Para contextualizar el análisis, el director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI), el sociólogo Rafael Paternain, realizó un resumen del estado de situación actual y, entre otras cosas, aseguró que aunque la percepción pueda ser otra, “no estamos en el mismo punto que al inicio de 2005”. Entre los logros alcanzados, Paternain destacó la dignificación del trabajo de los policías, el combate contra el delito organizado y que, en términos globales, “el delito no ha crecido en los últimos cinco años, aunque sí se ha mantenido en niveles altos”. Si bien reconoció un incremento del delito juvenil “desde el punto de vista de sus manifestaciones de violencia”, “hay más muertes letales por violencia intrafamiliar” que por esa causa, dijo.
El director del Observatorio afirmó que Uruguay tiene una de las tasas mayores de policías por habitante en la región, aunque en la sociedad existe la “percepción indiscutible de que son pocos, de que son insuficientes y de que se necesitan más”. Con relación a esto el experto en políticas públicas de seguridad ciudadana de Chile, Santiago Escobar, contó que en su país uno de los temas de la actual campaña electoral es la cantidad de policías que cada candidato propone en sus discursos: “Un candidato dice 3.000 policías más, otro dice 6.000 y el candidato de la derecha 10.000. Pueden poner 20.000 policías más y no resolver el problema; el tema es para qué”, reflexionó, y afirmó que, según su experiencia, por cada “tres o cuatro policías en logística debe haber un policía operativo en la calle”.
Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia Argentina y experto en Derecho Penal, analizó los actuales conceptos sobre seguridad ciudadana. Dijo que actualmente hay dos ideas al respecto: “un concepto democrático, que implica la exigencia de seguridad para el ciudadano frente al riesgo de victimización, pero también la exigencia de seguridad del ciudadano frente al riesgo de victimización del propio Estado”, y “el otro, el pseudoconcepto antidemocrático, incompatible con el Estado de Derecho, en que el único riesgo que existe es la victimización y, por supuesto, el único enemigo que existe es el que responde al estereotipo de infractor perteneciente a las clases subalternas, hombre y joven”, explicó.
Según Zaffaroni, en este esquema, que domina en los medios de comunicación, “hay que ceder libertad para obtener seguridad”, y sus promotores “usan el delito común como pretexto para el ejercicio del poder”. Explicó que tiene origen en una “patología del sistema penal de Estados Unidos desarrollada en los últimos 30 años”, cuando los procuradores generales pasaron a ser electos por el pueblo y se instaló una “demagogia vindicativa mediática” para, a partir de ese cargo, pegar el salto a la política.
Zaffaroni sostuvo que la difusión “publicitaria” del sistema estadounidense generó que ese concepto se instalara en nuestros países, particularmente en Argentina, donde, dijo, “los políticos quedan presos del discurso único de medios”.
Sobre su concepto de prevención del delito, Zaffaroni abogó por que sea una tarea municipal más que nacional, que tienda a disminuir el número de presos y se promuevan las penas alternativas, y que no se prive de libertad “gratuitamente” a los adolescentes y los niños porque eso es “más condicionante como reproductor de conductas desviadas”.
Eduardo Bonomi, eventual ministro del Interior en un segundo gobierno del FA, fue el encargado de presentar las prioridades sobre seguridad ciudadana. Ante la mirada de los integrantes de la fórmula presidencial, José Mujica y Danilo Astori, el ex ministro de Trabajo delineó los ejes de una “concepción integral” que combine la prevención y represión de los delitos con la inversión en políticas sociales para “enfrentar los factores sociales que producen marginalidad y potencian la delincuencia”.
Entre los objetivos planteó duplicar los recursos destinados al Ministerio del Interior, la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado para que las cárceles no dependan de esa cartera, y la creación de un Instituto de Responsabilización de los Adolescentes infractores. Al igual que el Partido Nacional, el FA promueve darle carácter nacional a la Guardia Republicana y eliminar progresivamente el servicio 222, asegurando los niveles de remuneración de los funcionarios. Otra línea apunta a promover a nivel nacional la Policía Comunitaria y a difundir en todo el país las Mesas Locales de Seguridad Ciudadana, como forma de fomentar la participación social (ver la diaria del 16/09).