mercado alemán
Mientras el conflicto crecía en el río, la diplomacia comercial buscaba anclar el proyecto en la realidad económica global. El 22 de febrero, HIF Global firmó en Berlín un acuerdo estratégico con la empresa German eFuel One para suministrar 100.000 toneladas anuales de e-metanol a partir de 2030, asegurando que la producción sanducera tendría como destino el corazón de Europa.
Para despejar las dudas que empezaban a germinar en la opinión pública local, una delegación de legisladores y técnicos uruguayos viajó a finales de mes a Punta Arenas, Chile, para conocer la planta piloto Haru Oni.
Los representantes regresaron con un mensaje de optimismo, describiendo una industria “que no hace ruido, no genera humo y no contamina”. No obstante, el 28 de febrero el clima social volvió a enturbiarse cuando colectivos ambientalistas se reunieron en Paysandú para advertir sobre el uso intensivo de agua dulce y el riesgo de convertir al territorio en una “zona de sacrificio”.
Marzo: El fantasma de Botnia y la vía judicial
Marzo fue el mes de la escalada política. El 12 los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay presentaron una demanda civil preventiva contra el Estado uruguayo, alegando que se estaba violando el Estatuto del Río Uruguay al no informar debidamente a la CARU.
La tensión alcanzó su punto de ebullición el 17, cuando el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sentenció con dureza: “No podemos permitir una nueva Botnia”. Frigerio amenazó con llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya si no se modificaba la ubicación de la planta, situada a escasos tres kilómetros de Colón.
Ante esto, el intendente Olivera pidió cordura y llamó a no caer en la “irracionalidad” que en el pasado llevó al corte de los puentes, enfatizando que Paysandú no puede darse el lujo de espantar una inversión de esta magnitud por problemas de “vecindad”.
Abril: La “llave” de la relocalización y el nudo de UTE
Con el contrato de inversión estancado, el 3 de abril el gobierno anunció una prórroga de 90 días, que extendió el plazo hasta el 30 de junio, para alcanzar un acuerdo definitivo. El principal escollo era técnico y económico: el costo de la energía.
HIF Global reclamaba una tarifa de 40 dólares por megavatio hora (un factor que representa el 70% del costo operativo), mientras que el Estado uruguayo pretendía un valor superior para proteger la rentabilidad de UTE. En este contexto de incertidumbre surgió un giro estratégico.
El 9 de abril, Nicolás Olivera propuso formalmente al presidente Yamandú Orsi la relocalización de la planta, específicamente en el predio industrial de Ancap en Nuevo Paysandú. Esta mudanza no solo buscaba “descomprimir” la situación visual con Argentina, sino que ofrecía ventajas logísticas inigualables: conexión ferroviaria, cercanía con ALUR y sinergias con la planta de portland. El presidente Orsi calificó esta alternativa como una “luz en el horizonte” que permitía ser optimistas sobre la concreción del proyecto.
Mayo: La voz de la soberanía popular
Mayo trajo consigo la fuerza de la democracia directa. El colectivo Paysandú Soberano, que se opone a toda la cadena del hidrógeno verde por sus posibles consecuencias para el agua dulce, intensificó su campaña. El 27 de mayo, confirmaron haber alcanzado 17.000 firmas -superando el 15% del padrón electoral- para promover un decreto departamental que prohíba esta industria y habilite una consulta popular. Mientras tanto, en el plano diplomático, el 12 de mayo los cancilleres de Uruguay y Argentina se reunieron en Montevideo. En dicha cita se informó que la relocalización a los predios de Ancap era la vía técnica que se estaba transitando para alejar el conflicto y asegurar la inversión.
Junio: El reclamo final
Al iniciarse junio, la impaciencia en el litoral se tornó en exigencia política. El 4 de junio, el intendente Olivera reclamó con dureza que el Ministerio de Industria “se deje de tanto tuit” y “se meta a laburar fuerte” para cerrar el acuerdo antes del vencimiento de la prórroga.
Para Olivera, cada minuto de retraso es un riesgo para un departamento que necesita desesperadamente esos 3.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción para dinamizar el comercio y los servicios locales.
Finalmente, el 9 de junio, la ministra Fernanda Cardona confirmó que las negociaciones con UTE estaban “absolutamente avanzadas” y que se concluirían los acuerdos pendientes. Si todas las variables se alinean, HIF Global tendrá hasta diciembre de 2026 para tomar su decisión final de inversión y comenzar las obras que Paysandú aguarda como el agua.
Hoy, Paysandú vive una “tensa” espera. Entre el deseo de liderar la transición energética mundial y el hambre real de empleos de calidad, el departamento se juega quizás su partida más importante en décadas. El éxito de HIF no se medirá solo en toneladas de e-metanol exportadas a Alemania, sino en la capacidad de devolverle la dignidad laboral a un pueblo que se niega a ser solo un recuerdo de su pasado fabril.